Ciudad de México (La Jornada). En México, pese a una inversión en 2016 de 500 mil millones de pesos y 64 mil millones adicionales de los estados, la pobreza no disminuye. El Índice Estatal de Capacidades para el Desarrollo Social (IDES) 2017, revela que sólo tres entidades tienen condiciones óptimas en la aplicación de su política social. Entre ellas, uso transparente y eficiente de los recursos.
El primer lugar en eficiencia lo ocupa Ciudad de México, con 77.5 puntos, de un total de 100; le sigue Jalisco con 75.3, y Baja California Sur con 63.7 puntos. En contraste, Chiapas se ubica en el último lugar con 18.2 puntos; le sigue Nayarit con 27.1 y Colima con 35.9; Nuevo León y Chihuahua, alcanzaron 37.2 puntos, respectivamente.
Al respecto, el jefe de Gobierno de Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, señaló que es un orgullo para la capital del país alcanzar el primer puesto en la medición de la eficiencia de los programas sociales, aunque aseguró que seguirán apretando el paso. Informó que en la próxima reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), la cual preside en este semestre, presentará a todos los gobernadores los resultados de la IDES 2017.
Al ser cuestionado sobre los riesgos del uso electoral de los programas sociales para la elección federal de 2018, afirmó que CDMX se encuentra lista para cumplir con la norma y reiteró que nos llena de orgullo estar en el primer lugar.
Al respecto, Joel Salas, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), destacó que ante la baja institucionalidad que presentan distintas entidades federativas, y ante el posible manejo discrecional de los recursos en el año que se avecina (2018) es fundamental que la sociedad en su conjunto y las autoridades responsables, puedan cuidar el ejercicio de esos recursos públicos que se destinan a programas sociales y que pueden ser susceptibles de tener un anclaje clientelar para asegurar resultados electorales en los próximos comicios.
El informe, elaborado por la organización civil Gestión Social y Cooperación (Gesoc), revela en su segunda edición que el promedio del puntaje obtenido por los estados en cuanto a la implementación de una política social efectiva, transparente y participativa es de 50.7 puntos, pues de los mil 227 programas sociales que se aplican en todo el país, sólo 5.4 por ciento definió su población objetivo, 7.7 por ciento fueron examinados en su diseño, 2 por ciento evaluó sus resultados, y sólo 25.6 por ciento transparentó su ejecución para incluir en la cuenta pública estatal, entre otros factores.
Alejandro González, director de Gesoc, llamó a las autoridades federales y estatales a fortalecer la institucionalidad en la aplicación de programas sociales, pues reconoció que los resultados del IDES 2017 no son alentadores, ya que 16 estados no alcanzan ni siquiera el nivel básico de capacidad institucional.
Alertó que la baja institucionalidad de los programas sociales puede permitir su uso para fines electorales, pero consideró que aún estamos a tiempo de corregir y garantizar mayor transparencia.
Por su parte, Antonio Molpeceres, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, afirmó que hay recursos, pero lo que falta es la capacidad a todos los niveles para producir resultados. Pese a ello manifestó su confianza en que los Objetivos de Desarrollo Social 2030 se van a cumplir, para la tercera década del siglo podremos eliminar la pobreza extrema prácticamente a escala mundial.
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