Puebla, Pue (La Jornada).- A pesar de que las autoridades aseguran que existen filtros de seguridad para las plataformas de Uber y Cabify, este día se dio a conocer que Ricardo Alexis, el presunto feminicida de la estudiante Mara Fernanda Castilla, perteneció a bandas dedicadas al robo de combustible en Puebla.
Se supone que uno de los requerimientos para ser socio de Cabify es no contar con antecedentes penales, aunque el chofer del servicio de taxi logró burlar las pruebas de seguridad.
De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado, Ricardo Alexis formaba parte de una banda de huachicoleros que opera en los límites de Puebla y Tlaxcala, por lo que se desconoce si presentó documentación falsa para lograr ser socio de Cabify.
El pasado viernes la Fiscalía de Puebla determinó que Ricardo Alexis es el presunto responsable del feminicidio de Mara Castilla, asesinato número 84 en lo que va del año en el estado.
La estudiante de la Universidad Autónoma Popular del Estado de Puebla (Upaep) nunca llegó a su domicilio particular en Torres de Mayorazgo, al sur de la capital, luego de salir de un bar de San Andrés Cholula.
En su lugar, el chofer de Cabify permaneció 20 minutos afuera de los condominios, después se dirigió a una tienda de conveniencia Oxxo, donde compró unos cigarros, y finalmente ingresó al Motel del Sur, donde violó, golpeó y estranguló a la estudiante.
Posteriormente, el cuerpo de Mara fue envuelto en sábanas y toallas con el logotipo del hotel, y fue arrojado en una barranca en la zona de Santa María Xonacatepec.
El gobierno del estado de Puebla en el año 2015 dejó todos los controles sobre reclutamiento de los conductores a los operadores privados.
“La vigilancia y comprobación del cumplimiento de los requisitos corresponde a la Empresa de Redes de Transporte”, es el término utilizado en distintas legislaciones estatales para designar los servicios tipo Uber o Cabify.
Por lo tanto, a la Secretaría de Transporte en Puebla apenas le toca “vigilar, supervisar y dar seguimiento a los registros proporcionados” por estas empresas, es decir, cobra por otorgar los permisos y que sean los privados, el mercado o el destino los que sancionen alguna desviación.
Por esta razón, el gobernador Antonio Gali Fayad amenazó con retirar el registro de Cabify, que tiene una vigencia de 10 años, pero la Ley del Transporte para el Estado de Puebla no contempla una salida clara y concreta.
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