La Auditoría Superior de la Federación (ASF) tiene bajo la lupa el manejo de 75 mil 517 millones 600 mil pesos gastados de manera incorrecta por las 32 entidades del país y que generaron la existencia de tres mil 194 acciones de seguimiento, que de no aclararse satisfactoriamente provocarán la presentación de denuncias penales por daño patrimonial federal.
Involucrados en escándalos públicos de corrupción, a raíz del cambio en sus gobiernos, estados como Durango y Quintana Roo no tienen ninguna denuncia penal en su contra por corrupción en manejo de dinero federal.
Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación realiza 81 acciones de seguimiento a Durango, por el manejo irregular de dos mil 745 millones 500 mil pesos en el gobierno de Jorge Herrera Caldera y 109 al gobierno de Roberto Borge, de Quintana Roo, por dos mil 98 millones 500 mil pesos.
Derivadas de las auditorías realizadas entre 2011 y 2014 a todos los fondos y programas federales que se entregan a los gobiernos de las 32 entidades del país, estas tres mil 194 acciones de seguimiento se actualizan con frecuencia, en la medida en que los responsables de las finanzas estatales solventan las observaciones de la Auditoría.
A pesar de que Sonora es la entidad con el mayor número de acciones de seguimiento, con 239, relacionadas con el exgobierno del panista Guillermo Padrés es el estado de Veracruz el que tiene el mayor monto en riesgo de generarle un mayor número de denuncias de hechos por actos de corrupción, al sumar 17 mil 632 millones de pesos, en 148 acciones a las que le da seguimiento.
Ayer, Excélsior reveló que de acuerdo con la información oficial de la Auditoría Superior de la Federación, Veracruz es la entidad que más daño patrimonial federal causó por sus actos de corrupción, al sumar 56 denuncias penales por actos de corrupción durante los gobiernos de Fidel Herrera y Javier Duarte; 18 son por simulación de reintegros, que implican un total de 35 mil 421 millones 700 mil pesos y 38 denuncias restantes son por 21 mil 240 millones 984 mil 459.19 pesos.
Si el actual gobierno de Veracruz, encabezado por Miguel Ángel Yunes Linares no solventa las observaciones de la Auditoría, el número de denuncias en contra de los gobiernos de sus antecesores aumentará en perjuicio del patrimonio de los veracruzanos.
Michoacán es la entidad número dos en el monto de dinero federal que le entregó la Secretaría de Hacienda, entre el 2011 y 2014, y que la revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) generó 208 acciones que están en seguimiento, para comprobar que se utilizó de manera correcta un total de 12 mil 595 millones 600 mil pesos.
Jalisco está en el tercer lugar en monto de dinero que debe comprobar, también consecuencia de las revisiones realizadas entre 2011 y 2014, pues las 205 acciones en seguimiento implican un total de seis mil 153 millones 700 mil pesos.
Chiapas está en el cuarto lugar con el mayor monto de presupuesto federal bajo la lupa de la ASF, con 114 en seguimiento, que implican tres mil 785 millones 300 mil pesos, a ella le sigue el Tabasco que gobernó Andrés Granier y que ahora administra Arturo Nuñez, pues suma 140 acciones en seguimiento, que representan tres mil 546 millones de pesos.
Al igual que ocurre con las denuncias penales que enfrentan ya estos gobiernos estatales, son los programas educativos, de salud y de seguridad pública, que reciben dinero federal, los que acumulan el mayor número de manejo financiero irregular, con el pago de sobreprecios de medicamentos, de aviadores, de licencias sindicales irregulares y el desvío de los recursos para pagar otras cuentas, ajenas a la materia de etiquetación de origen federal.
Oaxaca de Gabino Cué, quien hace sólo unas semanas concluyó su gobierno, tiene vivas 115 acciones de seguimiento por parte de la ASF, que involucran un total de tres mil 376 millones 300 mil pesos, por pagos irregulares a los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Guerrero afronta 152 acciones de seguimiento a la forma de manejo de dos mil 243 millones 200 mil pesos, desde 2011, cuando estuvo en manos del PRD y hasta 2014, periodo en que ha registrado un fuerte activismo de maestros que exigen más derechos laborales.
Como ya lo informó ayer este diario, a pesar de ser las entidades con los mayores niveles de rezago social, tanto en calidad educativa, como en servicios de salud y acceso a los servicios básicos, justamente los estados como Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Tabasco registran los mayores niveles de corrupción en el manejo de las finanzas del estado y los recursos federalizados.
Sinaloa, gobernado por Mario López Valdés hasta 2016, en los últimos seis años, enfrenta ocho denuncias penales por un monto total de 7 mil 381 millones 894 mil 200 pesos. Pero además, tiene bajo vigilancia otros dos mil 931 millones 400 mil pesos, en 127 acciones de seguimiento.
Zacatecas es otro estado que está en medio de la polémica, por señalamientos de corrupción en el gobierno de Miguel Alonso Reyes, principalmente a raíz de denuncias penales presentadas por legisladores estatales. Hasta el momento, sin embargo, Zacatecas enfrenta 11 denuncias penales por manejo irregular de dinero federal, interpuestas por la ASF, que implican un monto de cinco mil 709 millones de pesos; pero además, la Auditoría tiene abiertas 151 acciones de seguimiento por otros dos mil 201 millones 100 mil pesos, que pueden generar otras denuncias de hechos, si no las solventan de manera correcta.
Nuevo León, cuyo exgobernador Rodrigo Medina enfrenta denuncias por actos de corrupción, interpuestas por el actual gobierno de Javier Rodríguez, tiene vivas seis denuncias de hechos presentadas por la ASF por 950 millones 200 mil pesos, pero ya las aclaró. Además, le realizan 114 acciones de seguimiento para verificar el gasto de mil 411 millones 500 mil pesos, que de no aclararse de manera satisfactoria generarán la presentación de denuncias de hechos.
El estado de Guanajuato se sumó a la polémica pública por los malos manejos de las finanzas estatales, a raíz de denuncias públicas hechas por políticos de oposición y organizaciones sociales; ya tiene cuatro denuncias penales por nueve mil 345 millones 552 mil 600 pesos, pero ahora tiene 177 acciones de seguimiento que implican mil 558 millones 300 mil pesos.
Otro gobierno que ha sido acusado de actos de corrupción es Baja California, que suma 27 años de ser gobernado por el PAN; hasta el momento tienen dos denuncias penales por un daño patrimonial de cinco mil 438 millones 500 mil pesos y 96 acciones de seguimiento que representan dos mil 702 millones 600 mil pesos.
Baja California Sur tiene 14 denuncias de hechos por actos de corrupción en relación a cinco mil 740 millones 778 mil 600 pesos, así como 128 acciones de seguimiento por mil 624 millones 500 mil pesos.
Excelsior
