El hecho parece anecdótico y seguramente lo es; pero en momentos en que el país enfrenta uno de los desafíos más graves de su historia reciente, la imagen de la enorme bandera monumental del Campo Marte, rota mientras la izaban en presencia del presidente Enrique Peña Nieto, justo el día de la conmemoración del lábaro patrio, parece retratar —casi proféticamente— la situación que priva en México de cara a la relación con Estados Unidos, frente a la agresiva y hostil política exterior de su presidente Donald Trump.
Una sociedad dividida entre sus filias y sus fobias políticas que intenta mandar un mensaje de dignidad y orgullo ante el fascista del norte; un gobierno mexicano debilitado y que despliega una estrategia unilateral y sin consenso social y político, basada más en la fuerza de un vicepresidente de facto, como el canciller Luis Videgaray, que en la del Presidente constitucional, manipulado por su principal asesor; y una negociación opaca entre las dos administraciones, con acuerdos y compromisos poco claros para la población y un doble discurso de los dos gobiernos, que dicen una cosa en público y otra muy distinta negocian en privado.
Porque después de la presencia de los secretarios de Estado y de Seguridad Interior de Estados Unidos, Rex Tillerson y John Kelly, en territorio mexicano, y de que fueron recibidos por el presidente Peña Nieto en Los Pinos, en medio de la cacería racista iniciada por su gobierno contra los migrantes mexicanos en su país, muy poco se sabe de los acuerdos concretos o planteamientos específicos hechos por los enviados de Donald Trump.
Se conocen sí frases grandilocuentes en los discursos de los dos funcionarios de la Casa Blanca. “No vamos a deportar masivamente y no participará el Ejército”, dijeron los estadounidenses, aunque al mismo tiempo que ellos sostenían eso aquí, en Washington su presidente sí hablaba de una “operación militar” que involucra al Ejército de Estados Unidos en la detención de migrantes ¿A quién le creemos, a Trump o a sus secretarios?
Pero más allá de eso, el gobierno de Peña Nieto no está siendo claro ni transparente con los mexicanos sobre qué propuestas o peticiones les formularon los dos visitantes, a los que recibieron con todo el protocolo diplomático —alfombra roja incluida— y les concedieron un gesto de “buena voluntad” del Presidente, al recibirlos por casi una hora en privado en Los Pinos, justo en momentos en que en las ciudades estadounidenses aumenta la persecución y la política racista y autoritaria en la detención y deportación de indocumentados de origen mexicano e hispano. Para decirlo tan gráficamente como la bandera rota que izó ayer en el Campo Marte: Peña volvió a responder a la brutalidad de Trump y su administración colocando la otra mejilla y, todavía sonreía, mientras les decía con su marcado acento en inglés: “Welcom tu Los Pinos misters”.
Exigirán a Videgaray que informe acuerdos.
La molestia por la opacidad y discrecionalidad con que se maneja el gobierno en sus tratos con la administración Trump no sólo se da entre la ciudadanía, acostumbrada a los tratos oscuros de sus gobiernos. Esa inconformidad por una negociación que avanza sin que se informe claramente de su contenido, se escucha en el Senado, el órgano que constitucionalmente comparte la conducción de la política exterior del país con el Poder Ejecutivo. Y aunque la complacencia de la primera minoría del PRI y sus aliados, y la debilidad y compromisos de las bancadas de oposición han impedido hasta ahora una actuación digna de los senadores en un tema en que tienen facultades y obligación de intervenir, hay voces críticas que desde la oposición exigen poner un límite a la actuación plenipotenciaria con la que se conduce el canciller Luis Videgaray en sus tratos con la administración Trump.
El próximo martes Videgaray está citado a comparecer en el pleno y al menos desde las bancadas del PRD, el PT y algunos senadores del PAN —porque otros están cooptados por sus compromisos y cercana relación con el gobierno peñista— se planea subir el tono en la exigencia de los senadores para que el titular de Relaciones Exteriores no se abrogue toda la autoridad en materia de política exterior y de la relación con Estados Unidos en un momento tan complejo y delicado para el país. Senadores como Miguel Barbosa y Gabriela Cuevas han adelantado que le exigirán al canciller un informe detallado de qué acuerdos, compromisos o propuestas escuchó o aceptó el gobierno mexicano en la reciente visita de Tillerson y Kelly o en las varias ocasiones en que el propio Videgaray ha estado en Washington DC dialogando con el gobierno de Trump.
Los cuestionamientos de los senadores también tienen que ver con el retraso con el que Videgaray cumplió con su compromiso de definir una “estrategia conjunta” con el Senado para regir la negociación con Estados Unidos, a la que se comprometió el canciller un día antes de su primera visita a Washington el pasado 25 de enero, cuando todos los coordinadores del Senado le dieron un respaldo abierto en aquella viaje. Apenas el jueves los grupos técnicos de la Cancillería y el Senado terminaban de redactar el decreto conjunto, cuando ya el canciller y el Presidente habían dialogado con los enviados de Trump sin tomar en cuenta los planteamientos de los senadores.
Así que el martes se verá si el canciller sigue con la “manga ancha” y el enorme poder que le ha concedido Peña Nieto —que en la práctica rebasa con mucho las facultades de un secretario y lo coloca como el hombre que toma decisiones por encima del mismo Presidente— o si el Senado tiene la capacidad y la dignidad de romper con la complacencia de una oposición a modo y erigirse en el contrapeso real con el que, en teoría, debieran contar los ciudadanos para evitar que un solo hombre, por más poderoso que sea, defina con sus decisiones, acuerdos o entendimientos, el tipo de relación que tendremos con un gobierno hostil y antimexicano como es el de Donald Trump.
Prepara Corte revés a Ley Atenco del Edomex.
Este lunes la Suprema Corte comienza a discutir un proyecto de sentencia del ministro Alberto Pérez Dayan que declara “inconstitucional” el artículo 40 de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, conocida como la Ley Atenco, porque considera que tal precepto, que en principio reconoce que el uso de la fuerza es el último recurso de un gobierno, también establece en su misma redacción que la fuerza podrá emplearse “como primera opción”, con lo cual vulnera derechos fundamentales de los gobernados.
La iniciativa de ley que fue sometida a revisión constitucional a petición del propio gobernador Eruviel Ávila y por la fracción priísta del Congreso local, quienes la habían promovido y aprobado, ante las críticas y cuestionamientos que generó por parte de organismos sociales y defensores de derechos humanos en su estado, sería discutida por la Corte a partir de las solicitudes de inconstitucionalidad planteadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos, que son las dos que se admiten para análisis, mientras que la de los diputados priístas mexiquenses será sobreseída, pues ellos tienen una mayoría parlamentaria absoluta (68% del Congreso local) lo que les daría la capacidad para derogar, modificar o reformar la norma impugnada, sin necesidad de que le pidan hacerlo a la Corte.
El proyecto del ministro Pérez Dayán, que ya circula desde el fin de semana en los estrados electrónicos de la Corte, señala que “el uso de la fuerza bajo ninguna concepción democrática y basada en derechos del hombre, puede considerarse como la primera opción a la que recurran los agentes del orden público en el desempeño de sus funciones”.
Así que los diputados del PRI en el Estado de México y el gobernador Ávila tendrán que replantear y dar reversa a la llamada Ley Atenco ante la muy posible declaración de inconstitucionalidad de la Corte.
Notas indiscretas…
Sobre la ausencia del secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, en la cena del miércoles por la noche en la residencia de la embajadora Roberta Jacobson en Las Lomas hay tres versiones, ninguna de ellas oficial. La primera dice que fue Luis Videgaray quien decidió que Osorio no estuviera en la lista de invitados, a pesar de la presencia de su par, John Kelly. La segunda dice que fue el gobierno de Estados Unidos quien pidió que el inquilino de Bucareli no asistiera porque no lo ven con buenos ojos; y la tercera dice que el propio Osorio declinó asistir porque toda la cena se desarrollaría en inglés, sin traductores, y él no domina bien ese idioma.
¿Usted cuál ve más creíble?…
Por cierto que, aunque se entiende que en esa cena habría temas de seguridad en México —visto por los estadounidenses como su consabido “patio trasero”— se vuelve más llamativo que en la mesa de la señora Jacobson no hubiera lugar para el titular mexicano de la Seguridad, la pública y la nacional, pero sí para los dos jefes de las Fuerzas Armadas mexicanas, el general Cienfuegos y el almirante Francisco Soberón, quienes por cierto sí mastican bien el inglés, por sus periodos de entrenamiento con la US Army… En el Senado hubo una grilla fuerte en la disputa por la presidencia de la Comisión de Justicia que ayer quedó resuelta con la ratificación de la panista María Pilar Ortega. El senador Roberto Gil presionó fuerte para regresar a la presidencia que dejó cuando fue presidente de la Cámara, pero al ver que no tenía los votos suficientes en la bancada prefirió retirarse y mandar el mensaje de que no le interesaba. La realidad, según dicen senadores panistas, es que la intentona de Gil Zuarth tenía que ver con sus “acuerdos secretos” con el consejero jurídico de Los Pinos para empujar desde la Comisión de Justicia la posible resurrección de las aspiraciones del primo de éste, el procurador Raúl Cervantes, para la Fiscalía General de la República que tendrán que definir en los meses siguientes los senadores, pero al final no se pudo. Por eso los mismos panistas se refieren a Gil como “el más priísta de los senadores panistas”… Los dados mandan Serpiente doble. Semana de altibajos.
Salvador García Soto / El Universal
