La PGR reporta la resolución de 43.45% de las carpetas de investigación abiertas desde la reforma al sistema de justicia. Ciudadanos no confían en su implementación, dicen expertos.
A un año de la implementación total del Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA), la Procuraduría General de la República (PGR) reporta la resolución de menos de 50% de las carpetas de investigación iniciadas en la dependencia.
El 18 de junio de 2016 se finalizó el proceso de implementación del SJPA a nivel nacional; sin embargo, en la PGR comenzó a operar en noviembre de 2015.
Cifras de la Unidad de Implementación del Sistema Penal Acusatorio (UISPPA) de la procuraduría, de noviembre de 2015 al 31 de mayo de 2017, indican que se iniciaron 99 mil 478 carpetas de investigación, 43.45% de las cuales tenían solución.
De estas resoluciones, 3 mil 549 han culminado con la aplicación del procedimiento abreviado, de reciente aplicación en el nuevo esquema.
En este periodo se han conseguido 916 acuerdos reparatorios y se han ganado 119 juicios.
El reporte Hallazgos 2016: Seguimiento y evaluación de la operación del sistema de justicia penal en México, realizado por el Centro de Investigación para el Desarrollo AC (CIDAC), señala que el rezago de la PGR ha provocado que una de cada dos carpetas de investigación iniciadas estén pendientes de determinación.
De este universo de carpetas, sólo 0.18% llegó al juicio oral y el resto de carpetas determinadas se resolvió por otras vías.
La mayoría de los delitos por los que la PGR inició carpetas de investigación fueron patrimoniales y por portación de armas de fuego, los cuales representan 44.6% de los expedientes abiertos, de acuerdo con el reporte del CIDAC.
El titular de la PGR, Raúl Cervantes, reconoció que a un año de la implementación del nuevo sistema de justicia, existe “poca confianza ciudadana en las instancias encargadas de la procuración de justicia en México”.
Señala que falta “una verdadera independencia técnica y operativa de las procuradurías y fiscalías del país”.
Afirmó que de igual manera falta un servicio profesional de carrera “sólido, atractivo y de programas integrales de capacitación que permitan mejorar los resultados del personal ministerial, policial y pericial”.
Al hacer un balance y a través de un oficio, el 18 de junio, Cervantes Andrade afirma que “es evidente que el Sistema de Justicia Penal Acusatorio representó un verdadero giro en la visión que, durante años, imperó en nuestra dinámica social sobre el Estado de derecho y nuestra realidad jurídica. Hoy ese cambio de paradigma es una realidad, tanto como lo es la necesidad de desarrollar esfuerzos compartidos para lograr su entendimiento, su consolidación y, sobre todo, los beneficios que trae consigo para la ciudadanía”, destaca.
“Necesitamos un México que resuelva sus conflictos privilegiando la paz social. Para lograrlo, nuestra actuación debe ser consecuente con los mandatos constitucionales que rigen la procuración y la impartición de justicia penal en un Estado social y democrático”.
El procurador acepta que los principales retos son fortalecer las capacidades institucionales de investigación y litigación e incentivar y aprovechar el uso de las alternativas que ofrecen las normas jurídicas nacionales para alcanzar la paz social.
Ana Pamela Romero, investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), señala que el problema no radica en el modelo de investigación, sino en el desconocimiento del mismo y de cada una de sus figuras.
“El modelo de investigación es claro, es sencillo, es lógico, pero ahorita está operado con miedo, con desconfianza y con un rechazo a un entendimiento de lo que significa el modelo de investigación”, señaló.
José Perdomo, maestro de Derecho de la Universidad La Salle, aseguró que la falta de información contribuye al rechazo de la población a las nuevas figuras.
“Nosotros los gobernados no nos sentimos representados con el Estado y no estamos del todo convencidos de las formas que el Estado está implementando en este modelo. No estamos recibiendo una información suficiente por parte del Estado de las actividades que están realizando. Cuando el Estado implementa políticas y las ejecuta sin que exista un convencimiento de los particulares, ello genera el rechazo histórico de la sociedad”, advirtió.
Jorge Gutiérrez, investigador del Inacipe, señaló que esta reforma al sistema de justicia penal constituye un cambio cultural profundo en el que se debe asimilar que la prisión debería ser la última opción.
“Lo primordial es que a la víctima se le satisfaga en reparación del daño. La prisión es una figura anticuada, que estaba rebasada desde tiempo atrás. Es una labor de reeducación social para hacerle saber a la ciudadanía que es un proceso que privilegia el derecho humano a la libertad del imputado”, señaló el especialista en entrevista con EL UNIVERSAL.
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