Ciudad de México.-La pretensión de legalizar la presencia de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública, por medio de la ley de seguridad interior, fue abiertamente rechazada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y diversas organizaciones de la sociedad civil.
Advirtieron que el fondo del asunto no es la discusión por un marco normativo que dé ‘‘certezas jurídicas’’ a la acción del Ejército en las calles, sino encontrar la forma de fortalecer a las instituciones civiles de seguridad pública, que son las únicas que constitucionalmente están facultadas para ello.
Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, aseguró que la adopción de dicha ley ‘‘sería un retroceso’’ y un ‘‘grave riesgo’’ para el respeto de las garantías fundamentales, además de que el término ‘‘seguridad interior’’ corresponde a regímenes autoritarios.
Expresó que su oficina está preocupada por la intención de adoptar una ley de seguridad interior, porque desde su opinión esto va en contra de la necesidad –varias veces admitida por las propias autoridades– de salir del paradigma militar, de reconstruir las corporaciones policiacas y de adoptar otro modelo de seguridad distinta a la militarizada.
‘‘La participación de las fuerzas armadas en este tipo de tareas no es lo más deseable, dada la especial naturaleza de sus funciones constitucionales’’, dijo por su parte el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez.
Al participar en la mesa de debate Seguridad y Derechos Humanos, ambos funcionarios insistieron en que las evidencias empíricas y los resultados de los pasados 10 años en la lucha contra el narcotráfico demuestran que la solución a los problemas de seguridad y justicia no está en la participación de las fuerzas armadas en tareas que no les corresponde y que no están preparadas ni formadas para ellas.
En tanto, Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, aclaró que nadie en esa mesa de debate –donde también participaron varios académicos y especialistas en el tema– está por el retiro inmediato del Ejército de las calles, pues en muchas zonas del país juega un papel importante para la seguridad de la ciudadanía.
Sin embargo, sí es necesario establecer un programa de retiro programático, gradual y verificable de las fuerzas armadas de estas tareas, hecho que pasa justamente por el fortalecimiento de las instituciones civiles y por la depuración de las policías.
Junto con Jarab, Mario Patrón aclaró que asumir estas posturas no busca ni pretende golpear o desprestigiar a las fuerzas armadas. ‘‘De hecho, nos preocupa que en la discusión se utilice esta figura que juega más con emociones patrióticas que con un análisis de la realidad’’, dijo el alto comisionado. Incluso, señaló que su preocupación más grande es la manera en que fue presentada: ‘‘Como una ley urgentemente necesaria para dar respaldo a una institución, lo que significaría la petrificación del status quo. Desde nuestra perspectiva es que después de 10 años de utilización de las fuerzas armadas en estas tareas la pregunta no debería ser ‘‘si merecen respaldo de una ley’’, sino ‘‘si deberían continuar ejerciendo estas funciones’’.
De igual forma, advirtió que de aprobarse la ley, ésta ‘‘podría operar como desincentivo’’ para la profesionalización de las instituciones civiles, incluso por sus posibles efectos presupuestales, pues se darían mayores recursos a las fuerzas militares que a las civiles dedicadas a la seguridad pública.
La Jornada
