Ciudad de México.-Casi la mitad de los 11 millones de trabajadores formales que empezaron a cotizar en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) bajo la Ley de Seguridad Social aprobada en 1997, con la que se crearon las administradoras de Fondos para el Retiro (Afore), no podrán jubilarse con una pensión suficiente en 2021 o 2022, fechas previstas para que salga la primera generación de retirados bajo dicho régimen, aseguró Carlos Lozano Nathal, presidente del Colegio Nacional de Actuarios (Conac).
A la fecha existen 18 millones de personas que cotizan en el IMSS, de las cuales más de 6 millones pertenecen al antiguo esquema de pensiones de la ley de 1973. Los restantes casi 12 millones se rigen por la norma de 1997.
De estos últimos unos 5 millones no van a recibir ninguna pensión, ya que por las características del mercado laboral en México, donde la gente tiene varios trabajos durante su vida, con periodos en los que no aportan nada, además de que con frecuencia transitan de un empleo formal a uno informal, no podrán acumular las mil 250 semanas de cotización o 24 años continuos de trabajo que la ley exige para jubilarse, explicó.
Las Afore comenzaron en 1997. Entonces, estamos hablando de que 24 años después, es decir, en 2021 o 2022, comenzarán a darse las pensiones de ese régimen, pero la mitad no va a cumplir con el requisito para obtenerla. En el momento en que esos trabajadores tengan 65 años no habrán cumplido con las mil 250 semanas de cotización, que son aproximadamente 24 años de trabajo. Así, se van a tener que esperar y laborar más para obtener la pensión, indicó.
Destaca el caso de los millennials, quienes saltan de un trabajo a otro y duran poco en cada uno, sin que consideren comenzar a hacer aportaciones voluntarias para su pensión. Esa cifra de 5 millones de trabajadores formales que no alcanzarán pensión formal con las Afore se eleva al incluir a los casi 30 millones que laboran en la informalidad y están excluidos de cualquier sistema de pensión.
El especialista recordó que el Colegio Nacional de Actuarios y la Asociación Mexicana de Actuarios Consultores (Amac) han planteado soluciones solidarias para cubrir ese déficit de trabajadores que no alcanzarán una pensión suficiente para vivir, incluido un sistema de micropensiones con un fondo mutuo integrado por una parte solidaria y otra individual. El modelo ya fue puesto en marcha en México con 27 microempresas y cajas de ahorro de varios estados del sur del país, que en conjunto abarca a unas mil personas, pero también se lanzaron proyectos pilotos en Centroamérica.
Otra propuesta de los actuarios para incrementar el monto de las pensiones de los trabajadores formales es que en lugar de que se lleve a cabo una reforma legal para obligar a las empresas a incrementar las aportaciones para las Afore, es que cada compañía cuente con un plan privado de pensiones, lo cual ya está contemplado en la ley y grandes corporativos lo pusieron en marcha desde los años 70.
Cada compañía debe fijar el monto de aportaciones para ese plan privado de pensiones, que será complementario al de las Afore, señaló Carlos Lozano en una conferencia, en la cual anunció la realización de un seminario sobre retiro y salud que el Conac y la Amac realizarán el 24 y 25 de abril en el hotel Hyatt de Polanco.
Aclaró que aunque cada empresa debe evaluar y decidir qué plan de pensiones adopta, de acuerdo con sus necesidades, trabajadores y costos, además de que puede ser solidario, de beneficios definidos o híbrido, según le convenga, debe contarse con una regulación que las obligue a tenerlas para que, en caso de que no cuenten con él, las autoridades puedan multarlas o incluso clausurarlas.
Recordó que en la ley ya existe la posibilidad de que las compañías cuenten con su plan particular de pensiones y en conjunto aporten medio billón de pesos, cifra que equivale a 5.3 por ciento de los 8.5 billones de pesos que acumulan las Afore.
Si bien admitió que a raíz de que el gobierno federal redujo la deducibilidad fiscal a dichas empresas por esos planes de pensiones, una muestra que no es aleatoria, de aproximadamente 70 compañías, que equivalen a 10 por ciento de todas las que contaban con ese sistema, congelaron o suspendieron las aportaciones a las pensiones de sus trabajadores, pero sin que ello signifique que cancelaron dichos programas.
La Jornada
