Ciudad de México. El incremento a los salarios mínimos en México no forma parte de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), puntualizó el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, en una conferencia de prensa que ofreció esta tarde en la embajada de México en Estados Unidos y que fue transmitida por internet.
Explicó que aunque el gobierno mexicano fue uno de los primeros que pugnó por que el capítulo laboral se incluyera en el fallido Tratado de Asociación Transpacífico (TPP), con el que originalmente se pretendía modernizar el TLCAN, y el objetivo era que quedara sujeto a las mismas condiciones de arbitraje y sanciones en caso de violaciones a la legislación laboral de cada país, no implica aumentos de salarios, una demanda planteada por el gobierno estadunidense al acusar que por la mano de obra barata mexicana se genera competencia desleal.
“La política salarial corresponde a un esquema interno, de diálogo y construcción de consensos entre los diferentes actores que están en la economía del país y que eventualmente reflejará claramente las condiciones que cada uno de los actores establece en la mesa”, sostuvo el secretario.
El secretario explicó que en la primera ronda de negociaciones que comenzó hoy y concluirá hasta el domingo se tratará de sacar adelante los documentos bases para iniciar formalmente la negociación en cada una de las mesas que se instalaron entre las delegaciones de los tres países.
El equipo negociador mexicano, comentó, está acompañado por ocho senadores y un centenar de empresarios que participarán en el llamado cuarto de al lado, a quienes los funcionarios federales consultarán en cada tema. Si bien Guajardo acotó que eso no quiere decir que las opiniones de los empresarios sean “determinantes”, también dijo que “nada se pone en la mesa hasta no generar los consensos necesarios”.
Toda negociación empieza en puntos distantes
Guajardo no expresó sorpresa sobre el mensaje que el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, presentó en la mañana al ponderar que para su país uno de los objetivos de la renegociación es abatir el déficit comercial y señalar que el TLCAN ha fallado a muchos estadunidenses por la pérdida de empleos.
Lighthizer, dijo, prácticamente mencionó los temas que el gobierno de Estados Unidos ya había dado a conocer desde julio 17 cuando anunció a su congreso la decisión de renegociar el TLCAN así que lo calificó como “un elemento fáctico, concreto”.
“Todas las negociaciones siempre empiezan en puntos distantes y el proceso es justamente para eso, para tratar de analizar la posibilidad de llegar a un terreno”, comentó y destacó que ni la canciller de Canadá, Chrystia Freeland, ni él mismo se abstuvieron de expresar su posición sobre los beneficios que ha dejado el acuerdo para la región de América del Norte y los tres países. Incluso destacó que es la primera vez que escucha que el representante comercial menciona dentro de un mismo discurso que el TLCAN ha beneficiado al sector agropecuario de Estados Unidos y ha servido para la integración de la frontera entre su país y México, al tiempo que insiste en que ha dañado al sector manufacturero.
“Nosotros estamos dispuestos a analizar el rebalanceo comercial entre los tres países de América del Norte, siempre y cuando sea bajo el principio de expansión de comercio y no bajo el principio de supresión de comercio”, puntualizó.
Los temas fáciles y difíciles
Guajardo indicó que primero se tratará de avanzar en los temas que sean benéficos para los tres países, como la incorporación de las pequeñas y medianas empresas a las cadenas de valor, un capítulo que no existía en el TLCAN original, así como cuestiones de instrumentación y facilitación comercial en las fronteras.
Los temas difíciles, dijo, ya han sido detectados públicamente y entre ellos mencionó el capítulo 19 sobre solución de controversias que Estados Unidos quiere eliminar, así como las reglas de origen. El funcionario aseguró que cualquier redefinición sobre el capítulo 19 pero también el 11 y el 20 que también se refieren a la solución de controversias debe hacerse “sobre bases que mejoren la certidumbre en América del Norte” y aclaró que no se trata de sustituir las cortes nacionales de cada país.
La Jornada
