Ciudad de México.- El titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Miguel Ángel Osorio Chong, pidió a instancias públicas y locales ajustar la ley para prohibir de manera explícita el matrimonio entre menores de edad. Igualmente, solicitó a las familias poner fin al castigo corporal, aplicado culturalmente con la idea de que un golpe educa.
El gobierno presentó ayer el plan de acción de nuestro país dentro del proyecto global Alianza para poner fin a la violencia contra las niñas, niños y adolescentes. Para conocer el tamaño del flagelo y ‘‘dejar de normalizar’’ cualquier forma de violencia contra este sector, Osorio Chong citó tres cifras fundamentales:
– 60 por ciento de los menores de 14 años ha recibido castigo sicológico o físico en su casa.
– En ocho de cada 10 casos, el padre o la madre es el probable responsable de la agresión al menor.
– Cuatro de cada 10 delitos sexuales son cometidos en personas menores de 18 años.
‘‘Son sólo tres cifras que nos deben lastimar, preocupar y ocupar a todos los mexicanos’’, dijo el funcionario ante representantes del organismo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), colectivos públicos y privados de derechos humanos, grupos empresariales, académicos, integrantes de iglesias y de los tres poderes de la Unión.
Los funcionarios involucrados en el plan advirtieron que si bien el país no parte de cero (desde 2014 tiene una ley general para combatir todas las caras de la violencia contra los menores), no hay protocolos de intervención ante casos específicos y tampoco hay una articulación a nivel de Estado mexicano.
Por tanto, explicó, es necesario atender los factores de riesgo en lo individual, relaciones interpersonales, en la comunidad y en la sociedad. ‘‘Debemos educar en amor, en respeto y en diálogo’’, expresó el secretario Osorio.
El llamado del responsable de la política interna fue para salvaguardar la integridad física y moral de la niñez mexicana, ‘‘porque ellos son el futuro’’ y hay que erradicar la violencia y garantizar los derechos de este sector de la población a través de la colaboración entre gobierno y sociedad.
Algunos de los puntos centrales del plan se refieren a robustecer el marco legal desde los congresos locales para incluir la prohibición explícita del matrimonio infantil. Con ello, comentó Osorio, daremos un golpe muy importante para evitar el embarazo en adolescentes y de niñas entre 10 y 15 años, resultado en la mayoría de los casos de violencia y maltrato.
Al mismo tiempo habrá campañas de información y sensibilización en medios de comunicación y, como tercer punto, rescatar espacios físicos y digitales más seguros para los niños.
En este último punto coincidió con el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), al advertir que falta una coordinación eficaz entre las distintas instituciones en casos de violencia contra el menor.
‘‘Todavía no tenemos –subrayó– los protocolos para rescatar, por ejemplo, a los niños que están hoy día en la calle trabajando. Se requieren estos mecanismos para que las acciones no sean arbitrarias o violatorias a los derechos humanos.
‘‘No es que vayamos mal, pero todavía nos falta mucho por hacer. En principio, identificar la violencia en el día a día. Aquí afuera (de la Biblioteca México, en el área central de la capital del país) hay niños que están trabajando. ¿Cómo podemos rescatar a los niños que están en la calle? Generando conciencia’’, expresó.
Ricardo Bucio, titular del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, dijo que el plan presentado ayer es un ‘‘punto de salida’’ ante una obligación ética y moral de dar mejores condiciones a más de 40 millones de personas de este sector, porque ahora hay muchas acciones, pero desarticuladas, sin enfoque común. ‘‘Es tiempo de desnormalizar lo inaceptable’’, dijo.
La directora de la alianza global para poner fin a la violencia, de las Naciones Unidas, Susan Bissel, dijo por su parte que este plan nacional marca un hito y un ejemplo a escala.
Finalmente, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, señaló que se deben establecer áreas especializadas para la atención a menores.
La Jornada
