El diputado local, Luis Antonio Ramírez Pineda señaló que en lo general México no está creciendo para ofrecer trabajos a la gente que se va a otros países en busca de mejores oportunidades.
Ignacio Martínez Platas
Legislador 43
Oaxaca de Juárez, Oax.- El diputado local, Luis Antonio Ramírez Pineda, afirmó que los impactos por la deportación masiva de connacionales radicados en Estados Unidos, serían negativos para México, ya que en lo general, el país o no está creciendo para ofrecer trabajos para la gente que regresa, por lo tanto, “no estamos en el mejor momento porque no hay ofertas laborales”.
En entrevista, el diputado local, descendiente de mixtecos de Santa María Ayú, del distrito de Huajuapan de León, resaltó que tanto México, como Oaxaca, no se encuentran todavía organizados para una posible deportación masiva de mexicanos y oaxaqueños radicados en Estados Unidos.
Sin embargo, consideró que este fenómeno migratorio es parte del desafió que tienen el gobierno federal, estatal, junto con los legisladores y con las autoridades municipales, de generar y preparar acciones y medidas que permitan atenuar y organizar el papel que deben de jugar en caso de una deportación masiva.
Reiteró que como gobierno, como estado mexicano, “debemos de prepararnos ante la no remota posibilidad del retorno masivo de mexicanos al país; aunque los mexicanos esperamos que no sea así”, señaló.
Los impactos, dijo, serían negativos, porque en lo general México no está creciendo para ofrecer trabajos a la gente que se va a otros países en busca de mejores oportunidades. El hecho de que Estados Unidos los esté deportando, puede ser negativo, pues “el país no está en un buen momento porque no tenemos ofertas laborales”.
Resaltó que el impacto generado por el retorno masivo de indocumentados es más social porque de repente llegan al estado, al municipio, o a la ciudad, cientos de personas que no cuentan con una vivienda, ¿qué tipo de servicios se les va a dar? ¿De qué van a vivir? ¿Dónde van a trabajar? y éste es un tema que le incumbe al estado, al gobierno.
Más adelante, explicó que el gobierno tiene como prioridad generar las condiciones para la armonía de una sociedad, por lo que su obligación será buscar cómo generar espacios para la convivencia a ese grupo de personas deportadas. Es como crear una nueva colonia, una nueva ciudad que va a generar demandas de agua, viviendas, servicios, luz, infraestructura y servicios médicos, indicó.
