Javier Nava Soria, acusado de fungir como “prestanombres” y presunto contador de los fondos ilegales hurtados al erario pública por parte del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte, compareció hoy ante el magistrado de la Audiencia Nacional de España, Santiago Pedraz, en una brevísima visita en la que rechazó ser extraditado a México de forma voluntaria.
Esta negativa lo único que le permitirá es ganar tiempo en su estrategia judicial, tanto en México como en España, una vez que en cuanto se cumplan los trámites exigidos por el Tratado de Extradición y Asistencia Judicial entre ambos países, el supuesto “cómplice” de Duarte será entregado a las autoridades mexicanas.
Nava Soria, un estrecho colaborador de Duarte durante su etapa de gobierno en Veracruz, fue detenido el pasado miércoles por la noche en Barcelona, donde vivió los últimos meses en el anonimato, pero en una zona y urbanización de lujo. Cabe recordar que en la misma ciudad, la capital catalana, fungió como cónsul de México hasta febrero pasado el también ex gobernador de Veracruz Fidel Herrero, que fue además el padrino político del que sería su sucesor en la gubernatura.
Desde su detención y ante la gravedad de los delitos que se le imputan, todos ellos relacionados con la corrupción y el desfalco al erario público, Nava Soria ha permanecido bajo custodia policial y siempre vigilado. Ahora, pasadas más de 48 horas, el juez Pedraz -el mismo que llevó el caso que afectó al también priista Humberto Moreira, que fue investigado en España por supuestos vínculos con el crimen organizado y con el cártel del Golfo- le tomó la declaración inicial.
El primer encuentro de Nava Soria con la justicia española fue escueto y rápido, en una breve visita en la que se informó las razones por las que había sido detenido -está acusado de malversación de fondos públicos y de organización criminal- y la petición de entrega que había girado la Procuraduría General de la República (PGR) a través de Interpol, con lo que tenía dos opciones: aceptar de forma voluntaria la extradición o entrega directa a las autoridades mexicanos o, en caso de rechazar viajar lo antes posible a México para responder por los delitos por los que se le acusa, entonces será trasladado a una prisión de alta seguridad hasta que finalice el proceso de extradición.
Una vez que ha Nava Soria rechazó ser extraditado a México, ahora la PGR tiene la obligación de entregar, a través de la secretaria de Relaciones Exteriores y el servicio diplomático mexicano, la petición formal de extradición a las autoridades españoles y a los tribunales competentes, que será la Audiencia Nacional, la responsable de emitir el fallo final.
La Jornada