La primera comisión rogatoria (petición de auxilio judicial) remitida por la juez que pedía, también, que se investigara la relación entre el cártel de la droga de Sinaloa y el BPA, se envió a la PGR en febrero de 2016 y la respuesta de México a la juez fue que volviera a enviarla, pero a otra instancia diferente: a la Misión Permanente de México en Naciones Unidas, lo que provocó la sorpresa de la magistrada Mingorance que en 2015 había ordenado la intervención del banco, entre otras razones, por los vínculos entre la entidad y los cárteles mexicanos. Sinaloa es la cuna de El Chapo Guzmán, detenido y extraditado a EE. UU.
La PGR pide a la magistrada que le facilite el nombre y apellidos del diputado, lo mismo que reclama ella
Al segundo intento, la respuesta de las autoridades judiciales mexicanas fue que aporte el nombre, apellidos, fecha de nacimiento y número identificativo del diputado titular de la citada cuenta, es decir, la misma información que reclama la juez Mingorance en su petición de auxilio judicial. La revelación de que un político del PRI tenía a su nombre una cuenta con seis millones de dólares en el BPA aparece reflejada en una de las actas del Comité de Prevención de Blanqueo de Capitales del propio banco a las que tuvo acceso la magistrada tras su intervención.
El acta dice textualmente: “ que el titular de tres cuentas numeradas incluye en la cuenta a su hermano que es una persona políticamente expuesta, pues es diputado en el Congreso de la Unión por el Estado de Sinaloa desde el año 2009, Secretario de Administración y Finanzas del Estado de Sinaloa entre 1999 y 2009, miembro del PRI y economista. La cuenta presenta un saldo superior a los 6.000.000 USD. Las cuentas se abrieron para realizar operaciones de Back to Back (préstamos paralelos) en México”, afirma la petición de ayuda judicial.
La Justicia andorrana aguarda la respuesta desde hace un año
La juez andorrana reclama la “identificación plena” de esta persona y que se aporten certificados penales y policiales de la misma. El auto, no desvela, tampoco, el nombre del hermano del político. Los datos que aporta la Justicia de Andorra coinciden con los de Oscar Javier Lara Aréchiga, de 65 años, exdiputado del PRI. Este negó a este periódico ser la persona que se busca por supuesto blanqueo de capitales, pero no quiso responder a la pregunta de si él o sus hermanos tuvieron cuentas en el BPA.
A las últimas comisiones rogatorias remitidas por la magistrada, según fuentes judiciales andorranas en octubre y noviembre de 2016, las autoridades de México todavía no han respondido.
Mingorance procesó el pasado verano a 24 personas acusadas de facilitar el lavado de fondos mediante el denominado sistema de compensación bancaria, el dinero no se mueve y el cliente que desea repatriar su fortuna oculta en un paraíso fiscal se queda con el del otro que quiere sacarla del país.
El País
