Oaxaca de Juárez, Oax.- La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) informó a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca que admitió su solicitud para buscar la declaratoria de alerta de violencia de género (AVG) en la entidad, donde se han cometido mil 290 feminicidios en los últimos 18 años.
Si la declaratoria se concreta, Oaxaca se sumaría a las alertas emitidas en 80 municipios de 11 entidades del país, señaló el coordinador de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Pablo Navarrete Gutiérrez.
No obstante, dijo, el estado representa un gran reto por la complejidad de su composición política, ya que cuenta con más de 570 municipios y una gran diversidad cultural, entonces, “el desafío es cómo implementar medidas de prevención, cómo darle seguimiento y cómo vincularlas”.
De acuerdo con Navarrete Gutiérrez, de Oaxaca podría salir la experiencia nacional de cómo atender un fenómeno de violencia en una entidad tan compleja, “con ciertas zonas donde el arraigo en contra de la violencia hacia las mujeres es determinante y está vinculado a expresiones de conflictos agrarios, interétnicos o interreligiosos”, como en la región triqui o mixe, donde las mujeres son utilizadas como botín de guerra.
El funcionario federal destacó que lo característico, por tercera ocasión, es que una Defensoría o Comisión de Derechos Humanos es la que presenta la solicitud de alerta de género, como ocurrió con los estados de Colima y San Luis Potosí, y lo incomprensible es que desde hace diez años existe esta figura, y ni la Defensoría ni las organizaciones feministas la retomaron, únicamente se dedicaron a hacer estadísticas y denuncias públicas.
Señaló que una vez aceptada la solicitud para buscar la declaración de AVG en la entidad, el pasado jueves 20 se creó un grupo de trabajo y a partir de ahí corren 30 días para elaborar un informe y realizar visitas in situ.
Por lo pronto, dijo, el grupo de trabajo integrado por las académicas e investigadoras Claudia Domínguez Hernández, representante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UNAM); Noemí Domínguez Gaspar, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Unidad Xochimilco, y Érika Lilí Díaz Cruz y Mónica Miguel Bautista, de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), inició sus actividades este martes.
Navarrete Gutiérrez explicó que a este grupo le va a tocar la gran tarea de hacer el proceso de investigación de la AVG junto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Inmujeres, para que en un plazo de 30 días remitan su informe al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien lo revisará y luego notificará al estado.
Precisó que el informe viene acompañado de conclusiones (no recomendaciones) y con indicadores de cumplimiento y acciones. El plazo para acatarlo es de seis meses. Posteriormente viene la revisión y ahí pueden suceder dos cosas: La primera es que se cumplan todas las conclusiones y no proceda la alerta, y la otra que no se implementen todas las recomendaciones y entonces sí amerita que se declare la alerta.
Luego viene la declaratoria y el grupo deja de llamarse de trabajo para convertirse en grupo institucional y multidisciplinarios que da seguimiento a las conclusiones.
Finalmente, el coordinador de Asuntos Jurídicos del Inmujeres aclaró que la “alerta no es como castigo, no es un mecanismo de persecución para los estados, ni un tache, es una herramienta de intervención de emergencia para hacer frente a una situación de emergencia”.
Sin embargo, dijo, hay quienes le quieren dar carácter partidista y un proceso de satanización, aunque tampoco es un instrumento mágico de solución, sino una herramienta para sentar bases y revisar qué estás haciendo bien y qué hace falta.
La Defensoría pidió que se garantice la seguridad de las mujeres, tomando en cuenta que desde 2013 hizo público el imparable incremento de los índices de violencia y violencia extrema por razón de género, y reportó mil 290 casos en 18 años, con 70 en la actual administración de Alejandro Murat.
Entre los ejemplos de esa violencia, el documento enviado por la Defensoría al Sistema Nacional enumera la familiar, además de la desaparición de adolescentes, muertes violentas, feminicidios, posible trata de personas y otros delitos graves.
La Defensoría recalcó que ante la inacción del gobierno el problema de la violencia contra las mujeres creció en la entidad de manera preocupante, por lo que es urgente que las instancias y autoridades con injerencia en el tema adopten las medidas pertinentes para prevenir, investigar y sancionar las conductas delictivas relacionadas con la violencia de género en el estado.
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