La situación de las plazas informales se esclareció luego de una auditoría interna del Poder Legislativo
San Raymundo Jalpan, Oax.– La Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la LXIII Legislatura estatal, congeló las plazas irregulares otorgadas de manera ilegal por la pasada Sexagésima segunda legislatura.
La situación de las plazas informales se esclareció luego de una auditoría interna del Poder Legislativo, que ha traído como consecuencia que los beneficiados de dichas plazas promuevan una campaña de denostación contra el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura, Irineo Molina Espinoza.
Las campañas de denostación carecen de fundamentos legales y emanan de personas afectadas por la depuración de plazas irregulares que han visto amenazados sus intereses personales a partir de la política transparente y de anticorrupción de la actual legislatura, que ha respondido de manera inmediata a las denuncias presentadas, indicó la Jucopo.
En días pasados, las y los trabajadores sindicalizados del Congreso local, denunciaron que el ex diputado Gerardo García Henestroza, ex presidente de la JUCOPO en la Legislatura pasada, había buscado otorgar plazas a amigos y familiares de manera ilegal.
Debido a estas demandas, las y los diputados que integran la Junta de Coordinación Política de la LXIII Legislatura, han consolidado un trabajo conjunto para erradicar esta realidad que amenaza la legalidad y el trabajo transparente del trabajo legislativo.
Esta acción ayuda a la construcción de una administración legislativa con finanzas sanas encaminadas a la rendición de cuentas para la ciudadanía oaxaqueña, que además abone a la reivindicación de un trabajo legislativo descuidado por las y los integrantes de la legislatura pasada.
Este ejercicio de transparencia ha sido un trabajo en conjunto con la Contraloría del Poder Legislativo que ha buscado esclarecer la legalidad de los nombramientos entregados en los últimos días del trabajo de la Sexagésima Segunda legislatura. La intención de esta política es el respeto al trabajo de los colaboradores que se encuentran en la formalidad y que han demandado de manera publica sus exigencias.
