Los mareos, dolores y hemorragias no le han permitido a Deodoro Medina Ramírez volver a trabajar, mucho menos jugar futbol. A consecuencia de una bala expansiva, le extrajeron el bazo y el apéndice. Y desde hace un año, él y más de 53 heridos de Nochixtlán siguen sufriendo las secuelas de la agresión de la Policía Federal y las fuerzas de seguridad de Oaxaca.
Mañana, al cumplirse un año del operativo que dejó ocho civiles muertos, 108 heridos y 23 detenidos, las víctimas conmemoran el primer aniversario sin haber tenido acceso a la justicia. Ninguno de los policías agresores ha sido encarcelado por estos crímenes.
El balance de esta masacre cometida por el Estado es malo. Hasta hoy, no hemos podido avanzar en ninguno de los rubros, ni siquiera en el aspecto de salud, mucho menos en la cuestión judicial. Nos hemos topado con una cerrazón del gobierno federal y con impunidad total, dice el profesor Santiago Ambrosio Hernández, presidente del Comité de Víctimas 19 de Junio de Nochixtlán.
Hace tres meses, el profesor Ambrosio Hernández sufrió un ataque, un intento de homicidio, cuando su coche fue baleado por personas que se trasladaban en un vehículo no identificado. Una de las balas lo hirió en la pierna derecha.
No fue la primera agresión. Ayer, el monumento de lo que llaman la masacre de Nochixtlán recibió varios impactos de bala disparadas desde un vehículo en movimiento: Desde hace un año, la constante ha sido la impunidad, el hostigamiento y las amenazas. Nos han venido a tirar el monumento dos veces.
Ante estos hechos, las víctimas han solicitado medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el pasado 13 de junio presentaron una demanda contra el Estado mexicano por ejecuciones extrajudiciales.
El profesor añade: En México no le vemos futuro al caso, por tanto, hemos decidido seguir. Tenemos tres objetivos: justicia, verdad y castigo a los culpables. No vamos a ceder. La sangre derramada de nuestros compañeros no es una moneda de cambio, ni está a negociación. Exigimos justicia.
Heridos y mutilados
El 19 de junio del año pasado, más de 800 policías federales y policías de Oaxaca desalojaron a profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y padres de familia que protestaban por la reforma educativa de Enrique Peña Nieto.
Imágenes y videos mostraron que los policías abrieron fuego indiscriminado contra la población, aunque en un principio los agentes de seguridad señalaron que no portaban armas ni toletes. Después de la difusión de las imágenes, las policías Federal y de Oaxaca reconocieron que usaron armas cuando unos radicales dispararon.
En este operativo fueron ejecutadas ocho personas y 53 resultaron heridas. La atención médica fue deficiente desde el principio, afirma el profesor Ambrosio Hernández, al señalar que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, llevó una brigada médica, pero no fue lo que esperaban:
Fue una vil burla porque sólo trajo médicos generales que no ayudaron porque no conocían la dimensión de lo que habían hecho en Nochixtlán. Estuvieron dos días, trajeron nomás jabón y agua para limpiar heridas. Y lo peor, no trajo ningún especialista.
Comenta que durante estos 12 meses tampoco ha funcionado la atención en hospitales públicos, situación que se ha agravado en quienes han sufrido una mutilación: Campa nos hizo el compromiso de llevar a los heridos a nivel nacional o al extranjero. Eso nunca lo cumplió. Ocho compañeros están perdiendo sus extremidades, como brazo o pierna, porque no tuvieron rehabilitación y los dieron de alta sin el debido tratamiento.
Sobre la intervención de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) dijo que ha sido un rotundo fracaso, ya que tampoco cumplió: Tenemos 35 compañeros a quienes no les han dado el rembolso de sus gastos médicos. La CEAV no ha querido atender a los heridos ni hacer uso de ese fondo.
Indica que los lesionados más graves fueron entonces atendidos por médicos particulares de Tehuacán y la CEAV se comprometió a rembolsar los gastos: Simple y sencillamente no han pagado nada. Además, los compañeros necesitan la contención sicológica, pero no la han recibido, a pesar de haber pasado un año.
El acceso a la justicia ha sido una batalla de las víctimas que no ha dado frutos: La PGR lo único que han hecho es recibir declaraciones de los policías, pero no han querido recibir la denuncia de las víctimas. No hemos podido avanzar en nada, lo único que hemos tenido es represión con el delegado de la PGR, el señor (Javier Martín) Villanueva, quien viene a intimidar con pistola en mano. La procuraduría quiere fraccionar el caso, quiere tomar cada caso por separado, como un hecho aislado.
Lo único que supieron las víctimas fue que el policía que disparaba y apareció en un video fue detenido, pero quedó libre 48 horas después: Nos extraña que la PGR haya dicho que hay 13 procesados porque no quiere dar nombres, ni información y lo mantienen oculto, por lo cual creemos que es otra mentira de la procuraduría.
Nueva vida
La mayoría de los 53 heridos sufren secuelas físicas y sicológicas. Deodoro Medina Ramírez recuerda que acompañó la protesta por la reforma educativa desde el cementerio y fue cuando recibió los balazos.
Tiene 25 años y era ladrillero, oficio que realiza su familia por tradición: Me operaron y me extrajeron el bazo y el apéndice. Nunca fui atendido como corresponde. Y he tenido consecuencias debido a los órganos que me quitaron. Tengo muchos mareos, dolores y vómitos.
Desde hace un año ha cambiado radicalmente su dieta y debe cuidarse del clima: El frío y el sol me hacen daño, incluso he tenido hemorragias por el calor, porque no estoy bien. A un año, no tenemos la atención médica necesaria. Hay compañeros que están perdiendo las piernas.
Comenta que el gobierno miente cuando dice que los indemnizaron: Eso simplemente fue un rembolso al principio, pero en mi caso sólo cubrió la mitad de lo que mis familiares pagaron en el hospital. Y no nos dieron el resto.
Con tristeza señala que no ha habido justicia para los heridos ni para los asesinados: Nomás hemos tenido impunidad, ahora sí porque los policías están al servicio de los gobiernos federal, estatal y municipal. A pesar de mi estado de salud yo voy a seguir en la lucha por exigencia de justicia para nuestra heroica ciudad de Nochixtlán y para todos nuestros camaradas que fueron heridos y asesinados por el Estado.
Aarón José Cruz Reyes tenía 17 años cuando decidió apoyar la manifestación de la CNTE y una bala expansiva le entró en la pierna derecha.
Desde aquel 19 de junio del año pasado todo en su vida ha cambiado: Estoy limitado para hacer lo que antes hacía. Por ejemplo, la pierna no la puedo doblar, no me puedo agachar, ni correr, saltar o brincar, que eran las actividades deportivas que siempre practicaba.
Es estudiante de preparatoria y utiliza un bastón para desplazarse. Su tratamiento médico y de rehabilitación en clínicas privadas ha sido muy costoso: La bala me quebró el fémur, me dañó la arteria femoral y debido a los fragmentos de la bala me dañó los cuádriceps y tuvieron que quitarme la mayor parte.
Aarón José practicaba kung fu, uno de los deportes que más le gusta: Hemos suplicado para que el Estado nos rembolsé los gastos y no nos hacen caso. Todo me ha afectado bastante. Entré en depresión porque no puedo trabajar, no puedo caminar largas distancias, no puedo hacer deporte. Me levanto con dolores. Sinceramente esos policías deben recibir un castigo, no se pueden ir como si no hubiera pasado nada.
La Jornada