Ciudad de México. Un juzgado federal ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) reabrir el caso Tlatlaya e investigar lo que realmente sucedió el 30 de junio de 2014 en San Pedro Limón.
De acuerdo con el expediente 545/2017 la medida fue otorgada a Clara Gómez González, madre de Ericka, quien murió junto con otros 21 civiles a manos de soldados en Tlatlaya, estado de México.
El Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México también consideró que no se ha investigado la cadena de mando responsable.
El juez determinó además que para evitar la fragmentación la PGR debe integrar todas las investigaciones bajo un solo expediente. Adicionalmente, ordenó a la Procuraduría señalar pormenorizadamente las diligencias que considere pertinentes, así como su objetivo y plazos, mediante la elaboración de un cronograma detallado de investigación.
Al respecto el Colectivo #SeguridadSin Guerra hizo un llamado a que la PGR acate la importante resolución del juez y encamine sus esfuerzos hacia el esclarecimiento de esta emblemática violación a los derechos humanos. “La situación actual del país demanda que las ejecuciones arbitrarias no queden impunes.
La organización señaló que la resolución confirma lo que fue denunciado en el tercer aniversario de la tragedia: que la impunidad de un hecho tan emblemático evidencia las fallas estructurales en la procuración de justicia en México, especialmente cuando están involucrados servidores públicos en la comisión de graves delitos y violaciones a derechos humanos.
La impunidad, añade, también alerta sobre los riesgos de que se apruebe una Ley de Seguridad Interior sin los debidos controles sobre el despliegue de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, amenaza especialmente relevante ante el inminente inicio del próximo período de sesiones en el Congreso de la Unión.
“Para acatar la resolución la PGR debe enderezar la investigación, pues a pesar de que está acreditado por la CNDH que al menos 8 de las víctimas mortales fueron ejecutadas arbitrariamente, a la fecha nadie se encuentra rindiendo cuentas ante la justicia por esta privación arbitraria de la vida; no se sabe a ciencia cierta el número de víctimas de ejecución; ni tampoco se han esclarecido las responsabilidades en la alteración de la escena del crimen”.
La Jornada
