OAXACA, Oax. (apro).- El exgobernador Gabino Cué Monteagudo debería ser procesado penalmente por “omisión impropia y acción criminal” en los hechos de Asunción Nochixtlán que dejó ocho muertos y 198 heridos, de los cuales 84 civiles presentan lesiones por disparos de armas de fuego, declaró el ombudsman de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo.
Luego de calificarlo de “traidor”, “mentiroso” y violador de derechos humanos, dijo que lo que pasó en Nochixtlán no tiene nombre y lo comparó con el hecho reciente de que Estados Unidos lanzó misiles de largo alcance en Siria y provocó dos muertos y 10 heridos, mientras que en el operativo fallido en la mixteca fueron ocho muertos y más de 100 heridos.
“Ese 19 de junio pudieron haber muerto más porque les tiraron a matar. Algunos de los heridos presentan lesiones por impacto de arma de fuego en la cabeza, el cuello, algunos se quedaron sin algunos de sus órganos. Entonces, no fue un hecho menor y ahí está la responsabilidad (de Gabino Cué), quien deben ser juzgado por omisión impropia”.
Y recordó: “Sí, yo trabajé con él porque hay una parte que nos convenció cuando hizo el compromiso de pacto social donde dijo que en su gobierno no utilizaría las balas y la sangre (como lo hizo Ulises Ruiz Ortiz en el 2006) y finalmente traicionó a Oaxaca por los muertos que provocó.
Ciertamente, Gabino Cué Monteagudo, en su discurso de toma de protesta, afirmó: “… nunca más un gobernador que abuse del poder público para beneficio personal o el interés de un grupo en detrimento de la población en su conjunto…”, afirmó, y más aún: “Nunca más el uso de la fuerza pública para reprimir. Nunca más el uso de la fuerza pública para callar demandas sociales”.
Peimbert Calvo agregó que “como oaxaqueño me siento traicionado porque no había visto algo así en Oaxaca. Esta saña no la había visto. Las hijas y la familia de los caídos son revictimizados con amenazas hostigamientos y nuevos atentados”.
Además, aclaró que este caso no es de la Sección 22 porque “recuerdo a uno o dos víctimas (del magisterio) y los demás son albañiles, balconeros, comerciantes, catequistas, gente del pueblo”.
Insistió en que “hay evidentes responsabilidades sobre el operativo y la responsabilidad tendría que ser penal y frente a esta evidencia la Procuraduría General de la República (PGR) debería de tener detenidos por omisión impropia y acción criminal”.
Explicó que “Gabino reconoce su responsabilidad frente al operativo cuando dice que pidió la intervención de la fuerza pública. También mintió cuando dijo que los policías no iban armados cuando las evidencias conforman que sí iban armados”.
Sin embargo, Cué no es el único responsable de este fallido desalojo sino que se debe revisar de manera particular las actuaciones de funcionarios, como su entonces secretario de Seguridad Pública, Jorge Alberto Ruiz Martínez, primo del exgobernador Ulises Ruiz Ortiz, quien tiene una responsabilidad mayúscula y no conforme “criminalizó” el trabajo de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca al afirmar que “tiene que revisarse (la actuación de la defensoría) pues cobija a organizaciones y colectivos defensores de derechos humanos”.
De igual forma, dijo, tiene responsabilidad el exfiscal general de Justicia, Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, por su forma de proceder y omisiones inmediatas porque ocultó algunas diligencias a la PGR, es decir, tenían 43 carpetas de investigación en el orden local y no las entregaron.
Asimsimo, señaló que en el orden federal estaba Enrique Galindo, que hizo declaraciones fuertes diciendo que no utilizaron armas de fuego, pero lo más grave es que el operativo careció de inteligencia, progresividad y racionalidad y ahí están los 8 muertos y más de 100 heridos de bala.
En tanto, en el orden municipal se le debe fincar responsabilidad a Daniel Cuevas porque como presidente municipal la situación se desbordó y terminó con el incendio del Palacio y muchos expedientes.
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