Ciudad de México. El PRI y el PAN rebasaron los topes de gastos de campaña en la elección para gobernador de Coahuila, concluyó la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE). La ley incluye esa circunstancia como causal de nulidad de una contienda.
Sin embargo, la suerte de estos comicios tiene todavía un camino largo. El dictamen será votado el viernes próximo en sesión de consejo general del INE, el cual sólo determinará las sanciones correspondientes, toda vez que la resolución será enviada al Tribunal Electoral de aquella entidad, instancia a la que corresponde determinar si hay elementos para ratificar el triunfo del priísta Miguel Riquelme o, por el contrario, anular la elección del pasado 4 de junio.
Ante el debate generado por este caso es posible que ambas partes –o algún otro partido– impugne la resolución del tribunal estatal, por lo que la última palabra la tendría la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El INE emitió un comunicado anoche en el cual detalla que la Unidad de Fiscalización detectó irregularidades por 264.4 millones de pesos, montos no reportados por partidos políticos, en las campañas a gobernador de las contiendas en estado de México, Coahuila y Nayarit.
No obstante, en cuanto al punto específico de rebase de tope de gasto de campaña, el problema es exclusivo de Coahuila.
La coalición encabezada por el PRI gastó 25.2 millones de pesos, cuando el tope para todos los contendientes a la gubernatura era de 19.2 millones, mientras que la alianza del PAN gastó 24.3 millones. Es decir, según este diagnóstico, el tricolor gastó 6 millones de más y el PAN excedió el tope en 5.1 millones.
De la más reciente reforma constitucional en materia electoral se deriva un sistema de nulidades de elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos: se exceda el gasto de campaña en 5 por ciento del monto total autorizado, o se compre o se adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión de manera ilegal.
Según fuentes del INE la votación en la sesión del próximo 14 de julio será dividida. Otro elemento a considerar son los criterios aprobados por la Comisión de Fiscalización para los comicios del 4 de junio, entre los cuales se encuentra el tema de los representantes generales y de casilla, cuyos gastos se prorratearán y cargarán a los topes de gasto. El área de fiscalización cotejó la información de representantes contenida en el sistema interno del INE contra los datos entregados por los partidos y, ante diferencias, se cargará ese número de representantes no reportado con un valor de mil 350 pesos para cada uno.
Adicionalmente, el caso Coa-huila toma relevancia por los criterios que tomarán consejeros y, en su momento, magistrados electorales, porque ante una nulildad, en la reposición de la contienda no pueden participar los candidatos inscritos para la jornada del 4 de junio.
De acuerdo con los dictámenes sobre las irregularidades encontradas en los informes de ingresos y gastos de los partidos políticos y candidatos a gobernador de las entidades señaladas, aprobados el jueves pasado por la Comisión de Fiscalización del INE, en los gastos no reportados hay una eventual variación en rangos sujetos a sanciones.
En el caso del estado de México (tope 285.5 millones), sobresale el PRD con 71.4 millones de pesos no reportados, de un gasto total de 136.8 millones; le sigue el PAN con 65.2 millones y, en tercer sitio, la alianza encabezada por el PRI, con 52.2 millones. Morena aparece con 16.1 millones de gasto no reportado.
A nivel general, el que gastó más fue el PAN, con 169.9 millones, pero el PRI está casi en el mismo nivel, con 168.2 millones de pesos.
En Nayarit, con un tope de 20.4 millones, ningun partido rebasó la línea permitida. El PAN gastó 20.7 millones; Movimiento Ciudadano, 16.7 millones; PRI, 14.7 millones, y Morena 11.6 millones. Para llegar a este dictamen la Unidad Técnica de Fiscalización revisó la contabilidad de 3 mil 254 candidatos y las correspondientes 82 mil 817 pólizas reportadas al sistema integral de fiscalización.
La Jornada
