Ciudad de México.- Pese a que la Procuraduría General de la República (PGR) decretó “en definitiva el no ejercicio de la acción penal” por corrupción contra Humberto Moreira, en octubre de 2012, el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, respaldó a Felipe Calderón, que en esa fecha estaba en funciones, y negó que lo haya exonerado.
A pregunta expresa de si avala la exoneración del exgobernador de Coahuila por parte de la PGR de Calderón, conforme a la copia certificada difundida por Andrés Manuel López Obrador, Anaya respondió:
“No. La respuesta es muy simple: Lo que pasa es que no es una exoneración, hay que leerla con cuidado. Es más bien una solicitud de información, es una respuesta a una solicitud de información que hizo Humberto Moreira. La realidad es que el señor es un delincuente que ha cometido infinidad de delitos y que el señor tiene que pagar las consecuencias.
–Le pregunté sobre el “no ejercicio de la acción penal” que dictó la PGR sobre Humberto Moreira por delitos, por una averiguación previa que se inició y que se decretó el no ejercicio de la acción penal –precisó el reportero.
–Respeto absolutamente tu opinión. La mía es que ese documento no implica de ninguna manera una exoneración de todas las barbaridades que ha cometido y de todos los delitos que ha cometido Humberto Moreira.
Sin embargo, según el glosario del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) –al que el PAN pone como ejemplo de credibilidad–, el no ejercicio de la acción penal “lo determina el Ministerio Público cuando los antecedentes del caso establecen que existe una de las nueve causales de sobreseimiento (es decir, que no se puede continuar con la investigación) previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, siempre que se cuente con la previa autorización del procurador o del servidor público en quien se delega la facultad.
“Las nueve causales de sobreseimiento son: el hecho no se cometió, el hecho cometido no es un delito, la inocencia del imputado es clara, el imputado está exento de responsabilidad penal, no se cuenta con los elementos suficientes para una acusación, se extingue la acción penal (se agotó el tiempo), una reforma elimina el delito, el hecho fue discutido en otro proceso penal, o muerte del imputado”.
De acuerdo con la copia certificada del oficio SEIDF/0231/2012 de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la PGR encabezada por Marisela Morales y designada por Calderón Hinojosa, se inició la averiguación previa AP/PGR/UEIDCSPCA/FECCSPF-II/267/2012 por los delitos de enriquecimiento ilícito y operación con recursos de procedencia ilícita contra Moreira Valdés, su esposa Irma Vanessa Guerrero Martínez, y su suegro, Jaime Guerrero González.
Sin embargo, el 22 de octubre de 2012 –a un mes de entregar Calderón el poder a Enrique Peña Nieto–, en el oficio firmado por Beatriz Juárez Andrade y Ana Laura Trujillo González, “técnicos en asistencia”, “se autoriza en definitiva el no ejercicio de la acción penal”, con “el visto bueno de la maestra María Luisa Zúñiga Rojas, fiscal especial para el Combate a la Corrupción en el Servicio Federal de Justicia”.
Pese a esto, Calderón y ahora Anaya rechazaron que se haya exonerado a Moreira, el exgobernador de Coahuila acusado de endeudar a ese estado.
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