Rafael Correa pasó a la historia de Ecuador como el gobernante más influyente en los primeros lustros del siglo XXI, pero también como el más férreo adversario político de la prensa de su nación, en el afán de imponer su verdad y de cerrar portillos al acceso a la información.
Con una temida ley mordaza, Correa amenazó de cárcel, multas y otros castigos a empresas y comunicadores que cruzaran los límites mínimos de tolerancia que estableció durante su gestión como presidente.
El pasado 20 de mayo, en su último sábado como mandatario, rompió por la mitad un periódico ecuatoriano para fustigar lo que siempre calificó como “las mentiras de la prensa corrupta mercantil”.
En Venezuela, luego de más de 18 años de gobierno de Hugo Chávez, un profundo colapso marca la relación entre el régimen chavista, que dispone de un poderoso aparato mediático para intentar arrasar con su propaganda, y los periodistas y los medios que nunca aceptaron someterse a los mandamientos del oficialismo.
Empeñado en aplastar todo lo que oliera a oposición, y tras un dilatado asedio, Chávez asestó en 2006 un golpe a la prensa venezolana al anunciar la cancelación de la licencia de Radio Caracas Televisión, por la actitud que esa estación asumió en el golpe de Estado.
En el caso de Argentina, un sólo ejemplo sirve para describir la relación entre los medios de comunicación y el poder político en los gobiernos de Néstor Kirchner, de 2003 a 2007, y de su esposa, Cristina Fernández, de 2007 a 2015: ambos mandatarios nunca tuvieron la costumbre de conceder conferencias de prensa y sólo estuvieron disponibles para medios afines a sus intereses partidistas y gubernamentales.
Por un lado, el desdén consolidó el control del “kirchnerismo” de los medios que se le aliaron. Por el otro, generó múltiples choques, como el que estalló entre Fernández (ya presidenta) y el Grupo Clarín, dueño de Clarín, el principal diario de Argentina.
El Universal
