La violencia contra las mujeres apenas ha ocupado espacio en los debates o en las propuestas de los candidatos
El Estado de México, el imponente cinturón de más de 17 millones de personas que rodea la Ciudad de México, comúnmente conocido como Edomex, es uno de los más mortíferos para las mujeres y en el que más desparecen.
Según distintas organizaciones, en los dos últimos años hubo 296 feminicidios, una cifra que se contradice con los datos oficiales de la Fiscalía local que señala que fueron, en realidad, 123 feminicidios. La violencia contra la mujer es de tal dimensión que cada hora es secuestrada una niña y las carreteras que cruzan la entidad acumulan cientos de carteles, afiches y espectaculares donde desesperadas madres ofrecen dinero por alguna pista que ayude a la localización de su hija.
En los últimos diez años se han denunciado un total de 2.367 mujeres y niñas en calidad de desaparecidas, no localizadas o extraviadas y/o ausentes. El rango de edad en el cual se concentran la mayoría de los casos es el comprendido entre los 15 y 17 años, según cifras de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
El asunto, sin embargo, sólo ocupó algunos segundos y fue pronunciado en cinco ocasiones durante el primer debate que sostuvieron los seis candidatos en liza. En el segundo debate, quince días después, ni siquiera eso.
Las mujeres, que proporcionan casi seis de los 11 millones de votantes del Edomex, no obstante, han sido un recurrente botín durante los dos meses de campaña. Los candidatos han propuesto desde un ‘salario rosa’ para las amas de casa hasta botones de pánico, una fiscalía especializada para la mujer, teléfonos de asistencia o cámaras en el transporte público. Medidas, algunas de ellas, criticadas por “folclóricas” y carentes de efectividad.
“Hay una invisibilidad total entre los candidatos y sus programas sobre la violencia contra las mujeres. Algunas de las propuestas que se hacen o son folclóricas e insultantes, como el salario rosa, o son, precisamente, las que no funcionan. ¿De qué sirve un teléfono las 24 horas si no está atendido por personal preparado? ¿De qué sirven las cámaras si no hay un mapeo con los lugares de mayor incidencia” se pregunta Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
“Las organizaciones de Derechos Humanos han hecho llegar un paquete de propuestas a los candidatos pero ninguno las ha incluido porque no hay voluntad real”, denuncia Estrada.
La ausencia del tema de los feminicidios y las desapariciones durante el debate público es aún más llamativo teniendo en cuenta que, en un suceso poco habitual en América Latina, tres de los seis aspirantes, son mujeres.
“En realidad las candidatas no han afrontado el tema porque no tienen propuestas reales y se limitan a proponer ajustes para maquillar el problema como botones de pánico o teléfonos de atención que no sirven, porque entrar a fondo del problema significaría cambiar aspectos fundamentales del Estado ya que estamos hablando de crimen organizado y redes de tráfico” añade Estrada.
Según su organización, entre 2015 y 2016 se registraron 626 asesinatos de mujeres. De ellos, solo 296 fueron clasificados como feminicidios y únicamente se lograron 10 sentencias en contra de responsables, datos que el OCNF considera que muestran el rezago que existe en la materia.
Actualmente en 11 de los 125 municipios del Edomex está vigente la Alerta de Violencia de Género. Precisamente la solicitud de esta alerta, llevada a cabo por diferentes organizaciones sociales se fundamentó en el señalamiento de “una violencia feminicida y sistemática, donde se vulneran los derechos de las mujeres que habitan o transitan por su territorio (…) el contexto es tolerado y fomentado por una cultura misógina permeada tanto en el actuar de la sociedad como en el de las autoridades estatales”.
Paradójicamente, aunque a lo largo de la campaña se han barajado todo tipo de alianzas políticas, ninguna de las candidatas planteó una alianza de género para convertir los feminicidios en un tema prioritario en los debates.
“Son mujeres en puestos de poder que tienen una voz y un micrófono delante. Tienen la posibilidad de gobernar y es triste que hayan silenciado el tema. Y esto es peligroso porque el silencio es cómplice y mata”, dice Ciani Sotomayor, nombrada en 2011 la primera subprocuradora para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género en el Estado de México, durante la administración de Enrique Peña Nieto como gobernador.
Ricardo Ruiz Carbonell, experto y asesor internacional en violencia contra las mujeres, señala que México ha suscrito todos los acuerdo internacionales posibles y ha puesto en marcha un marco legal que hasta el momento sólo opera sobre el papel ya que no cuenta con personal preparado. “Las dependencias no tienen expertos, psicólogos ni personal sensibilizado con lo que está sucediendo” señala.
Para Juan Carlos Gutierrez, coordinador de la asociación civil IDHEAS, “la invisibilización del feminicidio y la desaparición de mujeres en la actual campaña electoral, supone una terrible negación de la realidad y refleja la ausencia de voluntad política para afrontar el problema. Las y los candidatos están perdiendo una oportunidad única para asumir los retos que implica la alerta de violencia de género contra las mujeres, y proponer acciones gubernamentales de emergencia.
DIEZ CASOS DE FEMINICIDIO EN LO QUE VA DE 2017
Según cifras del Observatorio Nacional contra el Feminicidio (OCNF) entre 2015 y 2016 se registraron 626 asesinatos de mujeres. De ellos, sólo 296 fueron clasificados como feminicidios y únicamente se lograron 10 sentencias en contra de responsables. Los datos contrastan con los de la Fiscalía del Estado de México. Según éstas en 2015-2016 se contabilizaron 123 casos defeminicidios y en lo que va de año son 10 casos más y en los dos años solo 8 sentencias Según una nota que hizo llegar la Fiscalía a este periódico en los dos últimos gobiernos, Peña Nieto y Eruviel Ávila, ambos del PRI se ha realizado un “esfuerzo” por investigar los 321 casos de feminicidio que se tienen registrados entre marzo de 2011 y marzo de 2017 “de los cuales han sido judicializados más de 183 y se han obtenido 85 sentencias condenatorias, todas ellas de alta penalidad”.
El País
