Ciudad de México.- Mujeres sobrevivientes de tortura han contado a diversas organizaciones civiles la pesadilla de haber sido víctima de esa práctica. Muchas siguen detenidas, acusadas de pertenecer a cárteles de la droga. La única prueba en su contra son las confesiones arrancadas mientras eran sometidas a abusos sexuales, golpes, intento de asfixia con bolsas o agua y veían cómo sus familiares o parejas eran tratadas de la misma manera.
Un común denominador en todos los casos, los victimarios –marinos, soldados o policías– no han sido sancionados, ni siquiera perseguidos. Amnistía Internacional señaló hace unos días que con la publicación, el lunes pasado, de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, las autoridades están obligadas no sólo a prevenir ese delito, sino a seguir cientos de casos para combatir la impunidad. Esta práctica, han señalado organizaciones nacionales e internacionales, es sistemática y generalizada en el país.
Testimonios
El 12 de febrero de 2013 Mónica viajaba en su automóvil con su esposo y su hermano, cuando elementos de la policía municipal de Torreón, Coahuila, los obligaron a detener el vehículo. La mujer narró su historia a AI, la cual se dio a conocer con muchas otras en el informe Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México. En ese entonces, tenía 26 años. En su testimonio indicó que los agentes no mostraron orden de aprehensión alguna, pero se los llevaron a un galpón detrás de las oficinas de la Dirección de Seguridad Pública de Torreón.
La obligaron a ver cómo torturaban a su marido y a su hermano, seis policías la violaron en grupo, le aplicaron descargas eléctricas en los genitales, intentaron asfixiarla con una bolsa de plástico y le hundieron la cabeza en un cubo con agua. Después de horas de tortura, los tres fueron conducidos a la sede de la PGR. Mónica vio morir a su esposo en sus brazos. La obligaron a firmar una confesión en la que aceptaba pertenecer a una banda del crimen organizado.
La CNDH le aplicó un examen en agosto de 2014 en el que se confirmó la tortura, pero sigue presa y no hay cargos contra sus verdugos.
Fernanda de 22 años, madre soltera de dos hijos y trabajadora sexual en Valle de Chalco, estado de México, contó a AI que el 21 de marzo de ese año, entre las tres y cuatro de la madrugada estaba en la casa de uno de sus clientes cuando irrumpieron más de 20 agentes encubiertos de la Policía Federal. Le arrancaron la ropa, le toquetearon los pechos y las nalgas y la amenazaron a gritos. Después la llevaron a una casa donde oía los gritos de otras personas a las que torturaban. Tras someterla a fuertes palizas y descargas eléctricas, la llevaron a la PGR, donde la presentaron ante los medios de comunicación como miembro de una banda de la delincuencia organizada.
Korina Utrera y Denise Bravo fueron torturadas por marinos el 27 de agosto de 2011, quienes irrumpieron en la casa de la primera, en Tabasco. Las golpearon al tiempo que les dijeron: No te hagas pendeja, buscamos la droga. Después les vendaron los ojos y se las llevaron sin orden de aprehensión a la base de la Marina. Ahí las violaron y las sometieron a semiasfixia y a descargas eléctricas. Fueron obligadas a firmar una confesión que señalaba que pertenecían a bandas del narcotráfico. La PGR abrió una investigación sobre la tortura y cuatro años después, médicos forenses las examinaron. Luego de un año, no sabían los resultados. Cuando se publicó el informe de AI, en 2016, seguían presas y ningún marino había sentenciado por los abusos.
En un testimonio que le dio al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Claudia, originaria de Veracruz, narró que en agosto de 2012 fue detenida junto con su esposo Isaías Flores Pineda, por elementos de la Secretaría de Marina. Durante 36 horas ella fue víctima de tortura, firmó una confesión cuyo contenido desconocía. Está en libertad bajo caución. Desde entonces ha buscado justicia.
La Jornada
