Ciudad de México.- Organizaciones en defensa de los derechos de la infancia demandaron a la Procuraduría General de la República (PGR) atraer el caso de los abusos en los albergues conocidos como La Ciudad de los Niños, pues ha quedado demostrado que las autoridades de justicia de Guanajuato “no han tenido la capacidad” para, en un año de investigaciones, llevar ante tribunales a los responsables de las vejaciones. Entre ellos, al sacerdote Pedro Gutiérrez Farías, director de esas casas.
En conferencia de prensa integrantes de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y Nima Centro de Promoción de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes en Guanajuato acusaron también a la jerarquía católica y a políticos de la entidad de proteger al clérigo.
Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Redim, recordó que este caso es muy parecido al del albergue de Mamá Rosa, donde más de 600 personas sufrían abusos de distintos tipos, entre ellos, sexual. Debido a que éste ha sido un asunto que se revisa ya a nivel internacional y para evitar repetición de los hechos similares, el activista consideró que la PGR tiene que investigar el caso.
Recordaron que en la sentencia de una juez de la entidad –de la que dio cuenta La Jornada en días pasados— se solicitó que se indaguen los apoyos tanto públicos como privados que han recibido los albergues de Gutiérrez Farías o si hay desvío de fondos.
En el caso del albergue ubicado en Salamanca, el director de Redim indicó que el DIF estatal lo aseguró, pero “éste no fue un acto de autoridad, sino que se ingresó en acuerdo con las autoridades de la propia institución, es decir, con el sacerdote”.
Durante la conferencia los defensores de derechos humanos lanzaron el hashtag #NoAlFueroClerical con la intención de que Gutiérrez Farías y sus cómplices sean detenidos y llevados ante la justicia y demandaron la protección para las víctimas de este caso.
Informaron que ya realizan las gestiones correspondientes para solicitar al papa Francisco la revisión del caso, que no se tolere más a curas pederastas.
La Jornada