Ha pasado un mes del asesinato de Javier Valdez y del reclamo a nivel nacional e internacional por el crimen. La Fiscalía Genera del Justicia de Sinaloa y la PGR realizan investigaciones que no han dado con un solo detenido y se ha ofrecido una recompensa para que la ciudadanía dé información para dar con el paradero de los responsables.
El director de Ríodoce, Ismael Bojórquez, medio para el que trabajaba y ayudó a fundar Valdez, sostiene que parece que las autoridades “no tienen ellos mismos una claridad respecto de dónde pudo haber venido el crimen”.
Alejandro Sicairos Rivas, presidente de la Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de Junio, considera que la apuesta oficial es que el caso quede en la impunidad. “Salvo que ellos nos quieran tapar la boca presentando a los culpables materiales e intelectuales ante los tribunales”.
Hoy, una vez, más los periodistas saldrán a las calles paran exigir justicia no sólo para el periodista sinaloense sino por todos sus colegas asesinados.
Ciudad de México.- A un mes del asesinato del periodista sinaloense Javier Valdez Cárdenas, la investigación sigue en etapa de integración, ninguna persona ha sido detenida y, como único avance oficial, se ha reportado la trayectoria de las balas en el cuerpo de la víctima.
Desde el pasado 15 de mayo, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la Procuraduría General de la República (PGR) indicó que abrió una carpeta de investigación paralela a la iniciada en Sinaloa por la Fiscalía General del Estado.
Ninguna de las dos instituciones, sin embargo, ha mostrado contar con más diligencias que una “recreación de los hechos”, registrada la semana siguiente del crimen, delante de los medios de comunicación y de la que sólo se desprendieron datos de la necropsia.
“Lo único que esquematizamos es la dirección del arma de fuego, en la anterior versión señalaba que era la versión donde vieron ustedes a dos victimarios, era la versión de las testimoniales por eso también se tiene que recrear; sin embargo, lo objetivo es desde dónde le disparan y las distancias”, dijo el titular de la Coordinación General de Servicios Periciales de la PGR, Anselmo Apodaca Sánchez, el 22 de mayo, fecha del único reporte oficial sobre la investigación.
Ante la falta de avances, la Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de Junio, de Sinaloa, decidió retirarse de una supuesta “mesa de seguimiento” a la investigación que, sin embargo, dice el presidente de la organización, Alejandro Sicairos Rivas, se reunió en sólo dos ocasiones y en ninguna observaron indicios de que el Gobierno del Estado o la FEADLE fueran a esclarecer el crimen.
Ni los cuestionamientos de si tenían retratos hablados o citatorios para tomar declaraciones pudieron ser respondidos por las autoridades ante los periodistas de la mesa de seguimiento, dice Sicairos en entrevista, y ni aun si habían ya descartado de manera oficial la línea del robo del vehículo como móvil del asesinato.
“No hemos regresado porque, ahora, en el cierre de junio, preguntaron si queríamos reunirnos con ellos, y yo le pregunté (al Fiscal del Estado) ‘tienen avances concretos’ (dijo) ‘no, queremos escucharlos a ustedes’. ‘A nosotros ya nos escucharon mucho, porque estamos gritando todos los días, frente a catedral, a través de mantas, a través de pintas de todo tipo, estamos gritando lo mismo. O sea, no tiene caso reunirnos a decir otra vez lo mismo y que ustedes no hablen. Ustedes son los que tienen que hablar y decir cómo va la investigación”, relata Sicairos, también, como la víctima, fundador del semanario sinaloense Ríodoce.
“Entonces, en estos momentos, por lo que tenemos de elementos, todo lo que sabemos es que esto va directo a la impunidad; no hay ninguna señal o indicio de que estén haciendo las cosas bien y creo que ya están apostando a que se olvide, que atraiga la PGR el expediente y que aquí dejemos de estar moliendo y que esto ya, pasen los años, los meses”, agrega.
De 50 años, Javier Valdez Cárdenas, corresponsal del periódico La Jornada y reportero de Ríodoce, fue asesinado el pasado 15 de mayo en la calle Riva Palacio, de la ciudad de Culiacán, generando reacciones de protesta tanto en Sinaloa como México y diferentes partes del mundo.
Ocurrió a menos de dos meses del asesinato de su compañera corresponsal de La Jornada, la periodista chihuahuense Miroslava Breach Velducea, a pocas horas de que un grupo de foto-reporteros fueran emboscados en Guerrero y tres días antes de que otro periodista, Salvador Adame Pardo, fuera secuestrado en el Estado de Michoacán.
Antes, también en 2017, habían sido asesinados los periodistas Cecilio Pineda Brito, en Altamirano, Guerrero; Ricardo Monlui Cabrera, en Yanga, Veracruz; Maximino Rodríguez, en La Paz, Baja California Sur, y Filiberto Álvarez Landeros, en Morelos.
Después del crimen de Javier Valdez, el mismo 15 de mayo, en Autlán, Jalisco, fue asesinado el reportero Jonathan Rodríguez Córdova y, el 25 del mismo mes, fue asesinada Yudith Paula Santiago, locutora de Radio Comunitaria Unión Zapata, en Oaxaca.
La frecuencia de estos ataques, que suman más de cien desde 2000, convirtieron este año a México en el país más peligroso para el periodismo en todo el mundo, con más asesinatos de reporteros incluso que naciones en guerra, como Siria o Irak.
En el fondo de la problemática, han advertido por años diferentes organizaciones defensoras de la libertad de expresión, se encuentra la impunidad en la que han quedado hasta el 99.7 por ciento de los asesinato de periodistas mexicanos.
Y fue precisamente para evitar que el crimen de Javier Valdez siguiera el mismo camino de la falta de castigo, dice Sicairos, que los periodistas de Sinaloa exigieron y acordaron con el Gobierno del estado la creación de la mesa de seguimiento a la investigación.
Pero, ante la falta de resultados y los argumentos de secrecía alrededor de la investigación dados por el Gobierno estatal, los periodistas advirtieron desde la primera semana posterior al crimen que se retirarían de la “mesa”, por lo que, el día 22, dice Sicairos, la FEADLE y el Gobierno del estado presentaron la “recreación” de los hechos.
“Fue un montaje, en efecto, para quitar la presión”, dice. “Fue algo para el manejo mediático, pero no supimos qué resultado tuvieron; sólo sabemos que les tomaron fotos ahí, que hicieron una especie de comedia y ya”, agrega el periodista.
“GUERRA MEDIÁTICA”
Desde el 22 de mayo, el director de Ríodoce, el periodista Ismael Bojórquez, escribió en su columna que la publicación había entrado en una “guerra mediática” iniciada por los grupos del crimen organizado que operan en el estado de Sinaloa.
La incursión en los medios había iniciado en un contexto de aumento de la violencia en la entidad y que el periodista atribuyó a la disputa interna de la organización criminal generada a partir de la reaprehensión de Joaquín “el Chapo” Guzmán, en enero de 2016.
En febrero de este año, una fracción de la organización, que Bojórquez identifica como “los hijos del Chapo”, envió una carta al noticiero nacional del periodista Ciro Gómez Leyva para acusar a la fracción contraria, atribuida a Dámaso López Núñez, o “El Licenciado” –que habría ayudado en las dos fugas de “El Chapo”), de un ataque a balazos el día 4 de febrero.
“El Licenciado”, por su parte, escribió Bojórquez en su texto, “busca espacio en dos impresos de Sinaloa, Ríodoce y La Pared, a quienes concedió entrevista vía mensajes telefónicos, donde se deslinda del ataque que los Chapitos le atribuyeron. La entrevista la hizo Javier, pues a él lo habían buscado”.
Los síntomas de intimidación al medio y a Valdez llegaron en ese contexto, reportó Bojórquez, debido a que “los hijos del Chapo se enteraron que habíamos entrevistado a Dámaso y presionaron a Javier para que el trabajo no se publicara”.
Ante la negativa de Ríodoce, agregó el texto, los mismos presuntos delincuentes “le hablaron porque querían comprar toda la edición, pero tampoco se les concedió. Y entonces optaron por seguir —en Culiacán y Mazatlán— al personal que entrega los ejemplares en las tiendas y en cuanto los dejaban contra recibo, ellos los compraban”.
Los días siguientes, informó Bojórquez, él y Valdez acordaron que éste debía salir de Culiacán, y así lo planteó la víctima ante organizaciones internacionales –como el Comité para la Protección de Periodistas– que le propusieron salir de México, y con La Jornada, que luego del asesinato de Miroslava Breach le propuso “algo semejante” pero sin que se concretara.
“Con los días, las cosas parecían haberse calmado. La detención de Dámaso López Núñez (el 2 de mayo) cargaría los dados hacia un lado y era de sentido común esperar una pax narca. Lo comentamos el mismo lunes por la mañana antes de que lo mataran. Pero estábamos equivocados”, escribió Bojórquez.
“Como nos equivocamos también al entrevistar a Dámaso, porque de esa forma nos metimos a una guerra mediática que no era nuestra, provocando el disgusto —sin que fuera nuestra intención—de la otra parte. Por eso el decomiso de los ejemplares del domingo 19”, agregó.
En entrevista, Bojórquez informó que, si bien esta información ha sido expuesta a las autoridades ministeriales, sobre todo a la FEADLE, aún no tienen conocimiento del curso que ha seguido esta línea de investigación.
“Nosotros les ayudamos con eso y otras cosas, pero sobre cómo ha evolucionado el seguimiento de esta línea de investigación no tenemos conocimiento, porque han sido muy prudentes, no han querido, dicen ellos, generar expectativas en nosotros sobre determinadas líneas; (dicen que) ‘todas las líneas están abiertas’, ‘todas las líneas tenemos que agotarlas’, y vienen, nos piden información, etcétera, pero no sueltan mucho porque dicen ellos que quieren armar con mucho cuidado la carpeta para que en un momento, si hay un juicio, no se les vaya a caer”, dijo Bojórquez.
–¿Qué tanta confianza les genera la investigación? –se le preguntó.
“Nosotros, en general, somos muy desconfiados de las instituciones. Tú sabes cuál es la historia de las instituciones y sobre todo en los casos de alto impacto. Tenemos Ayotzinapa, tenemos el asesinato mas reciente de Miroslava en Chihuahua y, en la mayoría de los casos, las instituciones no han respondido, llámese Segob [Secretaría de Gobernación], llámese PGR, llámese fiscalías estatales”, dijo.
Ni la Fiscalía General del Estado de Sinaloa ni la FEADLE respondieron a las preguntas específicas sobre este contexto de “guerra mediática” en el que se registró el crimen de Javier Valdez, respecto al cual el titular de la fiscalía especializada federal, Ricardo Sánchez del Pozo, sólo informó públicamente durante la conferencia de la recreación de los hechos que “todo el trabajo periodístico de Javier Valdez se ha analizado y se está analizando”.
Daniel Gaxiola, vocero de la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa, dijo por su parte que lo presentado durante la conferencia del 22 de mayo “es lo único que se va a compartir” públicamente debido a la reserva en la que debe mantenerse la carpeta de investigación.
Y, el pasado martes, la PGR emitió el acuerdo por el que ofrece 1.5 millones de pesos de recompensa a quien aporte información sobre el o los autores de este y otros cuatro crímenes cometidos contra periodistas este 2017.
El monto por cada uno de los periodistas afectados es de 1 millón 500 mil pesos, y que será entregado de manera proporcional en relación con la veracidad, utilidad, eficacia y oportunidad que la información aportada haya representado para la localización de los agresores, publicó la dependencia en el Diario Oficial de la Federación.
SINALOA: VIOLENCIA Y EJÉRCITO
El crimen de Valdez Cárdenas se registró en el que resultó ser el mes más violento de Sinaloa desde al menos 2011. En una escalada de asesinatos que el Gobierno federal también considera parte de la disputa interna en la organización criminal denominada Cártel de Sinaloa, mayo cerró con 184 asesinatos dolosos, o casi seis diarios, y un 84 por ciento más que los cien registrados en mayo de 2016.
Además de esta disputa interna, en Sinaloa se registró desde enero pasado un aumento en la presencia castrense posterior al cambio de mandos en la tercera Región militar –donde el general Juan Ernesto Antonio Bernal Reyes sustituyó a Alfonso Duarte Mújica– y que ha llegado a sumar dos mil 200 elementos.
El reforzamiento militar, de acuerdo con lo que informó en febrero el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se presentó a petición del nuevo Gobernador, Quirino Ordaz Coppel, y “ante la debilidad institucional que se tiene en muchos municipios y en muchos estados”.
La violencia, sin embargo, no hizo más que incrementarse en la entidad: de 118 asesinatos dolosos en enero, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado, a 124 en febrero, 143 en marzo, 148 en abril y 184 en mayo.
“NOS PEGARON EN EL CORAZÓN”
Javier Valdez Cárdenas fue el periodista que, desde la entidad sede de la que se considera una de las mayores organizaciones del narcotráfico en el mundo, publicó la mayor cantidad de libros sobre esta problemática.
Miss Narco, Los morros del narco, Con una granada en la boca, Levantones: historias reales de desaparecidos y víctimas del narco y, el más reciente, Narcoperiodismo, fueron algunos de los títulos editoriales que escribió desde 2007, a la par que mantuvo su trabajo de corresponsal para La Jornada y de periodista en Ríodoce, el semanario que fundó junto a Bojórquez y Sicairos en 2003 y donde también publicaba su columna semanal titulada “Mala yerba”.
El mensaje que escribió en su cuenta en la red social Twitter el 25 de marzo, luego del asesinato de Miroslava Breach Velducea, mostró su posición ante las amenazas de muerte y ha sido utilizado como lema de las protestas contra su asesinato: “A Miroslava la mataron por lengua larga. Que nos maten a todos, si esa es la condena de muerte por reportear este infierno. No al silencio”.
El crimen impactó en un amplio sector de la comunidad periodística mexicana, una de las más golpeadas en el mundo por la violencia que ha cobrado la vida de más de cien reporteros desde 2000.
“Hoy nos pegaron en el corazón”, tituló Ríodoce un editorial el día del crimen. “Es un golpe demoledor para nosotros, para su familia, pero también para el periodismo, el sinaloense, el mexicano, sobre todo ese que investiga, escribe y publica en libertad”, agregó el texto.
El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, respondió el miércoles posterior al asesinato con una reunión extraordinaria con los titulares de los Ejecutivos estatales y el anuncio de una lista de “acciones para la libertad de expresión” que, sin embargo, se basa en el reforzamiento de instancias ya existentes, como el mecanismo de protección de la Secretaría de Gobernación y la propia FEADLE, que tiene un índice de impunidad mayor al 99 por ciento.
Esta respuesta del Ejecutivo federal, además, no sólo fue considerada por periodistas y organizaciones como tardía y superficial, sino tan poco efectiva que, al día siguiente del anuncio, el periodista y propietario de un canal de televisión local, Salvador Adame Pardo, fue privado de su libertad en el municipio de Múgica, Michoacán, sin que a la fecha se conozca su paradero.
En Sinaloa, mientras, los colegas de Javier Valdez ven lentitud en la investigación y, de acuerdo con Sicairos, la apuesta oficial es para que quede en la impunidad, como el resto de los casos. “Salvo que ellos nos quieran tapar la boca presentando a los culpables materiales e intelectuales ante los tribunales”, dice Sicairos.
“Lo que podemos decir ahora, a la vuelta de casi un mes del asesinato de Javier, es que no vemos claridad en cuanto a que el crimen se esté resolviendo. Nos parece que van lentos, nos parece que no tienen ellos mismos una claridad respecto de dónde pudo haber venido el crimen”, agrega Bojórquez.
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