Ciudad de México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reiteró su llamado a que todas las denuncias sobre presuntos casos ilegales de espionaje telefónico y cibernético sean objeto de una investigación pronta, objetiva, integral e imparcial que permita determinar si los actos que se señalan efectivamente se realizaron, precisar los responsables de los mismos, así como el destino o uso que se dio a la información que, en su caso, se hubiera obtenido.
En un comunicado, el organismo subrayó que la información conseguida de manera ilegal, sin importar el método y los insumos materiales, tecnológicos o cibernéticos empleados para tal efecto, es una práctica ilícita, que atenta contra la dignidad de las personas al vulnerar sus derechos a la privacidad y a la intimidad.
“Toda injerencia abusiva o arbitraria en la vida privada de las personas está prohibida por el Derecho Internacional, el cual impone a los Estados, por el contrario, la obligación de brindar la protección más amplia y efectiva posible a la misma”, recordó la CNDH.
El hecho de que periodistas y defensores de derechos humanos sean objeto de estas actividades ilícitas “afecta nuestro sistema democrático, en tanto que vulnera los derechos a la libertad de expresión y a la información, a la vez que debilita la confianza y credibilidad de la sociedad en las instituciones”.
El que las personas legítimamente acudan a las autoridades a solicitar se investigue la comisión de un presunto ilícito, debe tener como respuesta una investigación pertinente y debida de los hechos denunciados, que aclare la verdad de los mismos a efecto de que se juzguen al amparo de la ley. Esta investigación deberá realizarse bajo condiciones que garanticen niveles razonables de transparencia y credibilidad, que pongan en evidencia la imparcialidad de las instancias que las lleven a cabo, respecto de aquéllas que sean investigadas, indicó el organismo público.
De igual forma, la CNDH llamó la atención sobre la necesidad de que el Poder Legislativo Federal, en el ámbito de sus competencias, revise y actualice la normativa existente en materia de actividades de espionaje e inteligencia en el país, para que se regule con claridad y transparencia la realización de las mismas, previniéndose que se lleven a cabo de manera ilegal. Esta regulación deberá comprender desde aspectos tales como la adquisición de equipos e insumos para el desarrollo de estas acciones, los términos y condiciones para la licitud de las mismas, hasta los criterios y protocolos para el uso y destino de la información que se obtenga.
La CNDH informó que ha abierto un expediente sobre este caso y solicitará a las dependencias e instancias señaladas como responsables la información que le permita realizar, en el ámbito de la protección y defensa de los derechos fundamentales, una investigación puntual sobre las posibles violaciones de derechos humanos que se hubiesen verificado para emitir, en su oportunidad, el pronunciamiento que corresponda.
“La exigencia de la CNDH es por la verdad y la justicia, tanto en estos casos como en otros tantos que se han denunciado desde hace varios años por prácticas de la misma naturaleza y que, en su gran mayoría, permanecen impunes, lo cual debe revertirse a la brevedad para prevenir que se presenten casos similares en el futuro”, puntualizó.
La Jornada
