Oaxaca de Juárez Oax.-La omisión del Gobierno Estatal y el Gobierno Federal contribuye a la prevalencia de la violencia política contra las mujeres en Oaxaca y fomenta la agudización de la violencia que podría derivar en acciones irreparables.
Desde el pasado 21 de febrero de 2017 pobladores/as de la comunidad de San Juan Bautista lo de Soto, Jamiltepec Oaxaca, tomaron el palacio municipal para exigir una sesión de cabildo y pedir se respeten las funciones de la presidenta municipal, a fin de que se generen las condiciones para desempeñar su cargo a cabalidad y la población pueda recibir los servicios.
Pablo Árnica Valentín, síndico municipal -quien ha presionado a Samantha Caballero para que deje su cargo y él pueda ser el presidente municipal- se negó al diálogo con la población y junto con sus colaboradores huyó del palacio municipal, lugar en el que se encontraba encerrado junto con la presidenta municipal.
A la fecha el palacio municipal sigue tomado por la comunidad y la presidenta municipal continúa sin ejercer el cargo para el que fue elegida; mientras que las autoridades encargadas de la estabilidad en el estado reducen la situación a un conflicto local.
Por otra parte, en la comunidad de San Martín Peras, Gabriela Maldonado Rivera, Mariana Díaz Ortíz, Rosa Aguilar Ramírez y Otillia Flores López, mujeres originarias de la región mixteca viven de manera permanente con temor debido a las agresiones en su contra y a las amenazas de muerte que recibieron luego de exigir la integración de las mujeres en el cabildo municipal.
Las defensoras comunitarias son víctimas de violencia política por su labor de promoción y ejercicio del derecho a la participación política en su comunidad. Luego de su exigencia Gabriela Maldonado Rivera el 15 de enero de 2017 fue golpeada a latigazos por su abuelo, quien incentivado por las autoridades de la comunidad, golpeó a Gabriela como castigo ejemplar por exigir la participación de las mujeres en la asamblea y el cabildo comunitario.
En ambos casos la inacción de las autoridades estatales es lamentable. En ese sentido organizaciones estatales y nacionales exigimos al Gobierno del Estado de Oaxaca y al Gobierno Federal:
– Acciones inmediatas y eficaces para garantizar el derechos de las mujeres oaxaqueñas a la participación política
– Medidas de seguridad y protección para las mujeres que viven violencia política, a fin de garantizar su estabilidad e integridad física, así como la de sus familiares.
– Instalación inmediata de una mesa de diálogo en San Juan Bautista lo de Soto para resolver la situación que impide a Samantha Caballero el ejercicio de su cargo, ante la violentación del síndico municipal.
– Reconocimiento de la tesorera municipal de San Juan Bautista lo de Soto, María Hernández Santiago, quien fue desplazada de su lugar para que de manera arbitraria se nombrara a Nazario Bracamontes Clemente, lo que ha impedido que el municipio reciba las aportaciones municipales que le corresponden.
-Se tomen las medidas necesarias para garantizar que en la asamblea que se repondrá en San Martín Peras, las mujeres participen sin temor a represalias.
Como defensoras de derechos humanos, particularmente de los derechos de las mujeres, exigimos a las autoridades que en concordancia con su discurso a favor de las mujeres, en la práctica se garantice el derecho a la participación política en condiciones de igualdad y de seguridad.
