A un año de los hechos ocurridos en el municipio de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, cuando pobladores y maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se enfrentaron con agentes de seguridad pública, tras intentar despejar el bloqueo a la carretera de Oaxaca a Cuacnopalan, no hay indicios de que la Policía Federal haya realizado disparos con arma de fuego contra los civiles, encapuchados y maestros.
Las investigaciones periciales de balística no han podido determinar o proporcionar elementos que confirmen que algún elemento de la División de Gendarmería haya utilizado armas de fuego la mañana del 19 de junio, debido a que los casquillos encontrados no coinciden con el equipo de las fuerzas federales.
También se realizó una ubicación satelital de los celulares de los gendarmes para saber en qué momento llegaron al lugar del enfrentamiento en apoyo a las autoridades estatales, lo que arrojó el dato de que al momento de los disparos por parte de las autoridades, los agentes aún no se encontraban en el sitio; no obstante continúa la investigación abierta para deslindar responsabilidades.
Por esos hechos el número de lesionados oficiales fue de cerca de 200 personas y ocho civiles perdieron la vida.
Un reporte de la Procuraduría General de la República (PGR) con fecha al 25 de mayo de 2017, señala que se han realizado 5 mil 797 diligencias en 41 visitas a la zona de los hechos y sólo han sido detenidas 13 personas.
En seis de las carpetas de investigación, iniciadas a través de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA), la procuraduría ha realizado 979 entrevistas y se han tomado 591 declaraciones ministeriales.
La última vez que la PGR intentó ingresar al poblado a realizar diligencias periciales, personal de la dependencia tuvo que retirarse del lugar ante la convocatoria de Comité Ejecutivo de la CNTE para “vigilar” las acciones.
EL 20 de febrero la PGR anunció que suspenderían las investigaciones del equipo de la delegación estatal ante el temor de provocaciones. “Toda vez que la práctica de actos de investigación debe materializarse en un contexto de seguridad, en vista del comunicado antes precisado y para evitar provocaciones y entornos que comprometan la integridad física del personal investigador, aunado al incumplimiento del acuerdo consistente en que las víctimas de lesiones presentarían sus denuncias a más tardar en este día, se suspende la realización de los actos de investigación programados para el día de mañana 21 de febrero de 2017”, informó entonces la PGR en un comunicado.
El informe que entregó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a los legisladores en febrero pasado, señala que las policías locales eran las que iban armadas.
En total participaron 580 efectivos; de los que 399 eran policías federales, 400 estatales y 50 de la agencia estatal de investigación de la Fiscalía de Oaxaca; la corporación estatal fue la que tomó en un inicio la primera línea de avance para liberar las vías de comunicación.
La CNDH realizó pruebas, por medio de servicios periciales, de 89 armas de fuego de los policías que se encontraban en el lugar; sin embargo, hasta el momento se desconoce el resultado.
También abrió 32 carpetas de investigación por las lesiones que sufrieron los policías durante el desalojo así como por daños a las vías de comunicación, de las que tampoco se conoce su avance.
Hasta febrero, la PGR no había entregado a la CNDH copia de otras carpetas de investigación que aunque están relacionadas con los hechos del 19 de junio de 2016, no fueron incorporados a la averiguación principal.
La CNDH recabó hasta ese mes 830 actas circunstanciadas, de las cuales 571 corresponden a los hechos suscitados en Nochixtlán, 43 a Huitzo y Telixtlahuaca, 92 en Hacienda Blanca y Vigueras, que incluyen testimonios de diversas personas, familiares de fallecidos, testigos de los hechos, lesionados, detenidos, afectados por gases lacrimógenos, personas reportadas como no localizadas, afectados en sus bienes, personal de salud de instituciones públicas y médicos particulares, comerciantes y taxistas.
División política en tensión
Mientras tanto, los intereses políticos involucrados han dividido al pueblo entre las víctimas y sus familiares, quienes demandan mantener a toda costa las evidencias físicas del enfrentamiento, “los que apoyan al magisterio”, como les dicen en el pueblo; y quienes exigen que la vida cotidiana se normalice y se levanten las evidencias.
Según los habitantes, 88 personas resultaron con algún tipo de herida ocasionada por balas y algunos de ellos viven con las esquirlas enquistadas en el cuerpo, señala el Comité de Víctimas de Nochixtlán (Covic).
Fallecieron ocho personas: Jesús Cadena Sánchez, Óscar Luna Aguilar, Yalid Jiménez Santiago, Anselmo Cruz Aquino, Óscar Nicolás Santiago, Silvano Sosa Sánchez, y Jovan Azarel Galán Mendoza.
Sus familiares no han recibido contención sicológica y la PGR no ha podido tomar declaraciones a los civiles que estuvieron presentes o participaron en el enfrentamiento ni ha llevado a cabo las diligencias para saber qué pasó en ese lugar.
“Hasta ahorita ninguna de las víctimas ha tenido contención sicológica y eso es gravísimo porque caen en depresión. No ha habido atención médica, no les dan viáticos para que vayan a rehabilitación, no les compran los medicamentos, no se les pagan los estudios. Ha habido un incumplimiento por todas las vías”, señala Santiago Ambrosio, vocero del Covic.
“No se ha recibido ni una sola declaración de las víctimas a un año, son los policías los que han declarado”, agrega.
Las víctimas piden que la responsabilidad no recaiga únicamente en la policía estatal y en los elementos que dispararon. Demandan que se investigue la cadena de mando.
El tramo donde ocurrió el tiroteo de Nochixtlán abarca más de un kilómetro sobre la autopista. Según la Covic, las agresiones ocurrieron en un radio de un kilómetro y medio, puesto que algunos de los que fueron asesinados ese día cayeron en los sembradíos y terrenos aledaños.
Sobre el tramo hay nueve puntos marcados en el mapa de la tragedia de esta pequeña ciudad: son los restos de cuatro vehículos particulares, un camión de pasajeros, dos de transporte de carga y dos plataformas de tráiler utilizados como barricadas por maestros y pobladores para enfrentar a las policías federal y estatal. Ahí siguen los camiones y autos consumidos por el fuego hasta sus estructuras, los rines de las llantas derretidos sobre el asfalto; entre la carretera y los sembradíos están regadas estructuras semicirculares formadas por alambres oxidados: eran las cuerdas de acero de las llantas quemadas.
Para el alcalde Rubén Alcides Miguel Miguel, los hechos de Nochixtlán fueron un parteaguas porque el pueblo entero salió a ayudar tras ver un enfrentamiento. El pueblo se sumó para reforzar la carretera, atender y trasladar lesionados, llevar medicamento y materiales de curación.
“El pueblo le entró, por eso es que mucha gente fue dañada: descalabrados, fracturados. Todos estuvieron, no fue una lucha aislada de unos cuantos”, señala.
El Covic no permite que la autoridad municipal regrese a operar o repare el edificio de la presidencia que fue quemado por pobladores y simpatizantes de la coordinadora esa misma noche en reclamo contra el presidente municipal de entonces, Daniel Cuevas, a quien acusan de no haber salido a defender al pueblo y de alojar a los federales.
Tampoco han permitido que se retomen las instalaciones de la Policía Federal que también fueron quemadas, donde estaban destacados 15 elementos que fueron expulsados. También fueron retirados los seis policías estatales apostados en Asunción Nochixtlán, cabecera distrital donde hay oficinas del gobierno estatal: Registro Civil, finanzas, tránsito, y Ministerio Público.
Ese 19 de junio desde la parroquia de Santa María de la Asunción, una voz femenina alertó a la población de que en el desalojo carretero había lesionados y se necesitaba auxilio para trasladarlos y darles atención médica. El sacerdote Adrián de la Cruz tuvo un papel crucial: ordenó que se abrieran las puertas y que en el atrio se diera atención a los heridos, también resguardó a los policías federales que habían sido heridos para evitar que la población los linchara.
Hasta el momento, no ha querido hablar sobre el tema, mantiene una postura estrictamente neutral por la unidad del pueblo. Este es uno de los factores que ha evitado que la tensión latente estalle en conflicto social: “Tenemos que mantenernos en un lugar neutral por el bien de la gente, y no andar asumiendo protagonismos. Cuando hay división, hay conflicto y pleito. Una cosa ha mantenido la unidad en Nochixtlán y es su fe”, comentó.
El Universal
