Bruselas.- México y la Unión Europea (UE) han declarado que pretenden terminar este año la renegociación del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación (Acuerdo Global), cuya puesta en marcha data del año 2000.
La manera en que tal renegociación está estructurada dice mucho de las intenciones de los involucrados.
Esta semana tuvo lugar en la Ciudad de México la cuarta ronda de negociaciones. La próxima se celebrará en Bruselas del 25 al 29 de septiembre, y la que podría ser la última ronda se llevará a cabo del 27 de noviembre al 1 de diciembre en la capital mexicana.
Pero en tales encuentros se abordará el aspecto comercial y económico de la renegociación. Las rondas sobre los aspectos políticos y de cooperación se tratan aparte, y la siguiente, la tercera, está programada para el 10 de julio entrante en Bruselas.
No está claro todavía cómo los negociadores europeos conseguirán “fortalecer” la cláusula democrática del acuerdo, como lo han declarado públicamente. Y es que ese punto se ha convertido en el principal reclamo de las no pocas organizaciones no gubernamentales de México y Europa enfocadas a la relación bilateral.
Es ahora el momento para que los negociadores europeos sean congruentes con el discurso en torno a su liderazgo en la defensa de los derechos humanos en el mundo y ejerzan verdadera presión sobre el gobierno de Enrique Peña Nieto. Si no lo hacen en esta coyuntura, se habrá perdido una ventana de oportunidad que no volverá a aparecer durante muchos años.
Las organizaciones de la sociedad civil mexicana han movilizado sus capacidades no sólo para plantear observaciones, sino también para que éstas sean tomadas en cuenta durante la llamada “modernización” del acuerdo.
Eugenia López-Uribe es la directora de Vinculación Estratégica, Campañas de Incidencia y Relaciones Públicas del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder, por sus siglas en inglés), una ONG latinoamericana basada en México que promueve la transparencia y la rendición de cuentas empresariales y la participación ciudadana.
La activista, quien estuvo esta semana en Bruselas para sostener entrevistas con actores de las instituciones de la UE, señaló a este corresponsal que el gobierno mexicano sólo ha convocado a las ONG a “sesiones informativas” y no de consulta, como sí lo ha hecho con las empresas, a quienes los funcionarios gubernamentales consideran “sociedad civil experta” en la materia.
López-Uribe refiere que la delegación de la UE en México se muestra “más abierta” con ellas, pero encuadrando su relación “en el mismo formato” de diálogos informativos.
Su organización es una de las 22 organizaciones que presentó un documento, de 10 páginas, con sus “prioridades” en el contenido del acuerdo global en materias como derechos humanos, combate a la corrupción, regulación de las inversiones o comercio y desarrollo sustentable.
Entre esas organizaciones también están Amnistía Internacional, Artículo 19, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Oxfam México, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos o Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Se trata de un ejercicio interesante: las ONG retomaron partes de otros tratados que ha firmado la UE, los modificaron y agregaron aspectos con el propósito de reforzar los compromisos que deberían asumir las partes en los campos mencionados.
Un ejemplo importante es el artículo 1 del acuerdo, que incluye la llamada “cláusula democrática”.
En su forma actual, durante 17 años vigente y nunca invocado a pesar de la grave situación de los derechos humanos en México, tal artículo –titulado “fundamento del acuerdo”– establece que “el respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos fundamentales, tal como se enuncian en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, inspira las políticas internas e internacionales de las Partes y constituye un elemento esencial del presente Acuerdo”. Eso es todo.
La propuesta de las ONG, tomando como base el acuerdo de asociación de la UE con Centroamérica, es extensa y mucho más precisa. Parece diseñada para el terrible caso mexicano en cuestión de democracia.
Se compone de siete puntos y, para empezar, estipula que debe respetar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero también “otros instrumentos internacionales relevantes de derechos humanos”, y en particular deben “confirmar su firme respaldo a la carta de la ONU y a los instrumentos europeos e interamericanos”.
Las partes negociadoras igualmente tienen que confirmar su compromiso con la promoción del desarrollo sustentable y “garantizar un apropiado equilibrio entre los componentes económico, social y medioambiental”.
El inciso tres es muy específico: “Ambas partes reafirman su apego al buen gobierno y el Estado de derecho, el cual implica en particular la primacía de la ley, la separación de poderes, la independencia judicial, procedimientos claros de toma de decisiones a nivel de autoridades públicas, instituciones transparentes y que rindan cuentas, la gestión correcta y transparente de los asuntos públicos a nivel local, regional y nacional, y la implementación de medidas que apunten, prevengan y combatan la corrupción”.
Asimismo, la propuesta refiere que tanto México como la UE deben comprometerse en la cláusula democrática a “cumplir con las obligaciones” que instituye la Corte Penal Internacional, la que ambas partes reconocen.
Esas obligaciones son “investigar y procesar sospechosos de cometer crímenes contra la humanidad, genocidio, crímenes de guerra, tortura, ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada”.
Los gobiernos de México y Europa, según el contenido del artículo 1 tal como lo proponen las ONG mexicanas, estarían obligados a “promocionar políticas de igualdad de género, empoderamiento de la mujer y fortalecer los derechos sexuales y reproductivos”.
Más aún, tendrían que “tomar medidas integrales para proteger a las minorías y en particular la niñez, la juventud, las mujeres, las comunidades indígenas, los migrantes y demandantes de asilo y personas de la comunidad LGBTTTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgéneros, Travestis, Transexuales e Intersexuales).
En su último enunciado, las ONG proponen que el gobierno mexicano (y la UE) reconozca “la legítima labor de los defensores de derechos humanos y los periodistas en el fortalecimiento del Estado de derecho y los principios democráticos”.
“En particular –continúa– las partes deben garantizar la integridad física y moral, así como el completo acceso a las garantías fundamentales de los defensores de derechos humanos y los periodistas, que están directamente implicados por su trabajo con los términos de este acuerdo”.
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