Ciudad de México.-Es necesario fortalecer y homologar la capacitación policiaca, sobre todo en el procesamiento de la evidencia, el llenado de los registros de cadena de custodia o los supuestos de flagrancia en el Código Nacional de Procedimientos Penales, señaló Bertha Alcalde, especialista del Centro de Investigación para el Desarrollo (Cidac).
Al presentar el reporte La cara del sistema de justicia penal: policía primer respondiente, con apoyo de la embajada de Gran Bretaña en México, dijo que los resultados indican que 31.3 por ciento de 16 agentes del Ministerio Público estatales encuestados consideraron ‘‘mala’’ la capacidad policial para realizar detenciones en flagrancia.
Al respecto, los panelistas coincidieron en que para fortalecer la operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio es necesario valorar y capacitar mejor a los policías. ‘‘Para que el sistema de justicia sea eficiente se requiere que el primer eslabón esté bien preparado. La evaluación del policía primer respondiente es vital para la mejora de su intervención’’, aseguró la investigadora del Cidac.
En un análisis de los obstáculos que enfrentan los uniformados al cumplir con sus funciones, los autores del documento reiteran la necesidad de realizar una evaluación integral del protocolo nacional de primer respondiente.
En este contexto se debe precisar el marco normativo de las actuaciones del policía, que actualmente no están reguladas y dan amplio lugar a la interpretación, como la recepción de denuncias, los distintos niveles de uso de la fuerza, la priorización y el procesamiento de los casos, los niveles de contacto, así como la forma en que se debe llenar el informe homologado.
‘‘En la actual fase de consolidación de la operación del Sistema Penal Acusatorio en México, es una necesidad ineludible evaluar el desempeño de los operadores del sistema, en particular del policía primer respondiente, porque es la primera cara del sistema ante los ciudadanos’’, reiteró María Novoa, directora del área de justicia en Cidac.
Añadió que los resultados de este proceso permitirán establecer cuáles son las capacidades y condiciones reales que se tienen para llevar a cabo su labor con éxito y así buscar la mejora continua de las políticas públicas al respecto.
Con este material, manifestó, Cidac pretende que la metodología sea utilizada por instituciones policiales federales, estatales y municipales para evaluar de forma individual y general a sus agentes, pues brinda los insumos necesarios para valorar su actuación y genera mejores políticas públicas en materia de seguridad y justicia.
La Jornada
