Aprueban reforma para revalidar estudios a migrantes

Durante una sesión ordinaria en el Senado. Foto: La Jornada

Ciudad de México.-Por amplia mayoría, el Senado aprobó la reforma preferente del presidente Enrique Peña Nieto por la que se agilizan los trámites para la revalidación de estudios realizados en el extranjero, con miras a atender a los mexicanos residente en Estados Unidos, que serán deportados y de manera particular a los dreamers.

Con ello, el Senado cumplió con el plazo constitucional y antes de un mes dictaminó las reformas a la Ley General de Educación y la remitió a la Cámara de Diputados, que tiene el mismo plazo de 30 días para votar esa iniciativa.

La reforma se aprobó con 107 votos a favor y uno en contra, luego de un amplio debate en el que legisladores del PRD y PT consideraron que falta una iniciativa en materia educativa y migratoria, que permita defender los derechos de los miles de connacionales que serán expulsados de Estados Unidos y de quienes son víctimas de la acciones de odio y xenofobia, impulsadas por Donald Trump.

“Ojalá sea el primer paso para atender a los jóvenes que son excluidos del sistema educativo”, recalcó Mario Delgado, integrante de la bancada perredista. El senador del PRI, Daniel Amador Gaxiola comparó la estrategia de Trump con la impulsada “por la Gestapo nazi” en el siglo pasado:

El coordinador del PT, Manuel Bartlett, el único que votó en contra, expuso que el Estado mexicano pierde facultades, ya que “pretender que los particulares se encarguen materialmente de la revalidación implica ir más allá del Artículo 3 Constitucional en detrimento de las funciones públicas.

El presidente de la Comisión de Educación, el panista Juan Carlos Romero Hicks, expuso los beneficios de la reforma. “Se garantiza a toda persona que habita en el país a que tenga las mismas posibilidades de tránsito y movilidad, esta es la gran apertura”.

Asimismo, se faculta a la Secretaría de Educación Pública para establecer mejores formas de control escolar, para diferentes momentos, inscripción, promoción, regularización, acreditación, certificación.

“Probablemente la contribución más sustantiva es que la SEP tendrá que proponer un marco nacional de cualificaciones dirigido a facilitar la movilidad estudiantil del sistema educativo, tomando las recomendaciones de las mejores prácticas internacionales que ya existen en 154 países”.

La SEP podrá autorizar a instituciones particulares con reconocimiento de validez oficial o retirarlos si hay un mal uso, así como a las públicas que en sus regulaciones no cuenten con facultad expresa para otorgar revalidaciones parciales.

Romero Hicks agregó que se faculta a la autoridad educativa a implementar acciones dirigidas a atender de manera preferente a aquellos que están en condiciones de vulnerabilidad, ya sea por carácter socioeconómico, de identidad cultural, de origen étnico nacional, situación migratoria, entre otras.

Se obliga a la autoridad federal y local a garantizar el acceso a la educación obligatoria de las personas que no cuenten con documentos académicos. “ Esto es un gran logro, no se le pedirán a las personas acta de nacimiento, apostille, traducción, toda esta tramitología que tenía tiempos de respuesta sumamente lentos”.

Se establece además que la autoridad educativa pueda otorgar reconocimientos de revalidación y equivalencias y para eso van a simplificar al máximo para hacer los trámites de manera sencilla y rápida, con celeridad, imparcialidad, flexibilidad, asequibilidad.

La reforma prevé que el marco nacional de cualificaciones tendrá que estar listo en un año a partir de la vigencia. Una vez promulgada la ley, la SEP tendrá 60 días para acordar el marco jurídico del acuerdo secretarial 286.

“Se abre el camino, cuarto transitorio, para que la autoridad educativa en coordinación con otras instituciones puedan implementar planes de emergencia y acciones afirmativas, particularmente a todos los grupos vulnerables, por carácter socioeconómico, identidad cultural, origen étnico, situación migratoria”.

Agregó que, sin duda, la SEP “tendrá que modificar el modelo educativo para atender a la población migrante, porque su dominio del castellano, su conocimiento de la historia, la geografía y la cultura es asimétrico con comparación con el resto de los educandos”.

La Jornada