En 2014, el gobierno de Guerrero compró a la empresa Neolinx de México SA de CV, propiedad del empresario Gilberto Enríquez, un equipo de espionaje que utiliza la Fiscalía General del estado (FGE).
El empresario es el enlace del gobierno de México con la empresa italiana Hacking Team, enfocada en el uso y manejo de software para hackear computadoras y teléfonos inteligentes.
La compra fue realizada por Víctor Hughes Alcocer, exsubsecretario de Administración durante el gobierno de Ángel Aguirre Rivero. Para la operación, el entonces funcionario destinó de manera “irregular” 17.5 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).
Ese movimiento benefició al consorcio vinculado con una red nacional de intervención de comunicaciones impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, a través del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR), Tomás Zerón de Lucio.
Esta información fue difundida por Apro en abril de 2016 y advirtió sobre una red de espionaje orquestada por el gobierno de Enrique Peña Nieto que involucra a gobernadores de las entidades y se maneja en la opacidad.
El tema volvió a tomar relevancia luego de que el influyente diario The New York Time informó que activistas y periodistas han sido espiados a través del malware denominado Pegasus que suministra la empresa Haking Team a gobiernos, entre ellos, el de México.
Este es el texto completo publicado por la agencia de Apro el 22 de abril del año pasado:
A través del sistema de transparencia de la información, Apro obtuvo de la FGE el contrato de compraventa suscrito el 4 de junio de 2014. El documento oficial indica que Hughes Alcocer –quien actualmente enfrenta en libertad un proceso penal por desvío de recursos públicos junto a otros seis miembros de su familia–, realizó la transacción con la empresa Neolinx de México SA de CV, que aparece como el proveedor.
A principios de marzo, Apro dio a conocer que el gobierno de Guerrero utilizó durante 2014 y 2015 los recursos federales del FASP, para realizar una compra irregular de armamento que involucraba al Ejército, en la adquisición de un sistema de espionaje telefónico y por contratos millonarios a empresas particulares, sin licitación de por medio.
Lo anterior forma parte de un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), sobre una revisión de 235 millones 902 mil 100 pesos del FASP transferidos por la federación en 2014 y que fueron ejercidos durante las administraciones de Ángel Aguirre Rivero y Rogelio Ortega Martínez. Ese periodo se caracterizó por los constantes señalamientos de presuntos actos de corrupción, nepotismo y de la realización de negocios al amparo del poder.
Sobre el equipo para intervenir sistemas de telecomunicación, la ASF refirió que el gobierno estatal destinó 17.5 millones de pesos del Programa con Prioridad Nacional, denominado Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS).
El propósito fue la adquisición de un software interceptor de comunicación mediante un contrato por adjudicación directa, en el que no se fundó y motivó la excepción a la licitación pública nacional, por lo que “no se acreditó” que la asignación se realizó bajo criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que garantizaran las mejores condiciones para el estado.
La irregularidad detectada por la ASF fue denunciada mediante el oficio DARFT-“A1”/332/2015, fechado el 27 de noviembre pasado, ante la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental de la administración del gobernador priista Héctor Astudillo Flores, para que investigue y, de considerarlo procedente, finque las responsabilidades correspondientes.
No obstante, a cinco meses de la revisión del órgano fiscalizador del Congreso de la Unión, el gobierno del actual gobernador no ha sancionado a ningún exfuncionario de la administración de sus antecesores.
Incluso, el mandatario priista ha negado información solicitada por Proceso, misma que por ley debería ser pública de oficio para conocer a los empresarios y autoridades que se beneficiaron con los recursos millonarios destinados por el gobierno federal para Seguridad Pública en esta entidad colapsada por la narcoviolencia.
Astudillo protege espionaje
La opacidad del gobierno de Astudillo frente a este caso de desvío de recursos públicos en materia de Seguridad, que involucra a personajes de negro historial de la administración pasada, alcanzó al gobierno federal y advierte sobre una red de complicidades para ocultar los hechos denunciados por la ASF.
Ello debido a que el artífice de Aguirre, Víctor Hughes Alcocer, quien trianguló con Neolinx recursos federales para adquirir equipo de espionaje para la FGE, fue detenido a principios de febrero por la PGR junto su hermano Henry Paul y sus sobrinos, Víctor, Paulo, Alejandro, Mauricio y Jorge Hughes Acosta, acusados de desvío de recursos públicos y enriquecimiento ilícito.
Por el mismo caso también fue detenido el hermano incómodo de Aguirre, el próspero empresario ganadero Mateo Aguirre y su sobrino Luis Ángel Aguirre.
La PGR acusó a los nueve integrantes de la familia Aguirre y Hughes de desviar recursos públicos por un monto de más de 200 millones de pesos de entidades federales y locales, como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Banobras, Tesorería de la Federación, Comisión Estatal del Agua, Consejo Estatal de Seguridad Pública y la Comisiones de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG).
Para ello, crearon empresas principalmente del ramo de la construcción para hacer negocios al amparo del poder y se adjudicaron de manera directa contratos de obra pública de enero de 2011 a octubre de 2014.
Mateo Aguirre es un próspero ganadero de la región de la Costa Chica de Guerrero que amasó una fortuna al amparo del poder. Es criador de ganado suizo y propietario de caballos finos de gustos excéntricos. Se la atribuye una red de al menos 40 empresas que se adjudicaba directamente millonarios contratos, principalmente de las secretarías de Educación y Salud, dependencias que perciben la mayor cantidad de recursos públicos en la entidad.
El clan Hughes se caracterizó por formar una red de complicidades con personajes políticos, empresarios y líderes de la iglesia católica, así como exhibir públicamente su bonanza que incluye yates, lujosas propiedades y negocios enfocados el ramo turístico, ubicados en el puerto de Acapulco.
La desarticulación de la estructura financiera del grupo Aguirre fue considerada como un golpe político del gobierno federal contra el exgobernador, quien a pesar de que había dejado el cargo tras la masacre y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, insistía en colocar a su hijo como candidato del PRD a la alcaldía de Acapulco, así como al senador perredista, Sofío Ramírez –su incondicional–, en la puja por la candidatura al gobierno de Guerrero.
A pesar de que ambas candidaturas fueron vetadas, Ángel Aguirre maniobró políticamente en los círculos del PRI y PRD para mantener intacto su coto de poder en la entidad y hasta el momento no ha sido molestado por el caso Ayotzinapa y su presunta responsabilidad en los supuestos actos de corrupción de su hermano.
En octubre pasado, Carlos Mateo Aguirre Rivero, fue liberado por orden de un tribunal federal que determinó que la PGR no acreditó el delito de lavado de dinero y malversación de recursos públicos.
No obstante, dejó firme la resolución de formal prisión contra Luis Ángel Aguirre Pérez –sobrino del exmandatario- – y siete integrantes del clan Hughes, encabezado por los hermanos Víctor Ignacio y Henry Paul Hughes Alcocer.
Sin embargo, en marzo pasado el clan fue liberado por orden de un juez federal que concedió la libertad bajo caución de los implicados en el desvío de más de 200 millones de pesos. Y es que, la defensa de los inculpados promovió un recurso, luego de que el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el delito de lavado de dinero a nivel federal ya no es tipificado como grave.
Estrategia
En el caso de la empresa Neolix, que vendió el equipo de espionaje al gobierno estatal, destaca el hecho de que forma parte de una estrategia impulsada por el gobierno federal para la adquisición de un sistema de intervención de comunicaciones en todo el país.
Proceso dio a conocer –en julio de 2015–, que el proyecto para armar una red nacional de espionaje fue comunicado a la empresa italiana Hacking Team por Gilberto Enríquez, presidente de Neolinx, quien provee de equipo y software de comunicaciones a Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR.
De acuerdo con el texto, el 29 de octubre de 2013, Enríquez se comunicó –vía correo electrónico– con Alex Velasco, entonces principal contacto de la empresa italiana en México. Se trata de un ciudadano estadunidense de origen mexicano que escribió:
“Como te expliqué ayer, México creó una nueva Agencia de Investigación Criminal (AIC), que es una unidad autónoma y desconcentrada bajo la PGR… (Su) director en jefe es Tomás Zerón de Lucio, exdirector de Inteligencia en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México”.
De hecho, el primer cliente de Hacking Team en México fue justamente esa entidad, cuando el actual presidente de la República la gobernaba.
Como encargado de coordinar los esfuerzos a escala federal y estatal contra la delincuencia, la AIC mantiene un proyecto piloto con la PGJ del Estado de México. “Si el piloto trabaja bien, la misma configuración se va a hacer para comprar en todos los estados y hacer una grande para la AIC”, dice el empresario en uno de los miles de correos electrónicos intervenidos a la empresa gracias al ataque cibernético dado a conocer el pasado lunes 6.
Enríquez explica que la orden de compra saldrá del Estado de México, pero se pagará con presupuesto federal, según indica el reportaje realizado por los periodistas Jorge Carrasco y Mathieu Tourliere.
Proceso
