Ignacio Martínez Platas
Legislador 43
Oaxaca de Juárez, Oax.- Sin presiones de ningún partido político y que el Jefe del Ejecutivo del Estado no meta las manos en sus decisiones, la Ley Anticorrupción de Oaxaca será una realidad, estimó el presidente de la Comisión Permanente de Estudios Legislativos de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado, Horacio Antonio Mendoza.
El Vice-coordinador perredista, sostuvo que a la Ley anticorrupción solamente hay que adecuarla a las condiciones del estado de Oaxaca; debe de llevar sanciones, que tenga una autonomía y que no dependa del ejecutivo, todo eso, daría la certeza de que va a funcionar.
Estas características, señalo el diputado, le va a dar mucha credibilidad del pueblo de Oaxaca, y más si quien encabece esta Fiscalía tiene la suficiente autonomía que pueda ejercer en su pleno, las sanciones cuando se demuestre que algún funcionario o servidor público haya hecho mal uso del recurso o incurra en enriquecimiento ilícito a través del erario.
Destacó que para encabezar esta Fiscalía, hay oaxaqueños que tienen la calidad moral requerida, existen varios ciudadanos que tienen credibilidad a toda prueba y no permitirían actos de corrupción.
Al gobernador del estado, le pedimos también que no meta las manos en las decisiones, ya que solo así, podríamos generar las mejores condiciones para Oaxaca, además la entidad se ha caracterizado por ser punta de lanza en varias iniciativas y varias propuestas y hoy no debe quedarse a la zaga en este tema, abundó Antonio Mendoza.
Lo último que le queda por hacer a los diputados, al gobierno del estado y a la sociedad en general, es empujar sobre el tema y empezar a generar las condiciones en nuestra entidad, sin presiones de ningún partido político, contrariamente, los institutos políticos deben de contribuir a que se generen estas condiciones, afirmó el perredista.
Del “3 de 3”, recalcó, es necesario y por salud que todos los funcionarios se apeguen a este precepto, desde los diputados, los funcionarios y a partir del primero de enero de 2017, los 570 municipios deberán de hacerlo “para demostrarle a la ciudadanía que es un hecho y no solamente un discurso”, concluyó.
