Oaxaca de Juárez, Oax.- El reportero gráfico Hugo Alberto Velasco Ortiz, interpuso una demanda penal en contra de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) como autoridad responsable de las lesiones y daños que sufrió al ser alcanzado con un petardo de gas lacrimógeno que lanzaron policías estatales a manifestantes que buscaban ingresar al Zócalo de la ciudad, para manifestarse en marco a la Primera Audiencia Pública encabezada por el gobernador Alejandro Murat.
En la denuncia turnada a la Mesa 11 de Delitos Interpersonales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) bajo el número 718/DF/2C/2017 se relatan los hechos ocurridos el pasado 21 de marzo, cuando el fotoperiodista fue víctima de lesiones que requirieron atención médica urgente y causaron daños en su equipo de trabajo.
Velasco Ortiz relató que en esa fecha se encontraba dando cobertura al enfrentamiento que se registró entre maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y estudiantes Normalistas contra Policías Estatales, en las inmediaciones de las calles de Guerrero y Bustamante, en el Centro Histórico de esta ciudad.
Indicó que cuando los manifestantes pretendían ingresar al zócalo, él se encontraba frente a los policías, que indiscriminadamente lanzaron los petardos de gas lacrimógeno, y él fue alcanzado por un proyectil en su mano izquierda, lo que ameritó le suturaran la herida con cinco puntadas.
El fotorreportero que labora en diversos medios de comunicación, también sufrió la pérdida la pérdida total de su equipo de trabajo, consistente en un teléfono celular y una cámara fotográfica profesional.
Señaló que la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca fue omisa al minimizar la agresión que sufrió el fotorreportero por parte de policías estatales que no respetaron protocolo alguno de actuación para la protección de la actividad periodística, quedando lejos de garantizar el libre desarrollo de la misma.
Finalmente, demandó a la autoridad que asuma ser garante de la libertad de prensa como dictan los tratados internacionales y las leyes en nuestro país, porque este hecho demuestra la falta de una adecuada capacitación de los elementos policiales en materia de respeto a los derechos humanos y reducción de riesgos en situaciones de conflicto.
