Ciudad de México.-“Como un baldazo de agua fría”. Esa fue la sensación que tuvo Patricia Mercado, secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, al ver los vídeos grabados al interior del Reclusorio Norte. Las imágenes muestran que la venta de drogas y la extorsión telefónica son actividades cotidianas en esta prisión de 8.715 reclusos. “Es una actuación muy cínica esta colusión de los internos con los custodios”.
A pesar de las imágenes, Mercado dice sin dudar: “Tenemos el control de las cárceles”. La secretaria del Gobierno de Miguel Ángel Mancera reconoce los problemas de corrupción pero afirma con contundencia que en el Reclusorio Norte no operan cárteles del narcotráfico. “Es un mercado de drogas para uso personal. Se ve muy poca cocaína porque la gran mayoría de internos no tiene dinero”, señala.
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En 2016, las autoridades decomisaron 270 gramos de cocaína en esa prisión. En cambio, arrebataron a los internos 14.5 kilos de marihuana y 147 litros de inhalantes. Estas drogas son las preferidas de una paupérrima población compuesta en un 70% por personas sentenciadas por robo.
Mercado cree que se podrá impedir la entrada de droga al Reclusorio Norte reduciendo los días de visita. La prisión permite cuatro días a la semana la entrada de familiares. “Es mucho, es un problema estructural”, admite la secretaria de Gobierno. La funcionaria asegura que las mujeres de la visita introducen insertadas en la vagina botellas de solvente o paquetes de marihuana envueltos en cinta de embalar. “Es un tráfico a cuentagotas… No podemos hacer un cateo a fondo porque es una violación a los derechos humanos”.
Los vídeos han dejado claro el fracaso del Gobierno de la capital en el combate contra la extorsión telefónica. En los pasillos de los dormitorios de la prisión varios hombres sentados dan la cara a los barrotes. Sobre ellos se recargan los teléfonos móviles, algunos de ellos conectados a la corriente eléctrica.
Es un mercado de drogas para uso personal. Se ve muy poca cocaína porque la gran mayoría de internos no tiene dinero
Patricia Mercado, secretaria de Gobierno CDMX
Los internos discuten las dos formas de extorsión. A una la llaman La tía y se trata de un fraude con el que engatusan al escucha asegurándole haber ganado un premio que obtendrá a cambio de una remuneración. El otro es conocido como El Chillón y hace creer a la víctima que algún familiar ha sido secuestrado porque del otro lado de la bocina escucha gritos y súplicas de auxilio. En las imágenes se puede observar a presos consultando libretas para leer diferentes argumentos de estos engaños.
Los vídeos han obligado a las autoridades a actuar en la prisión, que tiene una sobrepoblación de 60%. La noche del miércoles se llevó a cabo un nuevo barrido de los dormitorios, pero los policías solo hallaron cinco teléfonos móviles, además de pilas y cables de audífonos.
Seis reclusos filmados mientras extorsionaban fueron trasladados a otras prisiones de la Ciudad de México. Las autoridades han emprendido una batalla legal para reubicar a otro interno. Tras el escándalo, el Gobierno se ha dado cuenta de que este prisionero cuenta con un amparo que le impide ser trasladado. Mercado afirma que han iniciado las gestiones ante un juez federal para que deje sin efecto la protección. Los custodios, el director y el subdirector del Reclusorio Norte ya han declarado ante la Fiscalía que investiga a los servidores públicos.
“Nos hacemos responsables de estas fallas”, dice Mercado. El lunes, el Gobierno de la Ciudad de México se reunirá con integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública, una institución del Gobierno Federal responsable del control de los inhibidores de frecuencias, para saber por qué no se están bloqueando las llamadas salientes desde la prisión.
En 2011 el 80% de las extorsiones en la Ciudad de México salían de las cárceles. Un año después, el Gobierno capitalino invirtió 25 millones de pesos en aparatos para bloquear las llamadas. Sin embargo, estos afectaron también los móviles de alrededor de las prisiones, lo que hizo que las compañías telefónicas se quejaran. El Gobierno se vio obligado a demandar a la empresa Software DSI para que se hiciera responsable por las fallas. El Gobierno perdió la batalla en los tribunales.
Patricia Mercado afirma que las autoridades penitenciarias de la capital ya se encuentran planeando hacerse cargo de los inhibidores de señal y de instalar cámaras en el Reclusorio Norte.
El País
