Ciudad de México.- Ha pasado una semana. El domingo 1 de enero, los mexicanos amanecieron con un aumento del 20 por ciento en los combustibles a pesar de las reiteradas promesas del Presidente Enrique Peña Nieto de que, con la Reforma Energética, las gasolinas y el Diésel disminuirían de precio. El anuncio fue hecho el 28 de diciembre por Hacienda mientras el mandatario estaba de vacaciones.
Ocho días después, que se cumplen hoy, eventos inéditos se han dado en el país. La corrupción imperante en estos años de Gobierno priista no sacó a la gente a la calle. La violencia desbordada y la impunidad de los gobernadores acusados de corrupción no unieron en un mismo reclamo a las cúpulas empresariales, a los comerciantes de los barrios, a los transportistas, a las organizaciones civiles, a los líderes sociales y a la gente de a pie.
Una semana después, el golpe del aumento del 20 por ciento a las gasolinas sí los unió.
El Gobierno federal, que ha recurrido incluso a la mentira para justificar el aumento, se ha quedado poco a poco sin explicación. Primero dijo que México aumentaba los combustibles a un nivel menor incluso que el promedio internacional.
“Se trata de un aumento que viene del exterior. El Gobierno no recibirá ni un centavo más de impuestos por este aumento”, dijo el Presidente el jueves por la noche en cadena nacional.
No es así. México es el quinto país en todo el planeta con el mayor incremento a los combustibles: 18 por ciento en promedio para tres meses. El Gobierno también se excusó, señalando a la administración de Felipe Calderón de irresponsable por mantener el precio de la gasolina bajo por medio de subsidios.
De acuerdo con el portal especializado en datos y análisis sobre combustibles, Global Petrol Prices, México fue el país que estableció el mayor incremento en una semana, al aumentar el precio en hasta 20 por ciento para la gasolina y hasta 16 por ciento para el diésel, seguido sólo por los Emiratos Árabes Unidos, en donde el incremento fue de 5.6 por ciento para las gasolinas y de 7.2 por ciento para el diésel.
En los últimos tres meses, el incremento promedio de 20 por ciento en México es el quinto más alto en el mundo después de Zambia (32.7 por ciento), Egipto (30.6 por ciento), Georgia (20.6 por ciento) y Malasia (20.6 por ciento).
Siete días después, ninguna explicación ha podido hacer olvidar que durante al menos tres años Peña Nieto y sus principales funcionarios prometieron gasolina barata, bienestar para la gente, una economía estable. Lejos de eso, la deuda alcanzó ya niveles históricos de 50.5 por ciento del PIB; la inflación es una de las peores entre los países de la OCDE, mientras que el tipo de cambio refleja la inestabilidad y la incredulidad a la administración: Peña recibió un dólar a 12.81 pesos, hoy s encuentra en casi 22 pesos y los analistas creen que el 20 de enero, cuando asuma Donald Trump en Estados Unidos, podría llegar a los 25.
“Aquí les pregunto: ¿qué hubieran hecho ustedes? […] mantener precios artificiales de la gasolina significaría quitarles recursos a los mexicanos más pobres para dárselos a los que más tienen”, dijo el Presidente la noche del jueves.
Analistas y empresarios, en entrevista con SinEmbargo, respondieron el cuestionamiento de Peña Nieto.
Las “decisiones difíciles”, dijeron, que el Gobierno de Peña Nieto debió haber tomado son, en el ámbito económico, un manejo disciplinado de las finanzas públicas; ajustes al gasto corriente superfluo, así como implementar un plan de austeridad real que incluya desaparecer gastos en publicidad oficial y elecciones, y una disminución de los privilegios para los servidores públicos. En cuestiones políticas, agregaron, una reducción en la burocracia empezando con el numeroso sindicato de Petróleos Mexicanos (Pemex); combatir la corrupción, que implica pérdidas en inversión, y cumplir su promesa de campaña de eliminar 100 diputados de representación proporcional.
Una semana en la que han pasado muchas cosas. Fue cortita para el Presidente Peña, que regresó de sus vacaciones y de jugar golf en Mazatlán apenas el miércoles. Ese mismo día revivió a Luis Videgaray Caso, el ex Secretario de Hacienda al que hay que ver para explicar el por qué del fracaso de la economía mexicana. Ese mismo día Peña dijo que no habría marcha atrás en el aumento de los combustibles. Y lo ha repetido una y otra vez durante los últimos días y en distintos escenarios.
Siete días de protestas que han derivado en violencia: miércoles, jueves y viernes, multitudes salieron a las calles y saquearon entre 400 y 700 mercados, grandes almacenes y tiendas de autoservicio.
Las policías locales se vieron rebasadas. El Ejército mexicano hizo disparos al aire para contener a la turba en Veracruz. La Policía Federal abandonó las tareas de combate al crimen organizado para intentar meter orden en un país que muy pronto se vio envuelto en una ola de vandalismo que refleja la raíz del problema: la gobernabilidad, o la ausencia de ella.
El viernes, el Subsecretario de Gobernación, René Juárez Cisneros dio a conocer que durante los últimos días de disturbios se detuvieron a mil 500 personas, y que la mayoría de ellas ya habían sido consignadas. Además, los actos violentos dejaron al menos seis muertos: dos en Hidalgo, tres en Veracruz y un policía en la Ciudad de México.
En tanto, de acuerdo con la Asociación Nacional de Tiendas y Autoservicios y Departamentales (Antad), hasta la noche del viernes unos 420 establecimientos habían sido saqueados en diferentes estados del país.
Los comerciantes están tan enojados con el Gobierno como la gente. En varios comunicados dijeron entender a los indignados pero les pidieron no cargar con ellos y suspender los saqueos de tiendas.
Luego de una semana de disturbios y saqueos, ayer miles de mexicanos salieron a las calles de al menos 15 estados de manera pacifica para expresar su rechazo al “mega gasolinazo” y para exigir la renuncia del Presidente Enrique Peña Nieto.
En la Ciudad de México dos movilizaciones, una de ellas encabezada por el sacerdote y activista Alejandro Solalinde, se registraron durante la mañana y la tarde del sábado. Además, en las ciudades de Toluca, Estado de México; Monterrey, Nuevo León; Acapulco, Guerrero, en Cancún, Quintan Roo, San Luis Potosó, y Tapachula, Chiapas,también se registraron movilizaciones.
En Guadalajara, Jalisco, unas 5 mil personas se unieron a la movilización y en la capital de Puebla unos 20 mil manifestantes recorrieron las calles. Esas fueron las movilizaciones que más convocatoria tuvieron.
Mientras, Policías federales desalojaron ayer a manifestantes que bloqueaban el acceso a la planta de Petróleos Mexicanos (Pemex) ubicada en Playas de Rosarito, Baja California. El saldo fue de 16 heridos, entre ellos cuatro policías, y al menos 30 detenidos.
Por otra parte, los transportistas, que han participado activamente en la protesta, fueron amenazados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) con retirarles las concesiones por negarse a dar servicio y participar en las protestas. El Gobierno sabe que si los sindicatos, los universitarios y los transportistas se unen, juntos paran el país. Los estudiantes no han regresado a las aulas y por eso la presión se centra contra los transportistas, que este lunes 9 de enero podrían mostrar músculo y acompañar a la sociedad civil en las marchas a las que se ha convocado de norte a sur de la república.
“Yo pienso que la gente está empezando a perder el miedo. Este es el principio. En la semana vamos a tener mas coordinaciones estratégicas. Todo México está frustrado, victimizado, y anhela el cambio. Esta es la coyuntura. Esta es la oportunidad de construir algo entre todos”, dijo el padre y activista Aldejandro Solalinde ayer.
Sin Embargo
