Se observa con impotencia como algunas personas adultas utilizan a menores de edad en marchas, plantones y manifestaciones para satisfacer sus fines e intereses particulares
San Raymundo Jalpan, Oax.-“Resulta imprescindible que la asistencia y participación de los menores de edad en las protestas sociales se evite para proteger su vida y su bienestar físico, psicológico y emocional”, señaló la diputada Virginia Calvo López, al presentar la adición de un tercer párrafo al artículo 62 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca.
En la iniciativa presentada, la legisladora integrante de la Fracción Parlamentaria del PRI, establece que el derecho de asociación o reunión no debe poner en riesgo la integridad física, psicológica y emocional, por lo que, en este caso, la asistencia de las niñas, niños y adolescentes a marchas, actos de protesta y manifestaciones de cualquier tipo, es responsabilidad de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia.
Virginia Calvo manifestó que actualmente en Oaxaca se observa con impotencia como algunas personas adultas utilizan a menores de edad en marchas, plantones y manifestaciones para satisfacer sus fines e intereses particulares, sin importar el sentir del menor, que en la mayoría de las ocasionas no conoce los motivos por los que va a esos sitios.
“Resulta ofensivo para la sociedad oaxaqueña, el ver como son transgredidos los derechos de la niñez y la adolescencia, como desde temprana edad son utilizados, manipulados, sirviendo algunas veces para saciar ambiciones de supuestos líderes sin escrúpulos”.
La diputada Calvo López, afirmó que en ocasiones los menores son llevados por sus mismos padres o por personas que en ese momento los tienen bajo su cuidado y responsabilidad a lugares públicos, en donde son obligados a caminar grandes distancias o estar parados en algún lugar, en una calle o una plaza durante un tiempo prolongado.
Finalmente subrayó, que la Declaración sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas del 20 de noviembre de 1959, establece que la inmadurez biológica, psíquica y social, así como la incapacidad jurídica de los niños y adolescentes, es razón suficiente para que se les proteja y se resguarde su integridad física, psicológica y material.
La iniciativa con Proyecto de Decreto fue turnada a las comisiones permanentes unidas de Administración de Justicia e Igualdad de Género.
