Puebla, Pue.-En un juicio político que se llevó a cabo la tarde de este domingo, el gobernador Rafael Moreno Valle fue declarado culpable de traicionar a los poblanos, por lo que acordó tramitar un juicio político en su contra ante el Congreso de la Unión.
Reunidas en el Zócalo de Puebla, distintas organizaciones, políticos y ciudadanos que se asumen como “agraviados” durante el actual sexenio, tomaron la palabra para acusar al mandatario poblano de cometer una serie de abusos, ilegalidades y atropellos que pueden configurar delitos.
El activista de derechos humanos Pablo Herrera, quien fue nombrado juez fiscal en una asamblea previa, aseguró que con este ejercicio ciudadano se busca revertir el endeudamiento ilegal, establecer una amnistía para los presos y perseguidos políticos y fincar responsabilidades contra Moreno Valle.
La Fiscalía Popular fue encabezada por Lucio Ramírez Luna, abogado y académico de la Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), quien encontró al gobernador responsable penal, política y administrativamente de la probable comisión de los delitos de uso indebido de atribuciones, abuso de autoridad, asociación delictuosa y los que resulten.
El veredicto emitido enumera entre otros hechos la deuda superior a 75 mil millones de pesos, que presuntamente dejará el mandatario“…cometiendo toda clase de irregularidades administrativas en el manejo de recursos públicos con el claro objetivo de financiar la promoción de su nombre e imagen para posicionarse rumbo al proceso electoral federal de 2018”.
Entre esas irregularidades menciona el hecho de haber constituido un fideicomiso privado para el manejo del impuesto sobre nómina por un período de 50 años, a favor de la empresa Evercore, propiedad de Pedro Aspe Armella.
Moreno Valle igual fue declarado responsable de haber propuesto una ley para reprimir por medio del uso de la fuerza pública, la llamada Ley Bala que aún sigue vigente, y la cual costó la vida del niño de 13 años, José Luis Tehuatlie Tamayo, “dejando una estela de agravios y dolor aún sin resarcir a la comunidad de Chalchihuapan”.
También, se tomó en cuenta la existencia de siete indagatorias por parte de la Procuraduría General de la República en contra de Moreno Valle entre las que destaca una por el delito grave de espionaje a funcionarios públicos, periodistas, líderes sociales y políticos, como a ciudadanos y disidentes de sus políticas.
Otro expediente abierto, que igual se menciona en el veredicto, es el iniciado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el caso de la firma Blue-Icon, por el delito de lavado de dinero en el que se involucra a su administración.
“Por uso faccioso del Poder Judicial para la fabricación de delitos a modo, violentando toda garantía de legalidad y debido proceso en contra de más de 300 presos, perseguidos o procesados que existen en la actualidad, quienes se atrevieron a disentir de sus políticas públicas, de los cuales seis continúan en la cárcel”, agrega la resolución.
Otra de las irregularidades que se mencionan en el juicio ciudadano, es que en el último año, el gobierno de Moreno Valle concretó la venta de 20 inmuebles desincorporados del patrimonio estatal por 325 millones de pesos, sin que haya dado a conocer el nombre de los compradores, ni precisado las ventas concretadas durante los otros años de su sexenio.
También, se mencionó la privatización del Servicio de Agua Potable por un lapso de 60 años a favor de la empresa Concesiones Integrales (formado por Grupo Financiero Monex, la empresa Eppcor, Agua de México y Ticsa) la cual se constituyó el 23 de diciembre de 2013, de acuerdo a su Registro Federal de Contribuyentes, no obstante ganó la licitación el 12 de diciembre de ese mismo año.
Otro de los puntos que se expuso durante el juicio fue que instituciones como Observatorio Violencia Sexual y Género y el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría documentaron 186 casos de feminicidios cometidos durante su sexenio.
“Por lo antes expuesto, Rafael Moreno Valle es penal, política y administrativamente responsable de la probable comisión de los delitos de uso indebido de atribuciones, abuso de autoridad, asociación delictuosa y los que le resulten”, precisa el veredicto emitido tras el juicio.
Para concluir, los participantes anunciaron que se integrará un expediente con las constancias de los hechos que pudieron representar delitos para que se le promueva un juicio político ante el Congreso de la Unión en término de lo dispuesto por los artículos 108, 109 y 110 de la Constitución Política del país.
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