Oaxaca de Juárez, Oax.- Pueblos originarios y organizaciones sociales advirtieron que se avizora “una nueva oleada de devastación para el Istmo y para todo el estado” con la creación de las Zonas Económicas Especiales (ZEE).
Por ello, el pasado jueves 22 convocaron a “legitimar el derecho a la rebeldía” para defender su territorio “frente a las políticas depredadoras de un gobierno colonialista y corrupto que renuncia a sus responsabilidades y solo presta oídos a las empresas transnacionales y a los gobiernos extranjeros imperialistas”.
Durante el Foro sobre las Zonas Económicas Especiales y sus implicaciones en la vida comunitaria y el medio ambiente, alrededor de 250 participantes de 50 organizaciones sociales y civiles expresaron su rechazo a “la implementación de las ZEE dentro el Istmo de Tehuantepec y en cualquier otro lugar del estado”.
En ese encuentro acordaron realizar una “campaña masiva de contra información sobre las ZEE y los megaproyectos”, y a realizar foros regionales y estatales “para el fortalecimiento de la defensa de nuestros territorios”.
Las comunidades se quejaron de que han perdido su tierra y el control sobre su entorno, además de que se han destruido acuerdos y dinámicas comunitarias “que los pueblos hemos construido por siglos”.
Lo preocupante, subrayaron, es que en meses recientes se anunció la creación de las ZEE dentro de las áreas asignadas en el Istmo, pero con impactos para todo el estado.
Advirtieron que con las palabras “progreso, desarrollo y empleo” se pretende repetir el ciclo de destrucción, robo y explotación que ha caracterizado a estos proyectos que hoy el Estado Mexicano promueve a través de las ZEE sin revisar la historia.
Para reforzar su dicho recordaron la construcción de la presa Benito Juárez en Jalapa del Marqués y la creación del distrito de riego 19, que contribuyeron al debilitamiento del río Tehuantepec y la destrucción irreparable de la cubierta vegetal en la zona.
Señalaron que la refinería “Antonio Dovalí Jaime” y la industria petrolera encarecieron la vida, destruyeron la pesca ribereña y de altura en el Golfo de Tehuantepec, que además se convirtió en un foco de contaminación y riesgo regional.
“Ahora que Pemex (Petróleos Mexicanos) ha sido abandonado por el gobierno mexicano, la refinería se incendia o explotan sus terminales o ductos con peligrosa frecuencia, y el Estado Mexicano de manera perversa ha guardado silencio ante las afectaciones socio-ambientales”.
Esto sin contar con el falso modelo de industria verde que son los parques eólicos, porque no sólo ha despojado de tierras y cuerpos de agua a los campesinos istmeños, sino que también ha corrompido y destruido el tejido social; propiciado la violación a los derechos humanos, sociales y ambientales, y doblegado a autoridades judiciales coludidas con autoridades de todos los niveles.
También promueven la violencia extralegal y paramilitar, y son la punta de lanza de las industrias extractivas y depredadoras que hoy se cobijan bajo las leyes de las ZEE que los benefician, denunciaron.
Sus intenciones son evidentes, razón por la que –subrayaron– han anunciado y promovido mineras, nuevos parques eólicos, subestaciones eléctricas y líneas de transmisión, siderúrgicas, gasoductos y terminales de gas, presas hidroeléctricas, la construcción de vías férreas y carreteras.
“Todas estas industrias de despojo y destrucción se agrupan, organizan y legitiman desde el andamiaje legal, fiscal y administrativo que provee la ley de las ZEE y las llamadas reformas estructurales”.
Por consiguiente, “se avizora una nueva oleada de devastación para el Istmo y para todo el estado. El capital internacional y la élite política mexicana se ciernen sobre el territorio oaxaqueño con avaricia, avidez y rapacidad. Son los nuevos tiempos de un capitalismo cada día más burdo, delirante y genocida”.
Destacaron que mientras la región está en venta, la población está ausente de un plan estatal de desarrollo realmente sustentable y de programas viables de agroecología para el campo y para la reforestación y la protección de las fuentes de agua. Tampoco fomentan los mercados locales y regionales. No hacen estudios verdaderos de impacto ambiental e impacto humano de sus megaproyectos, y violan sistemáticamente los derechos de los pueblos indígenas.
Y, lo que es peor, “utilizan al crimen organizado, a los cuerpos militares y policiacos para adueñarse de nuestras regiones. Criminalizan a todos y todas que defendemos nuestros derechos e informamos la verdad. Mal gobiernan descaradamente para beneficiarse con los impuestos del pueblo”.
Finalmente, rechazaron la implementación de las ZEE dentro el Istmo de Tehuantepec y en cualquier otro lugar del estado, además de que se comprometieron a implementar una campaña masiva de contra información sobre las ZEE y los megaproyectos, y a realizar foros regionales y estatales para el fortalecimiento de la defensa de sus territorios.
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