Ciudad de México.- A pesar de que México ocupa el primer lugar en el mundo en virus electrónicos, así como el segundo en fraudes electrónicos y el tercero en ataques a páginas web, ambos en América Latina, sólo tres estados tienen unidades de policías cibernéticas, equipadas con la infraestructura y capacidades para atender el problema.
Un análisis de la Secretaría de Gobernación (Segob) reconoce que el país carece de políticas públicas en materia de prevención y persecución de este delito, el cual en 2013 dejó ganancias al crimen organizado por tres mil millones de dólares.
“Existen 3 mil millones de ciber-nautas a nivel mundial (40% de la población); en México hay 53.9 millones y la tasa de crecimiento entre 2013 y 2014 fue de 5.3%. En 2012, se estima que 556 millones de personas fueron afectadas a nivel mundial, siendo 14.8 millones de personas la cifra de afectados en México”, menciona el informe consultado por Excélsior.
El estudio que elaboró la Segob, en coordinación con la Policía Federal, no especifica cuáles son los estados que cuentan con policías cibernéticas, pero explica que el país carece de una cultura de seguridad informática y que las autoridades no tienen estadísticas de ciberdelincuencia.
La vulnerabilidad del país, asegura el documento, requiere que el Estado realice una reforma en materia de este tipo de delitos, que tenga tratados internacionales en el tema e impulse un proyecto para que cada una de las 32 entidades federativas tengan policías cibernéticas, a través de una licenciatura especializada en el delito.
“La implementación estratégica y estructurada de este modelo impulsará la atención oportuna a las denuncias ciudadanas, fortaleciendo los canales de coordinación y las capacidades de investigación, así como la integración de estadísticas nacionales sobre ciberdelincuencia en nuestro país que permitan generar políticas públicas en materia de prevención”, menciona el informe.
Según el proyecto de la Federación, se busca crear un modelo de unidad de policía cibernética nacional que impulse la prevención, atención e investigación de los delitos cibernéticos, así como fomentar el crecimiento del comercio electrónico del país.
La creación de las unidades fue aprobada durante una sesión ordinara del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el 30 de agosto de 2016, luego de que se expusiera a los gobernadores e integrantes de cuerpos de seguridad y procuración de justicia, tras exponer la vulnerabilidad del país.
La información recabada por el gobierno federal, indica que el fraude, la suplantación de identidad, hackeo, phishing y ransomware son los delitos que más se cometen en el país, principalmente contra menores.
Según la Procuraduría General de la República (PGR), el robo de identidad deja pérdidas anuales por 120 millones de pesos anuales. La problemática también es abordada por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), la cual considera que hay deficiencia en la prevención del delito y en el ejercicio de la acción penal electoral, así como una falta de coordinación institucional al investigar ilícitos fiscales.
En el Informe Anual de Actividades 2016, la dependencia reconoce que es necesario establecer canales de comunicación y coordinación con el Servicio de Administración Tributaria, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como con la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.
RECOMIENDAN POLICÍA ESPECIAL
Es necesario que el país tenga un mayor control en la prevención y persecución de delitos que se cometen en Internet, ya que la falta de policía especializada en ciberdelitos ha originado que México sea una de las principales naciones donde hay más pornografía infantil, así como robo de identidad.
México es uno de los lugares donde se produce la mayor cantidad de pornografía infantil por la red. Tanto fotos como películas pornográficas o venta de infantes para prostitución”, explicó Armando Rodríguez Luna, integrante e investigador del Colectivo de Análisis para la Seguridad con Democracia (Casede).
El especialista aseguró que además de tener seguridad especializada, se debe legislar.
Excélsior
