Desde hace 50 años, 16 comunidades indígenas de la zona de valles centrales en Oaxaca viven bajo un decreto que les impide hacer uso del agua. Se enteraron en 2005 cuando la CFE y Conagua reclamó un uso excesivo de energía y desde entonces reclaman su derecho a gozar de sus recursos naturales. A pesar de eso, la comunidad restauró sus pozos y supo llevar un proceso de consulta indígena que puede significar el primero que se realiza en México acorde a los procesos que la legislación nacional e internacional dicta.
Ciudad de México.- La Coordinadora de Pueblos Unidos en Defensa y por el Cuidado del Agua (Copuda) es una organización que aglutina a 16 comunidades zapotecas campesinas que habitan en los valles centrales en Oaxaca y que desde hace 50 años habita su territorio con una veda que desde 1967 limita el acceso justo al agua en la región.
Las comunidades organizadas en la Copuda recurrieron al proceso de consulta indígena. Hasta el momento en México no hay ningún caso de éxito en consultas indígenas, ya que siempre se registran tácticas por parte de los gobiernos municipales y estatales que empañan los procesos, de acuerdo con los activistas.
Pero la Copuda parece estar cerca de lograr la meta.
En los días pasados, como parte del proceso de consulta para modificar el decreto de veda de 1967, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en representación del Gobierno federal, dio su propuesta de cómo podía cambiarse el régimen de acceso al agua en los valles centrales.
Ahora esa propuesta la está analizando en este momento la Copuda para posteriormente emitir una opinión al respecto.
De acuerdo con Alfredo González Reyes, director de Programas de la organización Oxfam México, probablemente ésta tomará forma de decreto presidencial que invalida o modifica el decreto de 1967.
Por lo pronto, sólo se limita a una propuesta de cómo podría cambiar el régimen de acceso al agua en los valles centrales como respuesta al gobierno federal a la demanda de las 16 comunidades para que puedan tener acceso al agua.
Fueron 16 sobres cerrados los que entregó la Conagua a la Copuda y hasta el momento no se sabe si las propuestas responden estrictamente a las necesidades de las comunidades.
El proceso organizativo de las comunidades indígenas oaxaqueñas empezó hace 11 años atrás, debido a que enfrentaron una sequía que los obligó a extraer agua con mayor profundidad.
Estas comunidades, al momento de extraerla, utilizaron un mayor consumo de energía eléctrica y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) lo denunció a la Conagua. Fue entonces que esta institución les dio a conocer la existencia de un decreto de veda que data de 1967 en la región.
Este decreto se trató de hacer efectivo y las comunidades se organizaron porque el agua la utilizan para avicultura de subsistencia.
González Reyes comentó a SinEmbargo que la buena noticia es que la propuesta emitida recientemente por Conagua es formal y en caso de que la propuesta sea razonable, podría presentar un precedente a nivel nacional porque se trataría de la primera consulta indígena previa, libre e informada para modificar una legislación que afecta el territorio de población indígena en México llevada en forma, respetando los tiempos y las formas de deliberación de pueblos indígenas involucrados, con toda la información vertida.
“No es poca cosa porque es el Estado mexicano dialogando con respeto con comunidades indígenas sobre asuntos que atañen a sus condiciones de vida como pueblos originarios respetando sus formas de diálogo. Sería paradigmático […] Se estaría sentando un precedente para que muchos decretos de veda que hay en comunidades de Oaxaca y en todo el país, entren a discusión y se encuentre la mejor manera para que se tenga un acceso al agua de manera sustentable y eficiente”, comentó Alfredo González.
Agregó que ni la Conagua ni la CFE pueden asegurar que las comunidades utilizaban más agua. Además, se les debe de garantizar el agua para que puedan llevar a cabo sus actividades, porque tienen un aprovechamiento preferente sobre este bien común, que está consagrado en el Artículo 2 constitucional y en el 15.1 del Convenio 179 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
LA RUTA DE LA CONSULTA
Fue en 2005 cuando las comunidades de los valles centrales de Oaxaca se enteraron de dicha restricción. Ese problema disparó la migración, pero también fortaleció y configuró a la organización en su búsqueda de alternativas para recuperar el manto acuífero.
En los años 2007 y 2008 se tomaron las primeras acciones para la construcción de infraestructura para la captación de agua y en el 2009 las acciones realizadas comenzaron a dar frutos. En el año 2013 se dio un nuevo impulso a las acciones para la captación de agua y en 2015 la Comisión Nacional del Agua (Conagua) inició el proceso de consulta libre, previa e informada para la modificación del decreto de veda de 1967 que le ordenó realizar la primera Sala Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Acompañada de la organización Flor y Canto, empezaron a llevar un proceso legal y en el 2013 obligaron a la Conagua a llevar un proceso de consulta indígena en las 16 comunidades que se ven afectadas por el decreto de veda.
El proceso de consulta incluye diferentes etapas: la primera son una serie de acuerdos preliminares, luego una etapa informativa y finalmente una etapa deliberativa. En este caso, fue el 8 de febrero cuando se entró en una cuarta etapa, que es la consultiva.
Ese día, la comunidad zapoteca de San Pedro Apóstol y las autoridades de la Copuda, entregaron a la Conagua su propuesta, donde buscan obtener un manejo responsable acerca del agua.
“Se advierte que el elemento central es la prevalencia de un sistema político histórico insostenible que excluye y despoja a los pueblos y comunidades campesinas e indígenas de este bien común natural. Pese a este entramado jurídico y político que vive toda la ciudadanía, las comunidades y pueblos de campesinos e indígenas siempre hemos buscado una alternativa para solventar con todos los medios a nuestro alcance, la necesidad ineludible del vital líquido”, puede leerse en la propuesta.
Las comunidades utilizaron su agua para enfrentar la sequía; empezaron a construir obras de captación, como pozos, para la recuperación del acuífero. A lo largo del tiempo las comunidades notaron que se ha recuperado el acuífero en los últimos 10 años.
Las comunidades hicieron su parte; se han rodeado de especialistas, generaron sus propios medios para normar cómo se usa el agua y se han concientizado acerca del problema de la desigualdad en el acceso al agua y de cómo usarla de una manera sustentable.
La Copuda ha señalado que de acuerdo con la información entregada por la Conagua, ésta no cuenta con el conocimiento necesario, indispensable y suficiente para atender, restablecer y administrar de una manera eficiente el acuífero y además, su persistencia en la aplicación de la ley como único criterio para la administración, “nos permite constatar que entienden la administración del agua como una actividad formal y de escritorio, muy lejana a la necesidad de una intervención comprometida con decisiones que propicien su mantenimiento y cuidado, situación que además exige entender de otro modo la administración del acuífero”.
En esa propuesta le solicitan a esa institución y al Presidente de la República, que levanten el decreto de veda en lo que corresponde a la microrregión de Chamizal y Ocotlán.
Esta microrregión fue denominada por las comunidades como Stícanu Nisa (nuestra agua” en zapoteco).
Los pobladores solamente están pidiendo que se levante la veda para esta región, con la finalidad de introducirse en el uso, disfrute y administración del agua del subsuelo.
Las comunidades, dicen, se comprometen a elaborar una reglamentación de uso, administración, control e incluso, sanción al interior de cada una de las comunidades.
SinEmbargo
