Hay tristeza y desaliento en la Secretaría General del PRI, pues contra lo que pensaba su titular, la ex secretaria de Relaciones Exteriores Claudia Ruiz Massieu, no fue ella a quien encargaron los preparativos de la Asamblea Nacional del tricolor, programada para el próximo 20 de agosto.
Resulta que la organización del gran cónclave tricolor ha sido encomendada al ex gobernador de Hidalgo y ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, de acuerdo con fuentes cercanas a la dirigencia nacional del PRI.
De esta manera, el hombre que en algún momento de su gestión al frente del ministerio público y en medio de la crisis de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa dijo públicamente “yo ya me cansé”, está de regreso en la política partidista.
A quienes le encomendaron la tarea no parece importarles el desprestigio en medio del cual se retiró de la PGR, tras asumir como “verdad histórica” la cuestionada versión de que los normalistas fueron incinerados en una pira inverosímil. Qué más da. El hombre ya descansó y ha regresado.
Al desaliento que aseguran atraviesa la secretaria general del PRI, se suman los resultados electorales en el Estado de México. Voces seguramente insidiosas dicen que Ruiz Massieu tenía en su cálculo político la derrota de Alfredo del Mazo. De esa manera veía inevitable la salida de Enrique Ochoa Reza y su arribo a la dirigencia nacional del partido. Lo cierto es que la relación entre ambos mandos del tricolor no es ahora lo suficientemente fluida.
¿Quién será, por cierto, ese otro viejo lobo de mar priísta que aún se relame los bigotes por no poder cumplir su aspiración de ser presidente nacional del PRI y que también apostaba a los malos resultados electorales de Ochoa Reza y su eventual salida?
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Durante los últimos meses hemos sido testigos de cómo muchos delincuentes detenidos en posesión de armas quedan en libertad porque no es un delito grave que amerite prisión preventiva en el nuevo sistema de justicia penal acusatoria. El infractor queda en lo que denominan prisión oficiosa, lo que les permite seguir su proceso en libertad.
No se necesita ser muy suspicaz para suponer que un delincuente detenido con armas y luego dejado en libertad, es un peligro potencial para la gente y causa, entre otras, del grave aumento de la inseguridad y de la violencia asociada a ella. Estamos, pues, ante una laguna legal que ha propiciado que más delincuentes armados estén en la calle, lo que se traduce, incontestablemente, en más homicidios.
Veamos, antes de aproximar un juicio de valor, cuál es el tamaño del problema. Aquí los datos duros de acuerdo con una encuesta del Inegi:
El poder judicial federal recibió en 2016 y parte de 2017 un millón 53 mil 670 asuntos diversos, de los que las causas de tipo penal sólo fueron 26 mil 152 (2.48%). En ellas están registrados 38 mil 138 delitos, de los cuales sólo13 mil 424 (35.2%) son de los previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Estos datos muestran que el tema de las liberaciones por portación de arma no son la principal causa del reciente aumento de la inseguridad, pero sí un asunto de debe atenderse. De manera que sería un exceso aseverar que, por la razón expuesta, el nuevo sistema de justicia penal ha fracasado. Lo que sí resulta razonable es aceptar y promover revisiones y cambios en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva, como es el caso de la posesión de armas de fuego. De hecho, ya están en el Congreso de la Unión un par de iniciativas de ley que amplían el referido catálogo y se realizan foros ciudadanos de consulta.
No se trata, por supuesto, de impulsar una contra reforma penal, pero sí de apretar tuercas en donde ha fallado la implementación del nuevo sistema. Esos es lo que propone la Conago y con ella el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera.
Pero diversas voces han denunciado desde la sociedad civil que hay intereses que, por negocios o venganzas políticas, torpedean la posibilidad de que tales ajustes se lleven a cabo y aseguran que uno de los principales promotores de ese boicot es el ex procurador de justicia del DF, Rodolfo Félix Cárdenas, incluso infiltrando iniciativas como #JusticiaSinPretextos que se opone, de buena fe y con sobrada razón, a retroceder en el nuevo sistema, que en el fondo garantiza la democratización de la justicia en México.
No está claro dónde se ubican los intereses de Rodolfo Félix Cárdenas, pero sí sus afanes vindicativos. El ex procurador, recordará usted, fue el abogado defensor de Marcelo Ebrard cuando a éste, como secretario de Seguridad Pública de la capital, se le atribuyó la responsabilidad de no actuar a tiempo para evitar el linchamiento en Tláhuac de dos agentes de la Policía Federal Preventiva (23/11/2004). La exoneración conseguida le valió a Cárdenas el nombramiento de Procurador cuando Ebrard asumió en 2006 la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Pero la tragedia en la discoteca News Divine y el maltrato que algunas de las víctimas recibieron en la procuraduría a su cargo para proteger al entonces secretario de Seguridad Pública, Joel Ortega (20/06/2008) le costó el puesto a Cárdenas. Asumió entonces la PGJDF Miguel Ángel Mancera, quien llegaría años después a la Jefatura de Gobierno y quien, desde entonces, enfrenta las andanadas legales y políticas de quien fuera su jefe en la PGJDF.
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