Ciudad de México. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), a cargo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), publicó hoy su informe 9/ 2016, en el que da cuenta de los resultados de sus visitas a ocho Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS); al Complejo Penitenciario Islas Marías y al Centro Federal de Rehabilitación Social (CEFEREPSI), y denuncia que en la mayoría de esos centros los internos manifestaron que reciben insultos, amenazas, maltrato físico y humillaciones.
Resalta el informe de 37 páginas que en el CEFERESO 8 –Norponiente, ubicado en Sinaloa-, los internos se quejaron de que “son castigados con toques eléctricos y les practican revisiones indignas”.
El MNPT a cargo de la CNDH, acusa que en el CEFERESO 9 Norte, Chihuahua, los presos manifestaron quejas de que sus familiares son tratados de “manera prepotente y con palabras altisonantes”, por parte de servidores públicos.
La CNDH señala que en la mayoría de los CEFERESOS, en el Complejo Islas Marías y el CEFEREPSI, hay irregularidades y violaciones a los derechos humanos de los internos, entre ellos, que los alimentos son insuficientes; que los sentenciados conviven con ratas y cucarachas; que en El CEFERESO de Chihuahua hay enfermos de hepatitis C y Sifilis, en una celda, sin atención.
Sostiene la CNDH que se detectaron diversas situaciones de riesgo como las relativas al derecho a recibir un trato humano y digno; a la legalidad y a la seguridad jurídica; a la protección de la salud; y a la integridad personal, entre otros.
Hace notar que se corroboró que existen deficientes condiciones de las instalaciones y de alimentación; escasas actividades para alcanzar la reinserción social; inconveniente comunicación con personas del exterior; incorrecta imposición de sanciones disciplinarias a los internos; e inadecuada separación y clasificación de personas privadas de la libertad.
Además de escaso personal médico, prestación del servicio, equipo y abasto de medicamentos; práctica de exámenes médicos a los detenidos sin condiciones de privacidad e insuficiente personal de seguridad y custodia.
La Jornada
