34 de los 39 inmigrantes rescatados del transporte eran mexicanos
El conductor del camión de la muerte de Texas, James Bradley Jr., tenía antecedentes penales y su licencia de conducir había expirado. Según The Associated Press, su historial es un crisol de cargos criminales. Desde 1990, Bradley ha afrontado acusaciones de violencia doméstica y violación de la libertad provisional. Ahora mismo está acusado de tráfico de personas, un delito federal que en Texas se castiga con pena de muerte, e incluso cadena perpetua si hay víctimas mortales.
Este jueves, Bradley debía presentarse a su primera audiencia en la corte, pero logró evitarlo. “Permanece en custodia federal y no hay otras fechas programadas para su aparición ante el tribunal por ahora”, dijo Daryl Fields, portavoz de la oficina del fiscal general del Oeste de Texas.
Diez inmigrantes han muerto hasta el momento en la tragedia del camión de la muerte. La madrugada del domingo, las autoridades dieron con decenas de personas moribundas en el remolque de un camión en San Antonio. Lo habían abandonado en el estacionamiento de un Walmart. Las altas temperaturas y el hacinamiento los tenían medio asfixiados, deshidratados. Un tercio murieron. Siete son de nacionalidad mexicana, otro es guatemalteco. Dos no se han podido identificar.
En su declaración inicial, el conductor afirmó que cuando llegó al Walmart de San Antonio “salió del camión para orinar y escuchó golpes en la parte de atrás del vehículo”. En una versión que la policía desmiente, afirmó que abrió las puertas y se sorprendió al ver “gente que hablaba español”.
El Consulado de México en San Antonio ha indicado que 34 de las 39 personas encontradas en el camión eran mexicanos. Procedían de Aguascalientes, Veracruz, Zacatecas, Oaxaca, Michoacán, San Luis, Jalisco, Nayarit, Estado de México, Coahuila, Nuevo León y Ciudad de México.
Respecto a la repatriación de los cuerpos, el consulado aseguró que el proceso aún no se ha iniciado: “Todavía estamos informando a los familiares, tratando de localizar a los parientes que en muchos casos viven en áreas rurales y sin comunicación”.
Trece de las víctimas que han salido de los hospitales están en custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y son testigos materiales en la investigación.
El País
