Cuatro personas vinculadas con la presunta red de lavado de dinero de Javier Duarte, entre ellos un empresario identificado por las autoridades como su principal prestanombres, continúan oficialmente prófugas de la justicia ya que desde octubre pasado un juez federal giró órdenes de aprehensión en su contra.
Todas ellas cuentan con fichas rojas de Interpol para su localización en caso de que hayan salido de México, confirmaron a Animal Político autoridades federales.
Originalmente, la lista de acusados por la Procuraduría la componían nueve personas encabezadas por el exgobernador de Veracruz pero en los ultimos meses se ha conseguido detener a cuatro de ellas. Además la PGR desactivó una de las órdenes, girada contra un abogado de Duarte, luego de que este accedió a proporcionar datos clave a los investigadores.
Las personas que están prófugas y las ya detenidas fueron acusadas por la Procuraduría General de la República (PGR) de haberse coludido para ocultar el origen de más de 200 millones de pesos provenientes del erario e invertirlo en empresas y propiedades con fines ilícitos.
Dos de las personas detenidas ya fueron sentenciadas.
Los cuatro prófugos
El empresario Moisés Mansur Cysneiros es una de las cuatro personas que están legalmente prófugas, aunque desde finales del año pasado las autoridades lo tienen ubicado en Canadá. La orden en su contra está vigente pero no se ha cumplido porque esta persona accedió a cooperar con las autoridades en la recuperación de recursos públicos desviados.
De acuerdo con la acusación de la PGR y que dio parte a su orden de aprehensión, Mansur era el principal prestanombres de Duarte, y como tal se encargaba de coordinar todas las acciones relacionadas con el movimiento de recursos entre empresas fachada, así como la adquisición de propiedades.
Mansur era, por ejemplo, uno de los co-propietarios del rancho Las Mesas, el cual presuntamente fue adquirido con recursos desviados de Salud y Educación en Veracruz. También era dueño de varios departamentos en la Ciudad de México. Un abogado de Duarte que testificó en PGR dijo que todas esas propiedades eran en realidad ocupadas por el exgobernador.
La colaboración de Mansur ante la PGR ha permitido hasta ahora recuperar más de 400 millones de pesos desviados en la administración de Duarte. Aun con ello, la dependencia prevé cumplir en algún momento la orden de aprehensión, aunque el empresario recibiría una pena reducida.
Rafael Gerardo Rosas Bocardo es otra de las personas que cuenta con orden de aprehensión y está prófuga.
Según la acusación de PGR, esta persona actuaba bajo instrucciones de Mansur y su labor era fungir como prestanombres. Su paradero es desconocido.
En el expediente está asentado que, por ejemplo, Bocardo es socio de una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple denominado Corporativo Monjafin, que recibió cientos de millones de pesos que posiblemente provenían de las arcas públicas.
Los otros dos prófugos son Santa Bartolo Acuña y Miguel Velázquez Nieva. La investigación de la PGR ubica a ambos como comisarios ejidales, los cuales presuntamente se coludieron con Mansur para simular que él era un ejidatario y venderle terrenos ejidales a precios ínfimos.
Luego, esos terrenos fueron “vendidos” con sobreprecio a una empresa de nombre Consorcio Brades, que los pagó con dinero público proveniente de empresas fantasma.
El paradero de estas últimas dos personas tampoco se conoce.
El que negoció
Una de las órdenes de aprehensión que se giró originalmente era en contra de José Juan Janeiro Rodríguez, abogado que trabajaba para Moisés Mansur, y que según las investigaciones también auxilió en la creación de compañías fachada a la vez de servir como prestanombres.
En la acusación la PGR estableció que Janeiro ayudó en la creación de compañías como Consorcio Brades, la cual concentró recursos públicos provenientes de empresas fantasma que recibieron contratos. También trabajó en la constitución de empresas fachada en Estados Unidos a través de las que se adquirieron propiedades y diversos bienes.
Janeiro igual sirvió como prestanombres para, por ejemplo, poner a su nombre un tercio del rancho La Mesa en el Estado de México, o adquirir un conjunto de departamentos de lujo en Ixtapa Zihuatanejo.
En febrero de este año Janeiro decidió contactar a la PGR con el objetivo de confesar su participación en el entramado de desvío de recursos que encabezaba Javier Duarte. Hizo una primera declaración que quedó asentada en 150 páginas, dando detalles precisos del movimiento de recursos. A cambio de ello la PGR solicitó a un juez dejar sin efecto la orden de aprehensión en su contra.
Las detenidas con sentencia
Dos de las nueve personas contra las que se giraron las ordenes de aprehensión ya fueron detenidas y sentenciadas. Se trata de las hermanas Nadia Isabel Arzate Peralta y Elia Arzate Peralta, quienes figuraban como accionistas de la empresa Consorcio Brades.
La PGR presentó pruebas ante el juez que demostraban que Brades era una empresa creada exprofeso para recibir dinero que había sido triangulado entre empresas fantasma. Ya con esos recursos, Brades pagó a Moises Mansur por terrenos ejidales sobrevaluados. La intención de todo esto, según las autoridades, era lavar el origen de los recursos.
El pasado 12 de abril se dio a conocer que el juez de control del Reclusorio Norte, Gerardo Moreno García, dictó sentencia condenatoria de tres años y cuatro meses de prisión contra las dos hermanas por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La sentencia se alcanzó gracias a que la PGR pactó con Nadia y Elia un “proceso abreviado” que permite el nuevo sistema penal. El acuerdo consistió en que las detenidas reconocieran su culpabilidad en el delito de lavado de dinero, a cambio de que se les quitara el cargo de delincuencia organizada.
Los detenidos sin sentencia
En la última semana la PGR consiguió cumplimentar dos órdenes de aprehensión por este caso. El pasado sábado 17 de abril fue capturado Javier Duarte en Guatemala. Ayer, en una audiencia en ese país, se informó al exgobernador de Veracruz del arranque del juicio de extradición en su contra. La Procuraduría tiene ahora un plazo de 60 días para formalizar la petición.
Por otro lado el día de ayer se dio a conocer la captura de Javier Nava Soria en España, gracias a una ficha roja de localización y captura de Interpol.
Nava es identificado en la investigación de la Procuraduría como un contador que trabajaba bajo las instrucciones de Mansur, y su rol consistía en contribuir en la constitución de diversas empresas que se utilizaron para triangular recursos. En varias de ellas era nombrado comisario o apoderado.
La Procuraduría ubicó a Nava como la cabeza responsable de la operación financiera que permitió que más de 250 millones de pesos llegaran a Consorcio Brades, previa triangulación entre más de 15 compañías, y luego que ese dinero fuera entregado a Mansur por la supuesta compra de terrenos ejidales.
La PGR indicó ayer que Nava fue capturado en la ciudad de Cabrils en Barcelona. En los próximos días se oficializará ante España la solicitud formal de extradición en su contra.
Animal Político
