La PGR necesita una transformación

En entrevista, asegura que no será un todopoderoso que defina si se ejerce o no acción penal e impulsará un nuevo modelo en el que los fiscales o subprocuradores sean los responsables de cada expediente y sus resultados en los tribunales.

El abogado constitucionalista, nacido en el Distrito Federal en 1963, considera que encabezar una institución que socialmente es asociada con actos de corrupción e ineficacia es complicado. Tiene muchas virtudes y defectos. No se trata de venir a cambiar lo que está funcionando bien, hay que poner atención donde están sus debilidades.

Revela que la PGR trabaja de la mano con el Senado para impulsar una nueva legislación en materia de extinción de dominio, que dote al Ministerio Público de mayores facultades, porque es urgente. Asimismo, buscará combatir la corrupción mediante mecanismos institucionales que transformen procedimientos de trabajo, permanencia y supervisión de cada servidor público.

Cervantes Andrade se ha desempeñado en dos ocasiones como diputado federal y actualmente solicitó licencia en el Senado. Es el tercer titular de la PGR durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. En su carrera legislativa impulsó el nuevo sistema de justicia penal y el de anticorrupción.

–¿Qué papel jugarán los agentes del Ministerio Público, fiscales y subprocuradores en su gestión?

–Ellos serán los responsables de caso, los que lleven los temas y rindan cuentas. Eso permitirá contar con una estadística individual sobre quién gana más casos y quién menos. Se les darán responsabilidades y posibilidades de prestigio.

–Antes el procurador era el todopoderoso, quien daba respuestas de los casos…

–Los procuradores no deben ser todopoderosos y definir si se ejercita acción penal. En las democracias revolucionadas las cabezas de la procuración de justicia son hacedores de instituciones, no resuelven los casos.

–Hay quienes señalan que el nuevo sistema de justicia es un intento fallido…

–No. El anterior sistema de justicia, por años, décadas, demostró su ineficacia. Lo que hay que entender es que los nuevos instrumentos del derecho penal no son todos para encarcelar a quien comete un delito. Se tiene que entender que existen medidas alternas y que la esencia de los sistemas acusatorios en el mundo es para que se restablezca la paz. Ello quiere decir que las dos partes en conflicto entendieron que no necesariamente tenía que darse un tema de cárcel.

“En el anterior sistema se tenía que abrir un averiguación previa, igual porque te robaron el tapón de un coche que por el homicidio de una persona, y tenías que agotar las mismas diligencias y procedimientos. Al final de cuentas congestionabas el sistema y no llegabas a ninguna solución viable.

“El error del anterior sistema es que el Ministerio Público hacía su investigación, y, como la defendía hasta el final de la sentencia, pues iba cuidando su teoría.

“Estoy convencido de que se debe tener una visión integral del nuevo sistema y trabajar para dar efectividad a la procuración de justicia.

“En la PGR lo que queremos es la transformación de la institución en un órgano que responda a las necesidades y facultades constitucionales y legales que se le dieron, lo cual significa que resuelva los problemas de los usuarios.

Hay que hacer hincapié en las bondades del sistema, ya que evita que se gasten muchos recursos públicos.

–¿El caso Duarte puede ser ejemplo de la eficacia del nuevo sistema de justicia penal, con la recuperación de más de 450 millones de pesos que habían sido desviados del erario?

–Sí. Se hizo una investigación con las unidades de inteligencia financiera, en coordinación con la Secretaría de Hacienda, y obtuvimos información sobre cómo había llegado dinero a algunas empresas por los presuntos responsables en este tema del estado de Veracruz, y también conocíamos las necesidades tan apremiantes de la entidad.

“Si hubiéramos ido, como coloquialmente se dice en el sistema inquisitorio, a recuperar el dinero, tardaríamos seis, siete, nueve meses, dependiendo de qué tanto se alargara el juicio. En cambio, con el nuevo sistema de justicia penal lo resolvimos en semanas.

Lo que se hizo fue un acuerdo reparatorio, porque si bien el mandato constitucional es presentar a la gente ante la justicia y que sea sancionada y sentenciada, también es cierto que te faculta a la reparación del daño, y se ha convertido en un mecanismo novedoso y útil.

–¿Qué va a impulsar en la PGR?

–Hay que hacer una nueva estructura para la institución, no sólo resolver la coyuntura para evitar problemas, ya que éstos se han venido repitiendo más de un siglo. El promedio de permanencia de un procurador es de 2.4 años, y los ciclos vienen y nunca le dan tiempo a nadie.

A lo que vine y aspiro es a generar sólo y exclusivamente ese modelo, esa arquitectura institucional, con base en un diagnóstico real de sus fortalezas y sin perder éstas por el cambio de modelo. Ver las debilidades y lo que se necesita para corregirlas, cuánta gente, cuánto dinero y cuánto tiempo se necesita para hacer su transformación.

–¿Qué requieren la PGR y la justicia en el país?

–Fortalecer sustancialmente las capacidades de investigación. No tener un sistema que sólo sea de flagrancia o confesión, sino tengamos las habilidades de investigación a escalas nacional, regional y estatal, que haya compartimiento de información con procedimientos muy claros, alertas tempranas, responsabilidades y métricas.

“Si cada quien genera esfuerzos diferenciados creo que se pierden muchas experiencias. En Chile se aprendió mucho en el centro de lo que pasaba en el resto de su país, y estoy convencido de que aquí tendremos que aprender mucho en la PGR de lo que están haciendo algunas entidades federativas, y viceversa.

Mejor multipliquemos todos esos esfuerzos. El fenómeno delincuencial es el mismo, el proceso. Sustancialmente tenemos que generar capacidades de investigación por delitos de alto impacto en todo el país que puedan generar inteligencia, y de ella los agentes del Ministerio Público o los fiscales de caso obtengan elementos para generar una narrativa, que se llama teoría del caso, y poderlo llevar a juicio, con altos estándares de probanza que concluyan en sentencias.

–¿Cómo construirá la nueva arquitectura de la PGR?

–Estamos revisando la presentación del informe que vamos a rendir ante el Senado para que del diagnóstico, más las experiencias que tengamos en las cinco regiones en que se divide el país, podamos incorporar los elementos con un alto nivel de legitimidad, y para ello se invitará a los tres niveles de gobierno, a las 32 fiscalías o procuradurías, académicos nacionales y extranjeros, y la sociedad en su conjunto, ya sea de forma individual u organizada, y sólo se puede ser eficaz cambiando una arquitectura institucional en la que toda la sociedad haya sido tomada en cuenta.

La Jornada