Este lunes, el presidente Donald Trump enfrentó dos golpes: una demanda de fiscales de Maryland y Washintong, por supuestamente no desligarse por completo de sus empresas tras tomar posesión. También un tribunal confirmó la suspensión del decreto que impedía la entrada de migrantes musulmanes al país.
El Tribunal de Apelaciones de San Francisco confirmó este lunes 12 de junio la suspensión del decreto anti-inmigración de Donald Trump, por parte de una corte federal de Hawai, en un nuevo revés al presidente estadounidense en esta controvertida medida, considerada discriminatoria contra los musulmanes.
La corte federal de apelaciones del 9º circuito mantuvo en gran parte el bloqueo impuesto a la medida por un tribunal de menor jerarquía, aunque expresó que el gobierno tiene el derecho de revisar el proceso para impedir la entrada de viajeros al país.
“La inmigración, incluso para el presidente, no es resorte de una sola persona”, señala la decisión. “El presidente, al emitir una orden ejecutiva, excedió el alcance de la autoridad delegada en él por el Congreso”.
“Confirmamos la decisión” que bloquea un decreto presidencial prohibiendo la entrada a Estados Unidos de “ciudadanos de seis países por 90 días”, escribió la corte de apelaciones de San Francisco (California).
“El tribunal de primera instancia no abusó de su poder al establecer una suspensión preliminar nacional”, agrega el documento.
La corte cita un informe del Departamento de Seguridad Nacional, que señala que la nacionalidad “no es un indicador fiable de la potencial actividad terrorista” y que los ciudadanos de los países cubiertos por el decreto (Irán, Somalia, Libia, Siria, Sudán y Yemen) “raramente están implicados en actividades terroristas en Estados Unidos”.
El Tribunal considera en particular que el presidente no ha demostrado suficientemente que la entrada de los ciudadanos de los seis países mencionados, de población en su mayoría musulmana, “perjudicaría los intereses de Estados Unidos”.
La argumentación recuerda además que el presidente Trump, en un tuit del 5 de junio, declaró: “necesitamos una prohibición de viaje (a EEUU) para algunos países PELIGROSOS”, sin explicar exactamente por qué o cómo sus ciudadanos podrían amenazar a Estados Unidos.
En una conferencia de prensa el lunes, el portavoz del gobierno Sean Spicer señaló que el presidente estaba estudiando el fallo del tribunal de San Francisco, que ha criticado en repetidas ocasiones, y que el gobierno “sigue creyendo que el decreto presidencial es legal y será mantenido por la Corte Suprema”.
El propio presidente presenta la medida como necesaria para luchar contra el terrorismo y ha apelado a principios de junio a la Corte Suprema, el más alto tribunal de Estados Unidos, para tratar de revivir el decreto.
El ministro de Justicia del estado de Washington (oeste), Bob Ferguson, al frente de la lucha contra la criticada medida, saludó la suspensión del decreto “anti-constitucional”, según dijo.
A fines de enero, la primera versión del decreto, por el que Trump quería cerrar las fronteras de Estados Unidos a todos los refugiados y ciudadanos de siete países de mayoría musulmana por 90 días, había provocado una onda de choque en el mundo y un caos en los aeropuertos estadounidenses.
Su aplicación fue suspendida el 3 de febrero por un juez federal en Seattle (Washington, oeste). La segunda versión del decreto -que redujo la lista de países prohibidos a seis, sin Irak- también fue bloqueada por la Justicia.
Este lunes, el ministro de Justicia de Hawai también llamó a los nueve jueces de la Corte Suprema a mantener el bloqueo del decreto, que “carga en forma desproporcionada contra los estadounidenses musulmanes y denigra el Islam”, mientras erosiona la libertad religiosa.
Fiscales demandan a Trump por violar leyes anticorrupción al recibir dinero extranjero
Fiscales de Maryland y Washington demandaron al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con la acusación de que presuntamente violó leyes anticorrupción al aceptar pagos de gobiernos extranjeros a su imperio empresarial, siendo ya mandatario estadounidense, reportó el diario The Washington Post.
La demanda se basa en la denominada ‘cláusula de retribuciones’, que prohíbe a los altos funcionarios estadounidenses recibir regalos u otros pagos de gobiernos extranjeros.
Una ONG de defensa de la ética ya había presentado en enero una acción judicial similiar, pero ésta es la primera por parte de instituciones públicas.
Los fiscales generales del estado de Maryland y de la capital federal presentaron la demanda el lunes ante un tribunal de distrito, informó el diario Washington Post. Su acusación se centra en que Trump ha roto su promesa de separar sus deberes públicos de sus intereses privados, sin deslindarse del todo de sus empresas, y con estas recibiendo dinero de gobiernos extranjeros.
Eric Trump, hijo del presidente, ha dicho que su padre seguiría recibiendo actualizaciones sobre la salud financiera de su compañía, apuntó The Washington Post.
La cláusula de retribuciones ordena que “el presidente ponga en primer lugar al país y no su interés personal”, dijo el fiscal de Maryland, Brian Frosh, al diario estadounidense considerando que Trump no separó sus intereses de sus obligaciones presidenciales.
Este anuncio se suma a los otros problemas del mandatario, enfrentado a investigaciones del congreso y la fiscalía sobre los presuntos vínculos de su campaña con Rusia. Según las agencias de inteligencia estadounidenses, ese país interfirió de forma agresiva en la elección de 2016 para que ganase Trump.
Desde que llegó a la Casa Blanca en enero, el magnate neoyorquino cedió el control de su imperio empresarial a sus hijos adultos, pero no vendió sus bienes como pedían muchos estadounidenses para evitar todo conflicto de interés.
El Washington Post citó ejemplos de gobiernos extranjeros que mostraron preferencia por un hotel abierto por Trump el año pasado cerca de la Casa Blanca, frente a otros de la zona.
AFP
