Ciudad de México.-La disculpa pública ofrecida por la Procuraduría General de la República (PGR) “es una gran victoria porque cierra 11 años de injusticia, afirmó Teresa González Cornelio, una de las tres indígenas hñähñú, que fueron injustamente detenidas, procesadas, sentenciadas y que pasaron indebidamente tres años en prisión al ser acusadas de haber privado de la libertad a seis agentes federales.
Durante el acto realizado en la sala Jaime Torres Bodet, del Museo de Antropología e Historia, diversas personas se manifestaron en demanda de la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, e inclusive la intervención del procurador de la República, Raúl Cervantes Andrade para que investigue cómo ocurrieron dos detenciones, una de ellas en contra de un médico de nombre Oscar Valle Sánchez y otra en contra de Raymundo Pascual.
Teresa González Cornelio dijo que las mujeres, indígenas y víctimas de alguna injusticia, no deben quedarse calladas “luchen porque se les devuelva su dignidad” y pidió al procurador de la República que “ya no se fabriquen pruebas y no se envíe a prisión a personas inocentes”.
En tanto, Alberta Alcántara Juan, otra de las indígenas detenidas porque supuestamente secuestraron a los agentes federales en hechos ocurridos en 2006 en el pueblo de Santiago Mexquititlán, en Querétaro, señaló haber pasado humillaciones mientras estuvo presa, no sólo por sus compañeros en la prisión, sino por custodios y funcionarios, “por ser pobre e indígena”.
Aseguró que durante 11 años tocaron muchas puertas y que en los primeros dos años de encarcelamiento nadie les hizo caso ni tomó en cuenta que las acusaciones en su contra se habían fabricado y reconocieron la labor del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, que las apoyó hasta que obtuvieron su libertad. Aunque luego de salir de prisión, su vida tampoco ha sido fácil.
En su discurso le dijo al procurador de la República que vea “que sus colaboradores trabajen bien y que no acusen a nadie injustamente.
“Porque la disculpa pública no me devuelve el tiempo perdido”.
En ese contexto, Estela Hernández Jiménez, hija de Jacinta Francisco Marcial señaló: “hoy por fin la PGR reconoce de manera forzada, no por voluntad, que este caso fue un error.
“La disculpa es por funcionarios mediocres, corruptos que plantaron el delito de secuestro y dijeron que Jacinta era delincuente, evidenciaron en medios locales de Querétaro, la demandaron por un delito federal y la investigaron los mismos policías que la encarcelaron con mentiras, sin decirle que tenía derecho a un abogado de oficio y a un traductor”.
La joven, de profesión maestra, consideró vergonzoso y lamentable que la PGR no reconociera por su propia voluntad el error cometido, y que para ello hubiera tardado todavía tres años después de que el Tribunal de lo Contencioso y Administrativo dictara sentencia.
Resaltó que el caso que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que tuvo como número de expediente 48/2006 “es un simple ejemplo de los delitos que cometen las autoridades”, y que este caso demuestra que en las prisiones no necesariamente están los culpables de algún delito porque, aseguró, “los delincuentes de mayor poder y de cuello blanco no están en la cárcel”.
Mencionó que seguramente los seis agentes que dijeron haber sido privados de su libertad, el agente del Ministerio Público que inició la averiguación previa, y el juez que las sentenció, seguramente siguen cobrando su salario en el gobierno.
La hija de Jacinta Francisco Marcial (la tercera acusada en este caso) también criticó el tiempo transcurrido para que el gobierno les ofreciera una disculpa pública por haberlas acusado injustamente.
Jacinta, por su parte, indicó que los tres años que vivió en prisión nunca le serán devueltos. Demandó que la PGR revise los expedientes de los indígenas presos y que no esperen hasta que alguno de sus familiares fallezca –en su caso, murió uno de sus hijos mientras ella estaba encarcelada–.
Mencionó que “estaré contenta cuando se acabe la injusticia y se respete a los indígenas”.
En el acto participaron el director del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, Mario Patrón, la ministra en retiro de la SCJN, Olga Sánchez Cordero, y estuvieron presentes familiares de las tres indígenas indebidamente acusadas.
La Jornada
