Ciudad de México (La Jornada).- La maestra de prescolar Lourdes Herrera del Llano mantiene la habitación de su niño Brandon Esteban Acosta Herrera intacta: Su mochila está en el suelo como la dejó el viernes que llegó de la escuela. Mi hijo es muy ordenado, organizado y limpio. El ropero tiene sus camisas colgadas y sus botas vaqueras cubiertas de polvo que usó días antes en el rancho. Aquí están la pelota de futbol, una caja de canicas, carros de control remoto, juguetes de construcción y figuras de súper héroes. Todo está igual, para cuando vuelva.
El 29 de agosto pasado se cumplieron ocho años de su desaparición. El niño tenía ocho años y viajaba con su papá, Esteban Acosta Rodríguez, y sus tíos Gualberto y Gerardo, por la carretera Saltillo-Monterrey. Los cuatro desaparecieron a la altura de Ramos Arizpe, cuando se dirigían al aeropuerto a las 7:30 de la mañana.
Lourdes piensa en él todos los días, lo recuerda vestido de vaquero con su amplia sonrisa y sus ojos negros, luciendo camisa a cuadros, pantalón de mezclilla, botas, sombrero norteño y cinturón piteado.
Padecer la desaparición de familiares adultos es muy doloroso, pero la de niños no tiene nombre, no tiene perdón. No hay razón justificable, no puedo entender por qué abusan así de menores indefensos, de seres tan pequeños que no le hacen ningún daño a nadie y apenas están empezando a vivir, dice en entrevista con La Jornada.
Como el hijo de Lourdes, existen actualmente 5 mil 700 menores desaparecidos en México, cifra que se incrementa de manera vertiginosa, sobre todo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, donde ha aumentado 70 por ciento el número de casos.
Así lo afirman organizaciones de defensa de los derechos humanos y de la infancia, que el viernes pasado presentaron una denuncia ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la Organización de Naciones Unidas, por los obstáculos que enfrentan los niños, niñas y adolescentes víctimas de desapariciones en México.
En ocasión del Día Internacional del Detenido-Desaparecido, celebrado el pasado 30 de agosto, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León y la Comisión Mexicana de Defensa y protección de los Derechos Humanos, entre otras agrupaciones, informaron al organismo internacional que de las 30 mil 991 personas desaparecidas, 18 por ciento de los casos corresponden a menores de edad.
De acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, de 20016 al 31 de marzo de este año se reportaron 5 mil 452 menores desaparecidos, aunque advierten que no existe claridad sobre la cifra total de víctimas.
Hay una epidemia de menores desaparecidos. El 70 por ciento de los casos han ocurrido durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, dice –en entrevista con La Jornada– Juan Martín Pérez García, director de Redim.
Añade: Es muy evidente el incremento de la desaparición de menores con esta administración. Con Peña Nieto se incrementa 200 por ciento la desaparición de mujeres adolescentes entre 15 a 17 años de edad.
Peor aún, dice que de acuerdo con el estudio que han realizado, denominado 10 preguntas sobre las desapariciones de niñas, niños y adolescentes en México, desde 2010 y principalmente en los últimos cuatro años se pasó de 57 casos a 612, lo cual representa un aumento total de 974 por ciento.
Perfil de ataque
Según este estudio pormenorizado, las adolescentes entre 15 y 17 años de edad son el perfil de ataque de las redes criminales que han incursionado en la trata con fines de explotación sexual: “nueve de cada 10 niños y adolescentes desaparecidos son mujeres. Estas niñas desaparecidas son claramente cazadas en redes sociales por halcones, para ser convertidas en esclavas sexuales del crimen organizado. Hay una acción intencionada de desaparecer a las chicas”, dice Pérez García.
Explica que el modus operandi que crece es involucrar a adolescentes varones para identificar a sus compañeras de secundaria: “Están haciendo catálogos a partir de los perfiles de Facebook para luego ser identificadas, seleccionadas y secuestradas.
La otra modalidad que sigue siendo persistente ante los altos niveles de impunidad, dice, es la connivencia de fuerzas de seguridad, particularmente de policías municipales, con los grupos criminales de la zona para secuestrar a chicas que ven en el espacio público con cierto perfil.
“Hay otras adolescentes que son vinculadas por su entorno comunitario. Son las que son presionadas a convertirse en las novias del traficante o narcomenudista de la zona. Ellas se consideran las novias y pierden contacto con su familia. Tal vez podría considerarse que se fueron de mutuo acuerdo; sin embargo, no tienen opción ni mecanismos de protección que les pueda permitir huir”.
Pérez García considera que ante el aumento del número de menores desaparecidos, este fenómeno amerita acciones diferenciadas de las instituciones, aunque señala que lamentablemente son invisibles para el Estado.
Las niñas, niños y adolescentes desaparecidos son invisibles. Cuando se habla de desaparecidos se sigue pensando en adultos, o cuando se habla de feminicidios se sigue pensando en mayores de edad, cuando seis de cada 10 de estos homicidios son de menores. Esta visión adulto-céntrica esta afectando de manera profunda el reconocimiento del problema.
Añade: Está invisibilidad se ha traducido en la ausencia de un enfoque de infancia en los procesos de reconocimiento de desaparición. No aparecen ni siquiera señalados como víctimas de este delito.
Sin búsqueda
Las desapariciones de menores, según el estudio, se han incrementado particularmente en los estados del norte de la República, como Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua o Sinaloa, aunque también en el estado de México, donde se han registrado más de 975 menores sustraídos y se mantiene la entidad en el primer lugar.
En séptimo lugar se encuentra la Ciudad de México, con 221 desapariciones de niñas, niños y adolescentes: En el rango de mnores de cuatro años de edad, seis o siete de cada 10 son varones. Esto revela que están más en el patrón de adopciones ilegales.
Lo peor de todo, señala, es que ninguna institución los está buscando: ¿Quién está buscándolos? No lo está haciendo el Estado, no lo están haciendo muchas veces ni sus familias, no porque no quieran o no tengan dolor, sino porque la búsqueda significa arriesgar a sus otros hijos o su propia persona a ser asesinados por los grupos criminales.
Agrega que el gobierno carece de una política pública diseñada para asistir a los menores víctimas de desaparición y que los dos programas de alerta temprana y búsqueda urgente, Alerta Amber y el Protocolo Alba, rara vez se aplican de manera eficaz, porque el procedimiento para activarlos es burocrático.
El otro impacto de la desaparición es el efecto en los hijos, sobrinos y familiares de al víctima. Para los niños no hay una explicación institucional de qué sucede. Sus seres queridos no están muertos, no están con ellos, por lo que no se les puede considerar vivos. La desaparición trastoca el proyecto de vida de toda la familia.
Añade: Llevamos una década de esta guerra fallida y los impactos son enormes en la vida de niños, niñas y adolescentes, particularmente en términos de desaparición. No se les ha explicado. No hay programas públicos que permitan ayudarles a asimilar la desaparición.
Gobierno insensible
La maestra Lourdes Herrera del Llano trabaja de lunes a viernes con niños de prescolar. Su hijo Brandon tiene ahora 16 años y se lo imagina alto, igual de guapo y amoroso: “Mi niño es muy dedicado en sus estudios, muy detallista y le gusta mucho cantar. Se estaba preparando para servir de acólito y a su edad le gustaba que lo cargara y lo sentara en mis piernas. Quería ser doctor… todo eso quedó suspendido.”
Suspira y dice que aún no encuentra una explicación para entender su ausencia: Al Estado mexicano no le importa. El gobierno es insensible a esta tragedia que debería resolver. No son carreteras, no son empleos o industrias, son vidas de los mexicanos. Todo lo demás es secundario; primero es la vida, y Peña Nieto terminará su sexenio con esta deuda y esta culpa de dejar un país lleno de fosas clandestinas y sin apostarle a la búsqueda en vida de los miles y miles de desaparecidos.
Enlace de la publicación original: http://www.jornada.unam.mx/2017/09/03/politica/014n1pol
