Ciudad de México (La Jornada).- Tras el terremoto de 1985 se generaron al menos 4 millones de metros cúbicos de escombros –alrededor de 180 mil camiones de carga– y para su disposición final se utilizaron cuatro tiraderos. Ahora, tras los sismos del 7 y 19 de septiembre en Chiapas, Oaxaca, Ciudad de México, Morelos y Puebla, los residuos se enviarán a sitios aún por definirse por las autoridades estatales y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para lo cual se firmarán convenios con cada una de esas entidades.
Hasta ahora se ha signado un convenio con Oaxaca, en el que también participa la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. En esos acuerdos se definirán los criterios y las directrices para dar seguimiento al manejo de estos residuos, los cuales están catalogados de manejo especial y a cargo de los estados.
En 1985 se generaron alrededor de 4 millones de metros cúbicos de escombros, que fueron enviados a varios sitios. Un socavón de Iztapalapa, que era una ex mina con una superficie de 44 mil metros cuadrados, y la barranca de Becerra.
Asimismo, se utilizaron el Bordo Poniente y el tiradero de Santa Fe, a los cuales se enviaban entre 200 y 600 vehículos con cargas de residuos al día. Éstos captaron 2 millones 388 mil metros cúbicos de escombros, equivalentes a 93 mil 763 viajes de camiones de carga, de acuerdo con la tesis Análisis de la evolución de la gestión de los residuos sólidos urbanos en el Distrito Federal 1980-2008, de Cristal Ayala, del Instituto Politécnico Nacional.
Ahora la Semarnat apoyará a los estados en la búsqueda de los sitios idóneos para depositar los escombros. En el acuerdo suscrito hace unos días en Oaxaca se señala que la dependencia trabajará en conjunto con las autoridades locales para identificar los sitios que cumplen con los lineamientos para el depósito de los residuos.
Dicho convenio establece que la recolección estará a cargo de los municipios y que los escombros no podrán depositarse dentro de áreas naturales protegidas ni en los humedales de la zona y tampoco en cauces de agua, con el propósito de evitar inundaciones. Hay que precisar que el programa de prevención y gestión integral de residuos para 2017 no contó con recursos fiscales.
Sobre los escombros, Gustavo Ampugnani, director de Greenpeace en México, consideró que idealmente habría que hacer una separación de lo que es cascajo de otros materiales que pudieran tener un tratamiento distinto, como madera, plásticos o hierro.
Las autoridades no han dicho qué van a hacer con los escombros y sólo hay que advertir que no recurran a lo más fácil, que es arrojarlos en áreas verdes, barrancas o cauces de ríos urbanos. Los escombros están considerados como residuos de manejo especial y la normatividad define que son los estados los que se deben hacer cargo de ellos.
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