Ciudad de México.-Después de que la Cámara de Senadores despreció la participación de académicos y asociaciones civiles en el proceso de selección del fiscal anticorrupción –causando la renuncia de éstos el viernes 17–, cerca de un centenar de organizaciones del país solicitaron en audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que exhorte al Estado mexicano a “retomar el camino iniciado en 2014 hacia la consolidación de una fiscalía autónoma”.
Integradas en el frente llamado #FiscalíaQueSirva, esas organizaciones cuestionan además la autonomía y “los méritos de idoneidad” del actual procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade, quien tiene una relación “directa y cercana con la fuerza política gobernante del país”, y le piden a la CIDH que intervenga para que el Estado mexicano derogue el “pase automático” del titular de la PGR como primer fiscal general de la República, contenido en el artículo transitorio Décimo Sexto constitucional.
Piden también que el Senado discuta, con participación de la sociedad, las propuestas de reforma del artículo 102 constitucional, evaluando su conformidad con los estándares interamericanos en materia de selección de las altas autoridades del sistema de justicia.
En el informe de audiencia “Situación de Independencia y Autonomía del Sistema de Procuración de Justicia en México”, solicitan que el Estado regule un servicio profesional de carrera, resuelva el problema del “pase automático” de todo el personal de la PGR a la Fiscalía General de la República (FGR), de modo que se integren a la nueva institución quienes superen una evaluación satisfactoria de sus capacidades y desempeño.
Las organizaciones piden que la CIDH recomiende al Estado solicitar apoyo técnico de la OEA para la construcción del modelo institucional de la FGR, a través del Centro de Estudios de Justicia de las Américas.
Temerosos de que el actual procurador sea fiscal de manera automática, solicitaron a la CIDH que, en seguimiento, pida al Estado mexicano que informe si existen lineamientos y criterios aprobados y utilizados por el titular del Ejecutivo federal para seleccionar a la persona designada para ocupar el cargo de procurador general.
Y que dé a conocer cuáles son las medidas actuales para asegurar que el proceso de selección y nombramiento del procurador cumpla con los criterios internacionales sobre la materia.
#FiscalíaQueSirva argumentó que el nombramiento de Cervantes se dio, fast track, el 25 de octubre de 2016 sin que se hubiera presentado alguna justificación de los méritos de idoneidad de este personaje, y tampoco existió un contrapeso a su poder mediante un escrutinio mínimo de sus antecedentes, mucho menos hubo un espacio para que la sociedad planteara observaciones u oposición a su candidatura.
“Lo más preocupante son los vínculos políticos y antecedentes de Raúl Cervantes, que no sólo afectan su independencia y ejercicio autónomo del cargo, subordinándolo al poder político, sino que también diluyen la más mínima posibilidad de que el Ministerio Publico pueda perseguir los delitos cuando involucren a funcionarios del gobierno”, señalan.
Cervantes ha sido senador y diputado federal por el PRI, partido en el que ha ocupado cargos como consejero nacional y coordinador de Asuntos Jurídicos.
En su informe, las organizaciones hacen referencia a que el 10 de diciembre de 2014 se aprobó en la Cámara de Diputados la Ley de la Fiscalía General de la República; al analizarla, encontraron que no resuelve los principales problemas de la PGR y que es una ley creada para el modelo inquisitivo: mantiene esquemas de comunicación excesiva por informes, sin flexibilizar las formas de comunicación y coordinación entre las diversas áreas, imponiendo una camisa de fuerza que mantiene la burocracia existente.
No establece la obligación de que el fiscal general elabore, sustente ni presente un plan de política de persecución penal, con lo cual no existe uno de los principales mecanismos de rendición de cuentas de la actuación fiscal.
No delimita funciones operativas de ministerios públicos e investigadores, ni les da facultades; en cambio, concentra facultades en el fiscal general. Establece un servicio de carrera que no otorga seguridad ni estabilidad, y, por el contrario, resulta preocupante el otorgamiento de facultades discrecionales de designación especial al fiscal general, lo cual exceptúa a parte del personal del servicio de carrera, manteniendo el esquema de desigualdad que hasta ahora opera.
Fuera del ámbito del Ejecutivo
–¿Por qué la necesidad de acudir a la CIDH para solicitar una revisión sobre el estado del sistema de procuración de justicia en México? –se le pregunta a Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.
–Porque el mismo sistema interamericano recomienda que nuestras procuradurías salgan del ámbito del Poder Ejecutivo.
“Queremos llamar la atención de la CIDH acerca de que existen riesgos de que el tránsito de PGR a FGR sea una mera simulación y no el desarrollo de una institución autónoma con fuerza, con capacidad de investigar delitos de corrupción o violaciones de los derechos humanos, como el caso Ayotzinapa.
“El problema del fiscal anticorrupción, su nombramiento y su funcionamiento va a padecer las mismas dificultades que la PGR, pero acentuadas, porque en el modelo actual el procurador depende del Ejecutivo y, a su vez, los fiscales especiales están supeditados al procurador. Además, porque cuando el Senado tomó este proceso estableció que al final la Junta de Coordinación Política (Jucopo) presentaría una candidatura al pleno para que ratificara a quien sería el fiscal anticorrupción. Era un proceso opaco, cupular y sin participación”, recuerda.
En noviembre, un grupo de organizaciones que siguió de cerca la Ley 3 de 3 y la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción, propuso al Senado que integrara un comité técnico que ayudara a la evaluación de los candidatos, y que ese comité, al final, enviara una terna para que de ella eligieran los senadores. Pero la semana pasada les informaron que la Jucopo decidiría el nombramiento. A ello siguió la renuncia de los candidatos a ocupar la Fiscalía Anticorrupción, como Miguel Sarré; luego se dio el retiro de un grupo fuerte de académicos y de organismos civiles.
“Nos dimos cuenta de que la presencia de los académicos y de los organismos civiles en realidad era una especie de aderezo a un mal proceso, para darle legitimidad”, afirma Cortez.
En el fondo el problema es que el fiscal anticorrupción queda supeditado al fiscal general, y no vemos que haya condiciones para que pueda desarrollar investigaciones imparciales y exitosas, por eso se consideró que no había condiciones para participar ni para que se elija un buen fiscal. Se podrá elegir a la mejor persona, pero la mejor persona sin condiciones para desarrollar su trabajo de manera autónoma e independiente, va rumbo a la falta de resultados.
Proceso
